Insólito: gobernadores denuncian complot del PJ
Los gobernadores de la Alianza decidieron poner su mejor cara de "yo no fui" y acusar al PJ de querer eyectarlos antes del año 2003 a medida que se acumulan los pedidos de juicio político en sus respectivas legislaturas. El más apremiado por dirigir el dedo acusador hacia los peronistas es el entrerriano Sergio Montiel, quien anoche rezaba el Padre Nuestro para que la Corte provincial evite su juicio político. Rogaba en dos frentes: esperando el amparo del Superior Tribunal de Justicia contra la movida legislativa y operando para que hoy la Cámara de Diputados no tenga quórum para tratar su enjuiciamiento.
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La división interna del radicalismo -como se comprobó en la Comisión de Juicio Político donde dos radicales votaron contra Montiel-podría ser el talón de Aquiles del caudillo radical.
•Encuentro
De esta manera, según Colombi, se buscaría concretar «un golpe de Estado legislativo» en su provincia.
Este es el estado de situación en el resto de las provincias aliancistas:
• En la Legislatura de San Juan ingresaron dos pedidos para enjuiciar a Alfredo Avelín acusándolo de alterar el orden público al no cumplir con el pago de salarios.
• La bancada peronista de Chubut solicitó el juicio político de José Luis Lizurume por la reglamentación de la Ley de Pesca provincial.
• Los justicialistas de Catamarca anunciaron su intención de juzgar en la Legislatura a Oscar Castillo, quien por estos días está en el tapete por las «jubilaciones truchas» que se habrían otorgado durante el gobierno de su padre Arnoldo.
• En Río Negro, el Movimiento Patagónico Popular presentó un pedido de juicio político contra Pablo Verani por la crisis del sistema educativo y la situación de la obra social IPROSS.
• El gobernadores de Mendoza, Roberto Iglesias, y el de Chaco, Angel Rozas, por ahora zafaron del cuestionamiento legislativo.
Sin embargo, la otra vía temida por los radicales por la que podría sobrevenir un debilitamiento de las administraciones provinciales es la protesta social. De éstas no está exenta ninguna de las provincias gobernadas por la Alianza.



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