Indiferencia ciudadana

Política

No sólo los candidatos resultaron apáticos en sus campañas electorales para la presidencia. La sociedad civil, al menos la porteña y la bonaerense, desoyó en masa su deber público de actuar como autoridad de mesa en las elecciones de pasado mañana. Todo en medio de una puja interna político-judicial de último momento en la cual la Cámara Nacional Electoral y la Corte Suprema evitaron a menos de 72 horas de los comicios que el sindicalista oficialista Julio Piumato (Judiciales, candidato a diputado del kirchnerismo en 2005) se hiciera cargo del control de 80% de las mesas de votación de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. La insólita iniciativa de la Junta Electoral que integran María Servini de Cubría, Marta Herrera y Oscar Ameal quedó finalmente acotada: sólo empleados de la Justicia con rango de prosecretario administrativo o superior quedarán habilitados para cubrir las vacantes producidas por el rechazo masivo de telegramas convocando a autoridades de mesa.

Ayer, a 72 horas de las elecciones presidenciales, más de 80% de los centros de votación de Capital Federal y provincia de Buenos Aires estaban huérfanos de autoridades de mesa. Ante el rechazo masivo de telegramas convocando a la sociedad civil a ejercer su función de control, la Junta Electoral propuso entregarle al sindicalista kirchnerista Julio Piumato la supervisión del escrutinio en los dos distritos electorales más grandes del país, donde se concentra 48% del padrón electoral.

La polémica iniciativa de los jueces Oscar Ameal, Marta Herrera y María Servini de Cubría -integrantes de la Junta- se presentó el miércoles ante la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados giraron el tema a la Cámara Nacional Electoral. Ayer, los jueces Rodolfo Munné, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía advirtieron sobre el peligro que implicaba entregarle el control del escrutinio al gremio de Piumato, candidato a diputado del oficialismo en las legislativas de 2005, recordando que «tendría impacto en la propia sustancia de uno de nuestros principios elementales de administración electoral, como es el de confiar la gestión de las mesas de votación a ciudadanos ajenos a un universo determinado de la sociedad, e independientes, por tal razón, de cualquier vínculo asociativo -político, jurídico, gremial, de relaciones funcionales de jerarquía o de otra índole- y de cualquier influencia indebida, sea ésta real o aparente; poco importa cuando se trata de un sistema basado en creencias, donde las percepciones perfeccionan o dañan su legitimidad».

Tras su objeción, la Cámara agregó por escrito que «la decisión final la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación». Por eso ayer el máximo tribunal resolvió la controversia con una decisión salomónica: finalmente, y ante el peligro de que la elección del domingo quedará virtualmente paralizada por la falta de autoridades de mesa, se decidió convocar a funcionarios jerárquicos de la Corte y de la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal con categorías de prosecretario administrativo y superiores.

  • Boicot

    Piumato, además de ser un sindicalista encolumnado con el kirchnerismo, es secretario de Derechos Humanos de la CGT que comanda Hugo Moyano, otro ilustre y confeso oficialista. Pero el gremio de judiciales no es el único implicado en el descalabro electoral que padeció el país esta semana por falta de autoridades de mesa. En varios despachos de los tribunales se adjudicaba el masivo rechazo de telegramas a un boicot de los porteros de edificios, manejados por el secretario general de SUTERH, Víctor Santa María, cacique gremial de Alberto Fernández en la Ciudad de Buenos Aires. La maniobra de los porteros habría consistido en interceptar y devolver todos los telegramas que llegaban a los edificios para dejar así los puestos vacantes para personajes afines a la candidatura de Cristina de Kirchner.

    La convocatoria del gremio de Piumato para conseguir presidentes de mesa resultaba tan insólita como haber acudido a Moyano para que aporte camioneros y militantes del kirchnerismo para controlar 80% de los centros de votación de Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el gremialista judicial se había entusiasmado ayer con la idea de erigirse en árbitro de la elección presidencial. « Estamos dispuestos a colaborar a pesar de que la Corte tiene un acuerdo pendiente con nosotros desde marzo», se relamía Piumato, quien el 25 de octubre pasado levantó una huelga de hambre por reclamos salariales de su sector.

  • Salida de emergencia

    Sin embargo, la fantasía sindical se desvaneció ayer, cuando presionada por la inminencia de los comicios, la Corte Suprema encontró una salida de emergencia al autorizar a personal jerárquico del Poder Judicial a cubrir las vacantes: «El Tribunal aclaró que esta disposición se cumplirá en el caso en que se verifique el supuesto previsto por el artículo 81, párrafo tercero del Código Nacional Electoral, que dispone que si hasta las 8.30 no se hubieren presentado los designados, la autoridad policial y/o el empleado postal hará conocer tal circunstancia a su superior y éste a su vez, por la vía más rápida, a la Junta Electoral, para que ésta tome las medidas conducentes a la habilitación de los comicios», según informaron los jueces supremos en su acordada.

    La Corte también solicitó al presidente del Consejo de la Magistratura y a los presidentes de las cámaras nacionales de apelaciones, que «en ejercicio de la superintendencia delegada por esta Corte, instrumenten la presente convocatoria con la debida notificación a quienes se encuentren en condición de desempeñar el cometido indicado y con comunicación a la Junta Nacional Electoral de la nómina que confeccionarán a tal efecto». También se instruyó al administrador general del Alto Tribunal para que instrumente las mismas medidas en ese ámbito.

    El miércoles, la Junta Electoral de Servini de Cubría, Ameal y Herrera había alertado ante la Corte que de los 17.751 telegramas remitidos a través del Correo Argentino, 15.249 fueron devueltos sin que resultara posible su notificación al elector designado, mientras que 1.092 ciudadanos se presentaron ante la Justicia Electoral para excusarse de cumplir con la función.
    En provincia de Buenos Aires, el juez electoral Manuel Blanco había advertido sobre una situación similar: «Nos falta designar 80 por ciento de las autoridades de mesa del domingo por la invocación de razones para no cumplir con esa obligación y, sobre todo, por la imposibilidad de notificar a esas personas».
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