Jubilación forzosa ¿sería para todos?

Entre las múltiples acciones impulsadas desde el oficialismo para voltear a la Corte Suprema, hay una que descansa en el Congreso tal vez el sueño de los justos: es el Mensaje 211 en la Comisión de Justicia para que cesen en sus cargos los magistrados del máximo tribunal a los que se les concedió la jubilación. El ataque es obvio: 8 de los 9 miembros ya obtuvieron el retiro -aunque, obviamente, no lo cobran-y, si se aprobara el proyecto, deberían dejar sus cargos en forma inmediata. Esta limpieza ecológica traumatizó desde el Ejecutivo pero, sin embargo, se estacionó repentinamente. Con razón: si se desea oxigenar el Poder Judicial a través de una argucia jurídica de ese tipo, ¿por qué no aplicar el mismo método para otros poderes del Estado? ¿O acaso el mismo Ejecutivo o el Poder Legislativo no tendrían que pasar por la misma situación y no disfrutar de un privilegio en relación con los magistrados? Si se intenta responder a estas preguntas, se advertirá que el proyecto vino a ser como la carabina de Ambrosio.

Si la «capitis diminutio» en la actividad vale para Belluscio, Fayt, Nazareno, Petracchi, Vázquez, López, Boggiano, Moliné O'Connor -se salva Bossert por razones de edad-, también en el Ejecutivo debería aplicarse a ministros y secretarios como Alieto Guadagni. O, en el Parlamento, a una hilera más extensa de legisladores que gozan de ese beneficio, empezando por Raúl Ricardo Alfonsín. Curioso que el jefe radical, también auspiciante del avance jubilatorio contra la Corte, sea una de las víctimas si esa poda se extendiera al Congreso. Pero, por alguna razón natural, todo -lo judicial, ejecutivo y legislativo-seguramente naufragará en los cajones.