Intentan ley para jubilar ya mismo a la Corte Suprema

Ahora se conoce qué fue lo que disparó en realidad la crisis entre el gobierno y la Corte, más allá de peleas internas del peronismo y desaires basados en encuestas que obsesionan al primero: horas antes de la acordada que volteó hace siete días el «corralito» financiero, había entrado un proyecto de ley al Congreso que es explosivo. Ordena, si es aprobado, que los nueve jueces de la Corte dejen de inmediato sus cargos porque gozan ya de jubilaciones obtenidas en 1999 (pero no ejecutadas). Lo mismo regiría para otros magistrados, pero el efecto sería demoledor para esta crisis. La idea la usará el gobierno desde la semana que viene para decidir si quiere ir a un juicio político contra la Corte, que exhibirá una crisis que será mal vista adentro y afuera del país y también una negociación para promover calladamente renuncias de magistrados. Con los mismos votos que ya tiene para decidir el juicio político cuyo arranque definirán hoy los diputados, la alianza anti-Corte que hoy integran el peronismo, la UCR, el Frepaso y el arismo de Elisa Carrió, el gobierno puede terminar optando por esta salida de votar el cese de servicios de los miembros del máximo tribunal al que acusa de haberlo provocado, con el intento de dinamitar la base del plan económico y forzándolo a suspender anuncios de reformas que recién podrá Eduardo Duhalde lanzar en el discurso que dirá esta noche al país. Esta sería la estrategia definida por el gobierno en un tema que desvela a varios de sus integrantes, y que se sigue de cerca en el exterior por la señal que se da acerca de la real independencia de poderes en la Argentina.

Le tocará al Congreso animar desde la semana que viene la batalla entre el gobierno y la Suprema Corte cuando empiece a tratar en comisión el proyecto que efectivamente gatilló la acordada del viernes pasado que volteó el «corralito» pero que hasta ahora ha permanecido oculto al gran público: una ley que propone Eduardo Duhalde para jubilar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y producir la renovación total de ese cuerpo evitando el juicio político o la renuncia.

La iniciativa se empezará a tratar la semana que viene y si las relaciones del gobierno con el tribunal entran en pendiente no habrá aceleración del juicio político sino que se adelantará la aprobación de esta ley de renuncias forzosas porque los jueces ya están jubilados y la ley sólo los separaría del cargo. Los mismos 2/3 de los presentes que necesita el peronismo para el enjuiciamiento, que ya tiene para este tema por el aporte radical, frepasista y arista, le sobran para terminar la historia sumariamente. Aquí la historia:

• Hasta ahora se atribuía la oportunidad de esa acordada a una respuesta de la Corte a la reunión de la Comisión de Juicio Político manejada por el peronismo de Duhalde para analizar el juicio que se realizó un día antes, el jueves 31 de enero. También a la negativa del gobierno de tomarse la foto de familia de Duhalde, los jefes del Congreso y toda la Corte como una prueba de respaldos mutuos.

• Lo que sabían pocos era que ese mismo jueves había ingresado a la mesa de entradas de la Cámara de Diputados un explosivo y sigiloso proyecto con tres firmas, el Mensaje N° 211 con la iniciativa firmada por Duhalde, Jorge Capitanich y Jorge Vanossi, que registra algunas singularidades, por caso que en lugar de sellos lleva aclaraciones manuscritas como la que dice «Pte» (Presidente) junto a la rúbrica de Duhalde. jo

• El proyecto dice en prosa para entendidos que todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público (fiscales), de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y del Tribunal Fiscal que están en cargos del escalafón de la Justicia nacional y que «hayan obtenido el beneficio jubilatorio y no obstante continúen en el desempeño del cargo, cesan en sus funciones a partir de la entrada en vigencia de la presente ley».

Esto se traduce en estos términos:

• Todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia tienen ya el beneficio de la jubilación según una resolución del ex secretario de Desarrollo Social José Figueroa dictada antes de finalizar el mandato de Carlos Menem el 10 de diciembre de 1999.

