Servini ordenó seguir investigando a Abad en causa Oil Combustibles

Política

Dictó su falta de mérito por el armado de una resolución pero se negó a sobreseerlo por no descartar su participación en un “plan criminal”. Exigió más medidas de prueba.

La jueza federal María Servini dictó la falta de mérito del extitular de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri, Alberto Abad pero ordenó que prosiga la investigación en su contra en el tramo principal de la causa que involucra a la cúpula de la administración de Cambiemos por empujar a la quiebra a la petrolera Oil Combustibles, del Grupo Indalo. La resolución de la magistrada alcanzó a Abad y a algunos de sus colaboradores solo en el tramo del expediente relacionado al dictado de una resolución particular que impidió a la empresa acceder a regularizar su deuda.

Sin embargo, y pese a haber sobreseído a otros implicados en la trama –como el exdirector de Asuntos Jurídicos Eliseo Devoto o de la asesora jurídica Marina Lamagrande-, la magistrada consideró que no podía adoptar una relación de sujeción como “tampoco liberatoria” respecto al exadministrador federal. “No es suficiente para determinar o descartar su posible participación criminal”, aseguró la jueza.

Servini comprobó que Abad dictó la Disposición N°395/2016 para instruir a la Subdirección de Recaudación para establecer un mecanismo que “impidiera a la empresa Oil Combustibles acogerse al régimen de regularización de obligaciones tributarias” de la ley 27260 (la del Blanqueo de Macri) hasta tanto “se dictara acerca de la situación procesal de Cristóbal López y Fabián De Sousa”, algo que terminó ocurriendo semanas después, algo inédito en el organismo dado que se anticipaba con una resolución de supuesto alcance general una cuestión sobre la que debía fallar la Justicia y cuyo resultado, se presupone, debía ser desconocido. Abad dictó esa resolución cuando Oil no estaba alcanzada por las exclusiones.

Sebastián Paladino, el subdirector a cargo de Recaudación había realizado en noviembre de 2016 una consulta “inmotivada” –para la justicia- respecto al estatus del contribuyente. Consultó a Jurídicos si correspondía restringir, pero a la vez envió una nota interna para excluirla. Lamagrande elaboró una nota que con la interpretación que fue la base de la restricción extendiendo una presunta sanción a las personas jurídicas que tuvieran relación con personas físicas investigadas por delitos tributarios. Devoto acompañó y Abad dictó la polémica resolución.

Servini reseñó las declaraciones testimoniales de varios testigos –muchos de ellos coincidentes con quienes declararon en el juicio oral en el que fueron absueltos los empresarios accionista de Indalo-, y que incluían al ex N°2 de AFIP Horacio Castagnola, quien reconoció que este tipo de situaciones no registraba antecedentes en el fisco. La jueza aseguró que de las pruebas adjuntas por las defensas no podía concluir que la justicia hubiese validado las resoluciones por haber denegado el amparo presentado por Oil, sino que el rechazo era por una cuestión que objetaba la vía intentada para hacer valer sus derechos.

“Los elementos recolectados me permiten arribar a una decisión desincriminatoria respecto de los imputados Eliseo Devoto y Marina Claudia Lamagrande, no así respecto de Alberto Remigio Abad y Sebastián Omar Antonio Paladino, aunque tampoco una del tipo que prevé el artículo 306 del C.P.P.N.” indicó Servini en un fallo de 197 carillas al que accedió Ámbito. Se concluyó que Oil quedó en “desigualdad” frente al resto de los contribuyentes. “El inconveniente aquí es que se dispuso un mecanismo especial en desmedro de un solo contribuyente, con fundamento en una circunstancia que durante todo el plazo previsto para el acogimiento – reitero - jamás ocurrió”, apuntó la sentencia.

Paladino había declarado que si Oil se acogía a la moratoria podría haberle traído consecuencias como funcionario público. Servini lo descartó. Sin embargo, la discusión giró en torno a si la limitación era “automática” o no. “La norma no cumplió el objetivo que los imputados explicaron que tenía”, afirmó Servini, con las pruebas recolectadas. “Se mantuvo la Disposición vigente lo más que se pudo de manera tal de evitar por todos los medios que Oil Combustibles S.A. pudiera acogerse al régimen, pero frente a la constatación por escribano público presentada no quedó otra alternativa que permitir su ingreso, pues no estaba cumplido el requisito legal”, fustigó la jueza. Servini desplegó un razonamiento que derribó los argumentos de la defensas: si el objetivo del dictado de la disposición era protegerlos de responsabilidades penales, su derogación los dejaba expuestos a ellas. No tenía sentido. Pero de todas formas, no encontró elementos en comunicaciones o en el rol de los imputados que permitiera extender sus sospechas. Pidió profundizar las medidas de prueba.

Por eso citó a prestar declaración testimonial a Joaquín Ruiz de Arcaute, Fabián Carlos Barroso, Diego Andrejin; todos ellos funcionarios de la AFIP. Pero a su vez, ordenó al a Dajudeco realizar un informe sobre el intercambio de mails, pedido en septiembre de 2021. Y sobre todo, Servini pidió sistematizar la cantidad de accesos a las bases de datos que fueron denunciados como irregulares por la cantidad, intensidad en fechas clave y ausencia de motivación para ingresar en todos los CUITS relacionados con el Grupo Indalo en plena embestida del gobierno de Macri. Todo eso, resulta sospechoso para la investigación.

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