9 de febrero 2006 - 00:00

Juicio a Ibarra: declararon testigos que lo beneficiaron

Sandra Castillo, una funcionaria de la jefatura de Gabinete porteña, que declaró en las sesiones del juicio político al suspendido jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, consideró hoy que se trata de "un show mediático", ante lo cual algunos legisladores anunciaron que la querellarán por injurias.

"Yo vi mucho show mediático, sesiones lamentables, aunque no quiero ofender a ningún legislador pero me parece que en los últimos meses nos estamos faltando el respeto entre el Ejecutivo y el Legislativo", afirmó Castillo.

La funcionaria de la jefatura de Gabinete porteña opinó también que "el pueblo depositó en los diputados una confianza que no se merecían".

Todo comenzó cuando el diputado del ARI, Guillermo Smith, pidió a Castillo que ampliara un concepto que la mujer había expresado al jurar decir la verdad durante su testimonio.

"Quiero que se respeten las instituciones", había dicho la testigo cuando el presidente del Tribunal, Julio Maier, preguntó si tenía algún interés especial en el resultado del juicio.

Tras las explicaciones de Castillo, el diputado kirchnerista Helio Rebot, intervino para advertir al titular del tribunal que no podía permitir una falta de respeto "al cuerpo, ni que los testigos utilicen su situación para hacer una tribuna política desde donde expresar sus pensamientos".

El diputado Daniel Amoroso anticipó que le iniciará una querella penal por injurias y envió a la testigo una carta documento exigiendo una rectificación, algo que estudian hacer también otros legisladores.

La audiencia número 12 del juicio a Ibarra comenzó a las 10.30 y la estrategia de la defensa apuntó a demostrar que el gobierno respondió a las requisitorias sobre los locales clase C, hechas desde la Legislatura y la Defensoría del Pueblo.

El primer testimonio fue el de Karina Martinez Liss, directora General de Asuntos Políticos y Legislativos, quien explicó qué trámite se le da en su área a los pedidos de informes realizados por la Legislatura.

Luego correspondía declarar al ex funcionario porteño Juan Manuel Abal Medina, pero la defensa desistió de su testimonio.

La tercera testigo fue Castillo, a quien tocó precisar cuál es el camino que deben seguir dentro de la dirección de Control y Seguimiento las recomendaciones que realiza la Defensoría del Pueblo.

El último testigo fue Nicolás Corradini, de la Auditoría General de la Ciudad, quien resaltó la "actitud de buena predisposición del jefe de Gobierno" hacia el organismo en el que él se desempeña.

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