Eduardo Duhalde alcanzó ayer tres objetivos para él importantes de la reunión que mantuvo con los gobernadores del PJ. Congregados con ellos en Olivos, los mandatarios aceptaron, sin discusión, el cronograma que les había adelantado en conversaciones particulares el martes, horas antes de realizar el anuncio público. También se convalidó la idea de una comisión de Acción Política que coordine la interna peronista fijándole reglas de juego y evitando que por excusas formales haya candidatos que peguen el portazo y compitan por fuera de la estructura partidaria. Finalmente, Duhalde arrancó también a los mandatarios media palabra a favor de abrir un proceso de reforma constitucional, al menos desde el punto de vista teórico.
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Los caudillos del peronismo, tan decisivos en la vida política del país en los últimos cuatro años, llegaron a Olivos con alguna contradicción sobre el cronograma que había lanzado Duhalde el día anterior. Por un lado, algunos estaban molestos porque no se los hubiera consultado por adelantado. Después se convencieron de que fue mejor así: «Si el anuncio se hubiera hecho después de una reunión con nosotros, se habría pensado en que le habíamos dado un golpe», razonó uno de los gobernadores, cauteloso. Curiosamente, es el mismo recelo que expresaron las autoridades de los Estados Unidos especializadas en América latina (lo comentó un gobernador, quien agregó que ayer Otto Reich, subsecretario para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, almorzó ayer largamente con el embajador en Washington, Diego Guelar).
Por otro lado, había quienes consideraban que los plazos fijados por Duhalde eran demasiado largos para ser manejados por un hombre al que se le adjudica un estado depresivo y muy poca vocación de lucha frente a los problemas. Pero ayer, cara a cara con el Presidente, los caudillos provinciales lo vieron aliviado, inclusive con cierto optimismo: «Todas la agresiones venían sobre el gobierno. Ahora tenemos la posibilidad de cambiar el eje del debate, que estará centrado más en las propuestas y en las contradicciones entre candidatos. Además, estamos bien encaminados hacia el acuerdo con el Fondo y el plan social está funcionando bastante bien».
Nadie quiso hablar allí de las dos muertes que determinaron la decisión (en la reunión que los gobernadores tuvieron por su cuenta, algunos le reprocharon a Felipe Solá haber ubicado a Juan Pablo Cafiero al frente de la seguridad bonaerense: «Era el que venía a bendecir a los piqueteros a nuestras provincias cuando nos cortaban las rutas». Solá defendió a «Juampi» diciendo que «es un hombre de ideas muy firmes, pero también tiene 'calle'»).
• Discusión
La idea de convocar también a elecciones para otros cargos nacionales el mismo día fue discutida muy por encima por los gobernadores. Se convino en que en cada provincia se juegan situaciones políticas distintas y que, por lo tanto, será mejor que cada uno acerque en un plazo de 10 días cuál es su preferencia al Ministerio del Interior: hay que recordar que es Duhalde quien convoca a comicios para senadores o diputados nacionales. Lo hará «a la carta», según la preferencia de su partido en cada provincia.
Sobre la interna del PJ, se aceptó finalmente la participación del colegio de los gobernadores en la comisión de Acción Política a través de cuatro representantes que no deben ser candidatos (se sumarán a los dos senadores y dos diputados que también formarán parte del equipo, junto con algún representante del movimiento obrero). Para Duhalde, la aceptación de Rubén Marín y de Angel Maza fue decisiva: en alguna medida, expresaron la convalidación de Carlos Menem, quien podría reclamar la conducción del proceso interno para el Consejo Nacional partidario que él preside.
• Anuncio
Finalmente, Duhalde adelantó a los gobernadores su intención de abrir un proceso de reforma constitucional que introduzca el parlamentarismo en la carta magna. Después lo anunció públicamente. Es, en rigor, una iniciativa retórica con la que busca sumarse a los que piden «que se vayan todos» a través de una caducidad general de mandatos. Ayer, el Presidente encomendó a su jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, que convoque a una comisión de expertos constitucionalistas para diagnosticar si existe o no algún consenso para el tema. Atanasof deberá entregar un dictamen definitivo en Olivos antes de 60 días.
Los gobernadores tomaron esta pretensión como una quimera, un deseo de demostrar que el anuncio del cronograma electoral no es el fin del gobierno, sino que abre posibilidades de tratar algunas reformas importantes sustraídas al calor de la lucha por el poder.
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