Involucra ahora a Chile conflicto por papeleras

Política

Es sabido que, muchas veces, el gobierno de Kirchner encara de manera desprolija los asuntos exteriores del país. Pero al minimizar como «ambiental» el conflicto por las papeleras por no encontrar aún otra solución -como si un perjuicio en ese campo no fuera ya grave- no tuvo en cuenta que podría extenderse a otros países. Empresas chilenas son proveedoras de insumos para esas plantas. Once de esos camiones están varados en la frontera con Fray Bentos por un piquete y Tabaré Vázquez, por esa cuestión, le pidió ayer intervención a Ricardo Lagos.

El gobierno intentó, una vez más, minimizar la crisis entre la Argentina y Uruguay por las papeleras de Fray Bentos al limitarlo a una cuestión «ambiental» pero, contrariando ese planteo, una serie de hechos agravó el conflicto al punto de que podría involucrar a un tercer país, Chile.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, aseguró que la discusión en torno a la radicación de dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay debe encauzarse «por la vía que corresponde, que es la ambiental». Ratificó, con esto, la postura que expresó la semana pasada, Néstor Kirchner.

Sin embargo, el bloqueo por parte de vecinos y organizaciones ambientalistas de camiones provenientes de Chile que transportan materiales a las obras de la papelera de la empresa Botnia asomó ayer como otro factor crítico en la relación bilateral.

Desde el gobierno de
Tabaré Vázquez se le pidió ayer a Santiago de Chile que eleve un reclamo diplomático a la Argentina contra los piquetes que impiden el tránsito de vehículos. Hasta ayer, once vehículos permanecían varados en el puente que une Colón con Paysandú.

A pesar de que la administración de
Ricardo Lagos no había emitido opinión, el planteo de Montevideo amenaza con involucrar a un tercer país en la pulseada por las papeleras y agravar, aun más, la discusión diplomática que la Casa Rosada insiste en circunscribir a un tema técnico.

«Hay que hacer los análisis necesarios que permitan trabajar en tal sentido y garantizarle a todo el mundo que esto no presenta complicaciones y para eso tienen que hacer demostraciones los expertos en el tema»,
dijo Fernández, en ese sentido.

Fue más enfático, en cambio, a la hora de cuestionar los cortes de puente que impiden el paso de los camiones.
«No son la manera correcta de salir de la situación», aseguró el titular de la cartera política.

Además, descartó que el gobernador de Entre Ríos,
Jorge Busti, le haya planteado al gobierno la alternativa de renunciar a su cargo. Anteayer, el mandatario planteó que si el gobierno nacional lo considera un «escollo» para lograr un acuerdo con Uruguay, estaba dispuesto a dejar su cargo.

• Objetivo

La afirmación de Busti, que generó malestar en la Casa Rosada, congeló la reunión que el gobernador le solicitó al Presidente para unificar postura sobre los expedientes «Papeleras». Hasta anoche, a pesar de que se mencionó que podría producirse hoy, el encuentro no estaba confirmado.

Tanto en la Casa de Gobierno como en la Cancillería argentina el objetivo, por estas horas, es apagar el conflicto. Entienden que el revuelo público, con declaraciones cruzadas y amenazas, «nada contribuye» a generar un
«clima de diálogo» para avanzar en las negociaciones con Uruguay.

Desde Entre Ríos, sin embargo, ayer surgió otra nueva señal de reclamo: el grueso de las entidades productivas de la provincia respaldaron, a través de un documento, la postura que Busti y el vicegobernador
Pedro Guastavino de rechazar, «con firmeza», la radicación de las papeleras en Fray Bentos.

«Es innegable que la puesta en marcha de las fábricas de pasta de celulosa contaminará el agua, el suelo y el aire de nuestra provincia y que sus consecuencias no sólo afectarán en forma directa la calidad de vida, sino económicamente a los sectores productivos y al turismo»,
dice el texto.

Entre otras organizaciones, firman el documento la Unión Industrial de Entre Ríos, el Consejo Empresario Provincial, la Federación Económica, la Federación Agraria, las Cooperativas Agropecuarias y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. El gesto de acompañamiento a Busti y a Guastavino se explica por el impacto que tendría el funcionamiento de las dos plantas que, en la Cancillería argentina, se estimó en el orden de los 900 millones de dólares, tal como publicó
Ambito Financiero el último lunes.

Ese cálculo supone las posibles demandas que la Argentina haría en la Justicia internacional por los perjuicios económicos que acarrearían las papeleras en tanto utilicen un sistema de producción en base a derivados del cloro, considerado altamente contaminante.

La alternativa de modificar la tecnología para aplicar un modelo de «producción limpia» basada en oxígeno y ozono era la carta que manejaba el gobierno argentino. Pero ayer, desde Montevideo, el viceministro de Medio Ambiente,
Jaime Igorra, negó terminantemente esa posibilidad.

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