Ingresa la CGT en la pugna por Ley de Radiodifusión

El gobierno desenfundó a Hugo Moyano en su pelea con el monopolio «Clarín». Después de beneficiar los Kirchner a ese conglomerado como a pocos grupos empresarios en el país, ahora la batalla ocurre en varios frentes: uno es la Ley de Radiodifusión. En rigor, una nueva norma se debería considerar, pero más útil -en principio- sería aplicar las leyes vigentes en la Argentina contra los oligopolios (olvido de gobiernos y jueces). Llevó Cristina de Kirchner ayer a la cúpula cegetista a su despacho para explicarle esta cruzada, y sentó a su lado a Enrique Albistur, secretario de Medios, uno de los blancos de las críticas de ese monopolio. Por ahora, poco se entiende de este emprendimiento contra la concentración de medios que implantó «Clarín». Sería un pecado pagar otro precio por ese cambio: la CGT reclama para sí una red de medios que abarque todo el país. Es decir, otro oligopolio.

Cristina de Kirchner reunida con más de 30 sindicalistas a quienes consultará para confeccionar la nueva Ley de Radiodifusión. Al término del cónclave, los sindicalistas parecían hechizados por el diálogo con la Presidente y oficiaron casi de voceros.

Cristina de Kirchner se reunió ayer con más de 30 dirigentes gremiales, entre ellos, Hugo Moyano, Julio Piumato (por la CGT); también estuvieron Enrique Albistur, secretario de Medios, y Gabriel Mariotto, interventor del COMFER, donde en lugar de planteos concretos sobre el proyecto para modificar la Ley de Radiodifusión se discurrió sobre la necesidad de « democratizar el debate, dar cabida a las diversas expresiones con respecto a la ley, que tiene que ver con nuestras necesidades». La reunión de ayer fue entonces un primer acercamiento en el que la Presidente les manifestó a los sindicalistas la voluntad de avanzar en la Ley de Radiodifusión y su disposición a escuchar sus propuestas. Además de Moyano y Piumato estaban, entre otros, Hugo Yasky (CTA-CTERA), Daniel Das Neves (UTPBA), Francisco Plaini (Vendedores de Diarios), Norberto Gonzalo (Asociación Argentina de Actores), Néstor Cantariño (SAT), Vicente Alvarez Porta (SUP) y Horacio Ghilini (SADOP).

Al término del cónclave, los sindicalistas parecían hechizados por el diálogo con la Presidente y oficiaron casi de voceros. En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Albistur dijo que «la Ley de Radiodifusión es un tema que tiene que interesarle a toda la sociedad», y anticipó que el viernes se recibirá a los empresarios de la actividad.

El resto de los gremialistas repitió,cada uno a su turno, términosque a Cristina le gusta utilizar:«Por una ley plural, abierta,democrática», «El periodismo surgió como herramienta plural para la consolidación del país y debemos volver a eso», dijo uno de los dirigentes sindicales, abrazando la diatriba de Cristina contra el periodismo.

Sin cadenas

«Que todos los actores tengan derecho a tener medios, aunque sean pequeños, radios comunitarias». «Los privados tienen derecho, pero en un marco sin cadenas informativas», se dijo. Y se encargaron de remarcar que la Presidente nunca había hablado de «regular contenidos». Para qué si está en marcha el polémico Observatorio de Medios.

Yaski comentó que en la reunión no había habido puntos concretos, sino más bien « conceptos», lo que da cuenta de una semiótica y construcción del relato cristinistas que comienzan a calar hondo y encuentran cultores en ¡los sindicalistas!

Albistur concluyó: «Se buscará crear consenso respecto de los puntos que debe contemplar la nueva norma, como por ejemplo, la garantía de los principios sobre libertad de expresión y la evolución tecnológica, el derecho a la información, entre otros».

La ronda de encuentros se inició el lunes pasado, con una reunión de la Presidenta con la Coalición para una Radiodifusión Democrática, que nuclea a más de 500 medios pequeños, universidades nacionales y organizaciones sociales y de derechos humanos. El viernes está previsto que se dialogue con entidades empresarias, como la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), Asociación Radiodifusora Privada Argentina (ARPA), Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI), Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y Asociación Teledifusoras Argentinas (ATA).

La oposición salió a criticar la iniciativa; por caso, Patricia Bullrich, de Coalición Cívica, señaló que «es un momento poco democrático, y esta ley parece bien una herramienta extorsiva. Este proyecto debería votarse en el Congreso y si bien sabemos que son mayoría, poco es el debate que promueve». Paula Bertol, de PRO, señaló que el enfrentamiento del gobierno con el periodismo « llegó a tal punto, que se trata a los medios como enemigos a combatir, una ley con ese espíritu no aporta nada».

Si bien el titular del COMFER, Gabriel Mariotto, reitera algo cierto: que la nueva ley busca dotar de marco jurídico a un mercado de telecomunicaciones que en poco se parece al que regulaba la norma de 1980 (digitalización, triple play, oligopolios), la historia de intentos de modificar la Ley de Radiodifusión indica que los gobiernos han cedido a los pedidos de los monopolios que buscan combatir. Hubo decenas de proyectos que quedaron cajoneados y la lectura en perspectiva indica que la 22.285 sirvió siempre para negociar con grupos de medios.

Paradójico lo de Cristina de Kirchner, que en uno de los mayores momentos de hermetismo y falta de canales de comunicación de todo tipo, dice querer promover una nueva Ley de Radiodifusión amparada en el único fantasma que reconoce: la dictadura (la 22.285 es de 1980, gobierno de Videla). El resto de los fantasmas o amenazas, por caso inflación o humo, son intentos golpistas para desestabilizar.