Martingala de la Corte por jueces trasladados y sorda pelea entre Comodoro Py y Lomas por "status"

Política

Fallo se prepara para esta semana, sin certezas pero con murmullos. Claves: acordadas firmadas, el anclaje constitucional de los votos y alcances. Espionaje disparó pulseada por las "causas de la política".

La decisión de la Corte Suprema respecto al traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli es inminente. Tan cercana como difusa para establecer en qué momento ocurrirá el fallo sobre el que vienen trabajando los ministros en conversaciones internas. Como nunca, los intercambios excluyen a la presidencia del máximo Tribunal encabezada por Carlos Rosenkrantz, quien luego de fijar la fecha donde se decidiría la apertura del per saltum, debió dejarse llevar por la lógica colegiada que domina el tribunal y por la mayoría que empezó a cranear su voto, alimentando expectativas y desairando ansiedades. Después de un paso en falso la semana pasada, no hubo aspaviento con fecha concreta. En pleno hermetismo, tampoco se sabe qué postura adoptará Elena Highton de Nolasco que no está en el primer círculo de confianza de la tríada de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda pero que avanza por andarivel paralelo. Suele anexar su voto ante hechos consumados. ¿Podría salir esta semana que comienza? Es la idea, señalan en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. “La única que va a ganar es la Corte”, apuntan desde las vocalías, con cierto cinismo, en el sentido filosófico de la definición.

Dentro de la incertidumbre, hubo algunas señales: Lorenzetti, Rosatti y Maqueda redactaron el voto mayoritario de apertura del salto de instancia; también son los mismos que firmaron dos acordadas –la N°4 de 2018 y la N°7, con semanas de diferencia- en las cuales sentaron una primera posición respecto al tema, algo que Ámbito ya señaló como clave. En la primera, dejaron sentado otro voto mayoritario y la segunda votaron en soledad los mismos tres. Fulminaron no solo la creación de un tribunal oral especial que iba a juzgar las causas de Cristina de Kirchner, sino que sobrevolaron la discusión que han planteado los jueces trasladados. Pero lo interesante es que ambas acordadas (la última en respuesta a Germán Garavano que contenía una suerte de fastidio ante la reiteración del planteo aclaratorio) se remitían en citas al artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional. Allí está contemplado cómo es el proceso de designación por parte del Poder Ejecutivo no solo de los cargos para jueces de la Corte, sino también los de “los jueces de los tribunales federales inferiores”. Se menciona en el texto de la Carta Magna los criterios de “propuesta vinculante en terna” del Consejo de la Magistratura, “con acuerdo del Senado”, en los que se tendrá en cuenta la “idoneidad” los postulantes. Lo que se llama en la jerga, un proceso “complejo”.

De ese párrafo salta al que hace referencia a la edad máxima de los magistrados pero menciona otro de los asuntos en discusión en el caso Bruglia-Bertuzzi-Castelli. El criterio de “un nuevo nombramiento”, esto es si es o no equiparable a un traslado ya que siguiendo esa lógica podría considerarse que el juez es juez, pero fue nombrado en un cargo y si es trasladado sería nombrado de otra forma. Este es el eje de discusión al que se refirió Ámbito la semana pasada cuando advirtió que el primer paso que dará la Corte es definir si elabora una sentencia con nombres propios (por “BBC”) o si se “eleva” a discutir la constitucionalidad del mecanismo de traslados, lo que ya ha hecho con anterioridad para el caso de subrogancias, por ejemplo. Allí, la Corte podría inaugurar una doctrina, algo que seduce a los habitantes del cuarto piso del Palacio.