• Esa jubilación, en realidad una pensión «por servicios especiales», la obtienen el presidente, el vicepresidente y los miembros de la Corte por la Ley 24.018 aprobada en 1991 que regula los retiros de esas jerarquías y, además, de los asesores presidenciales, secretarios legislativos y los funcionarios de la entonces Municipalidad de Buenos Aires.

• Para los jueces de la Corte esa ley establece que pueden acceder a una pensión de 100% del salario en actividad si tienen más de 60 años, 20 años de aporte o 4 de desempeño en esa función.

Hoy ese haber está el alrededor de los $ 11 mil.

• Una lectura política afirma que los magistrados se cubrieron de la eventualidad de que el entrante Fernando de la Rúa los sometiese al método que les aplica ahora Duhalde y/o de algún cambio en la legislación de sus retiros.

• En realidad ocurrió lo contrario a lo esperado; el gobierno aliancista les aplicó un método de relación que, comparado con el de Duhalde, es una inocentada. La ley previsional cambió pero para mejor, porque varios dictámenes de la Procuración del Tesoro y varios tribunales levantaron un veto que había firmado Carlos Menem sobre esa norma. Ese veto (Decreto 78/94) fue el que le impidió a Menem obtener el retiro cuando lo pidió al dejar la Presidencia. Ahora, tras los dictámenes y los fallos de la Justicia, el riojano también puede obtener la pensión.

•¿Por qué los jueces de la Corte pudieron obtener la resolución de «Pepe» Figueroa? Porque la Ley 24.018 establece que los jueces de la Corte pueden hacerlo sin necesidad, como el resto de los magistrados, de comunicar el cese de servicios («cierre», en la jerga previsional). Eso los pone en condiciones de empezar a cobrar el retiro apenas renuncien o cesen en sus cargos, que es lo que pretende esta ley. Los demás jueces y funcionarios deben primero comunicar el cese y después pueden cobrar su retiro que, a diferencia de la Corte, es de 82% móvil y no de 100%.

• Cuando los jueces de la Corte se enteraron de la entrada de este proyecto perdieron toda esperanza de conciliación con el gobierno Duhalde, que parece enfrentarse con ellos más por seguir una encuesta de imagen que un propósito político. No era ni la Comisión de Juicio Político (corrida por izquierda y por derecha por Elisa Carrió y su crew de movileros) ni la negativa a la foto de familia. En las firmas del presidente designado, su jefe de Gabinete y su ministro de Justicia estaban las pruebas de la real voluntad del nuevo gobierno de convertirlos en los malos de la película.

• La existencia de este proyecto, que viene siendo tema de negociación en sordina entre peronistas y radicales en la serie de reuniones que mantienen desde aquel viernes negro de la acordada, prueba que el gobierno no puede decir que lo sorprendió la respuesta de la Corte. Sí quizás la fuerza del dictamen que no esperaban paralizase anuncios de planes económicos y políticos y hasta el viaje de Jorge Remes Lenicov a Estados Unidos, todo lo cual quedó atrasado hasta este fin de semana.
 
• Dos escollos presenta esta idea: 1) Hay muchos jueces que jubilados volvieron a la actividad para cubrir vacantes producidas en todos los niveles. Hubo una ola de retiros en setiembre pasado cuando trascendió que Domingo Cavallo quería eliminar el régimen de la Ley 24.018 y fueron cubiertos pos retirados. 2) Algunos jueces de la Corte tienen experiencia en estas lides. Carlos Fayt, por caso, ganó un juicio para eludir el dictamen transitorio de la Constitución del '94 que lo hubiera sometido a un nuevo acuerdo porque pasó ya el límite de edad de los 75 años.

Esta carga de profundidad la montará la semana que viene la Comisión de Justicia que preside la abogada duhaldista María del Carmen Falbo, que manejó el Poder judicial de la provincia de Buenos Aires en las dos gobernaciones de Duhalde. La adhesión incondicional de esta letrada quilmeña a los humores de su jefe, el presidente designado, marcará los tiempos y el uso que le quiere dar el gobierno al proyecto que, si se aprueba, mandará toda la Corte a su casa sin necesidad de juicio político ni de renuncias.