16 de abril 2002 - 00:00

Insólito: gobernadores denuncian complot del PJ

Los gobernadores de la Alianza decidieron poner su mejor cara de "yo no fui" y acusar al PJ de querer eyectarlos antes del año 2003 a medida que se acumulan los pedidos de juicio político en sus respectivas legislaturas. El más apremiado por dirigir el dedo acusador hacia los peronistas es el entrerriano Sergio Montiel, quien anoche rezaba el Padre Nuestro para que la Corte provincial evite su juicio político. Rogaba en dos frentes: esperando el amparo del Superior Tribunal de Justicia contra la movida legislativa y operando para que hoy la Cámara de Diputados no tenga quórum para tratar su enjuiciamiento.

La corporación de gobernadores aliancistas acusó a la oposición de sus respectivas provincias de encabezar un complot para eyectarlos del poder antes de 2003. Cercados por multitud de pedidos de juicio político y medidas de fuerza de los estatales, quieren evadir las culpas de una mala administración advirtiendo que el justicialismo provinciano pretende importar el modelo de caída de Fernando de la Rúa.

El caso paradigmático y más urgente para los radicales es Entre Ríos. El gobernador Sergio Montiel deberá enfrentar hoy una dura prueba en la Legislatura, donde los diputados analizarán si piden al Senado el juicio político del mandatario.

Sin embargo, hasta ayer la oposición no lograba conseguir el quórum necesario (21 bancas) para tratar el tema, y el gobernador esperaba ansiosamente que el Superior Tribunal de Justicia dispusiera una medida de «no innovar» respecto de la avanzada legislativa confiando en sus cinco miembros adictos. Anoche aún se esperaba la resolución del máximo tribunal.

La división interna del radicalismo
-como se comprobó en la Comisión de Juicio Político donde dos radicales votaron contra Montiel-podría ser el talón de Aquiles del caudillo radical.

•Encuentro

El gobernador no contó, el fin de semana pasado, con figuras estelares en el congreso partidario que, se suponía, debía respaldarlo. No estuvieron presentes ni el senador nacional Raúl Alfonsín, ni el gobernador chaqueño y presidente de la UCR, Angel Rozas, aunque Montiel se empeñó en advertir que el ex presidente le había jurado que renunciaría a su banca si alguna vez lo bajan de la gobernación.

El entrerriano, en tanto, señala como motor del «complot» para destituirlo al senador nacional y ex gobernador Jorge Busti. El ahora paladín de Eduardo Duhalde encabezó hace algunas semanas una marcha contra Montiel en la que los manifestantes exigieron la renuncia del mandatario.

Algo parecido amenaza con ocurrir en Corrientes, donde el gobernador Ricardo Colombi -quien encabeza una coalición con peronistas disidentes y liberales, entre otrosdenunció «la existencia de un proyecto» para ser presentado en la Legislatura mediante el cual se solicitaría su juicio político.

De esta manera, según Colombi, se buscaría concretar «un golpe de Estado legislativo» en su provincia.

Este es el estado de situación en el resto de las provincias aliancistas:

En la Legislatura de San Juan ingresaron dos pedidos para enjuiciar a Alfredo Avelín acusándolo de alterar el orden público al no cumplir con el pago de salarios.

La bancada peronista de Chubut solicitó el juicio político de José Luis Lizurume por la reglamentación de la Ley de Pesca provincial.

Los justicialistas de Catamarca anunciaron su intención de juzgar en la Legislatura a Oscar Castillo, quien por estos días está en el tapete por las «jubilaciones truchas» que se habrían otorgado durante el gobierno de su padre Arnoldo.

En Río Negro, el Movimiento Patagónico Popular presentó un pedido de juicio político contra Pablo Verani por la crisis del sistema educativo y la situación de la obra social IPROSS.

El gobernadores de Mendoza, Roberto Iglesias, y el de Chaco, Angel Rozas, por ahora zafaron del cuestionamiento legislativo.

Sin embargo, la otra vía temida por los radicales por la que podría sobrevenir un debilitamiento de las administraciones provinciales es la protesta social. De éstas no está exenta ninguna de las provincias gobernadas por la Alianza.

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