Cierto es que hay otro momento histórico a la firma de esas acordadas el voto de disidencia se esforzaba por acomodar las desprolijidades que el macrismo hacía en su rediseño judicial. La queja no fue por la creación de un tribunal ad hoc, sino porque Casación había dado una vuelta de rosca de más y había sorteado las causas del kirchnerismo sin que el fallido Tribunal Oral Federal N°9 hubiese sido habilitado por la Corte, facultad exclusiva que la mayoría hizo saber de la forma más dolorosa posible para Cambiemos. Rosenkrantz antes y ahora da la impresión de validar cualquier tipo de traslados. La pirueta debería hacerla para evitar que Alberto Fernández empiece a hacer un tetris de jueces si el fallo es adverso y deja libradas a la mayoría del Consejo y al Ejecutivo los movimientos de magistrados. Highton ha demostrado plasticidad suficiente como para ser la única que en el cuarto piso continuaba recibiendo a Garavano -sin anclaje en el resto de las vocalías- como para tener una cercanía especial con Marcela Losardo, la elegida de Fernández para la cartera de Justicia actual. Existe un dato anecdótico respecto de la Acordada N°4, donde Rosenkrantz parece contestarle al voto de mayoría refutando algunos de sus argumentos. Mientras que esa práctica en el derecho anglosajón es habitual, en Argentina, y especialmente en Talcahuano 550 la percibieron como un quiebre. Desde entonces, los votos no se dejan ver con anticipación. De todas formas y según su habilidad para leer la sentencia que se publicará antes de fin de mes, el Gobierno y el kirchnerismo podrían tener la chance de estrenar sus dotes de “Aikido”. Según sus principios tácticos, utiliza como defensa la fuerza del adversario.

Hoy, hay conversaciones entre los ministros del máximo Tribunal, se analiza el esquema central del voto –que no solo fijará la dirección sino (mucho más importante) los alcances de la decisión-, es decir el universo impactado; y por último, se trabaja en el modo de redacción del fallo que podría tener –para todo lo anterior- votos propios, concurrentes o mayoritarios. Esa sería la “forma”, último escalón para obtener una sentencia. Es menor que las licencias de Bruglia Bertuzzi y Castelli caduquen a partir de hoy. Una simple resolución les extenderá el receso especial. Como se anticipó en estas líneas, la Corte le encontró el gusto a jugar al misterio, a mostrarse hermética y blindada. Por algo también los jueces demandantes bajaron el perfil de manera ostentosa.

En otras latitudes, se exhibe una impresionante demostración de fuerzas por algo sustancial para la política: qué fuero tiene “autoridad” para llevar adelante expedientes de alto voltaje para el mundo del poder. La causa de espionaje de Lomas de Zamora ha sido un ensayo de ese ejercicio investigativo en medio de fuertes tensiones con, como nunca, víctimas y victimarios del mundo político y social de primera jerarquía y con la complejidad de que muchos de ellos no están todos del mismo lado. Comodoro Py está cada vez más cerca de arrebatar ese caso y el ataque por múltiples flancos tuvo al expresidente Mauricio Macri como un actor de reparto denunciando a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. La pelea lo excede y es por lo que vendrá. No por lo que ya ocurrió. Más allá de que se decidan o no procesamientos para los Super Mario Bros y alcancen a exfuncionarios ligados a la Casa Rosada de Macri hay un detalle que pasó desapercibido y podría haber sido señero: todavía no se cruzó la información alojada en los celulares indiscretos de los espías y sus misiones con denuncias penales efectivamente realizadas que tuvieron un avance y condicionaron a la política. Esa cuestión es medular. ¿Hubo causas armadas factibles de ser probadas por la intervención de la AFI? “Cuentapropistas” dirían Macri y Majdalani.

Las filtraciones de nombres de espías que actuaban en el exterior traerán consecuencias más allá del disparate de involucrar a periodistas en el medio. En las catacumbas repicó que se hayan revelado nombres y actividades que formaban parte de convenios en el exterior, donde se suele facilitar personal para actuar de forma clandestina. ¿Un acuerdo con la CIA pudo quedar expuesto? En los ambientes del espionaje no creen sólo en la torpeza.

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