La decisión de Néstor Kirchner, transmitida por el gobernador Jorge Busti, de recurrir a los tribunales internacionales de La Haya para oponerse a la radicación de dos plantas de celulosa en Fray Bentos, supone un revés del gobierno ante un conflicto -con Uruguay y con el propio Tabaré Vázquez- que jamás dimensionó correctamente.
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Ayer por la mañana, el Presidente recibió al mandatario entrerriano en la Casa Rosada y le aseguró, según indicó Busti ante la prensa, que el gobierno nacional hará lo que Entre Ríos «requiera». Acto seguido, anunció que la opción es plantear el conflicto en la Justicia internacional.
Esa determinación tiene varias implicancias. A saber:
• Kirchner se corre del problema y lo deja en manos de Busti. Implica, en los hechos, devolverle una gentileza al entrerriano que venía asegurando que cada acción suya contaba con el aval del Presidente. Los errores políticos y diplomáticos hicieron que la crisis trepara hasta tener, en la actualidad, un conflicto no sólo con Uruguay sino también con Chile por los piquetes que impiden el tránsito de camiones provenientes de este país con destino a Fray Bentos.
• Además, plantear la opción de La Haya significa prácticamente habilitar la instalación de las papeleras y desistir -si es que existía alguna alternativa de acuerdo- de resolver el asunto por medio del diálogo diplomático. Cualquier trámite en la Justicia internacional demanda años, por lo cual para cuando pueda entreverse una resolución, las plantas de celulosa estarán funcionando y provocando el desastre ambiental sobre el que alertan la Cancillería y el gobierno de Entre Ríos.
• Hay un tercer elemento que impacta sobre el gobierno y se vincula al bloqueo de los puentes. Los piquetes son realizados por vecinos y organizaciones ambientalistas, pero el gobierno entrerriano no hizo nada para desactivar esas protestas que generaron duras críticas de Montevideo. Esa cuestión repercute directamente en la Casa Rosada porque los puentes son nacionales y, por tanto, la fuerza que debe actuar es la Gendarmería. Es decir: la inacción (permitir que sigan los piquetes) o la acción (ordenar desalojar la ruta) supondrá costos para Kirchner. Por eso, ayer fue un mal día para Aníbal Fernández que entrevió que tarde o temprano quedará salpicado por la crisis abierta con Uruguay. Sobre todo por las versiones encontradas sobre el rol de la Gendarmería, una fuerza que depende de su mando. Por un lado, se aseguraba ayer la orden del juez federal de Concepción del Uruguay, Bernardo Aranguren, para que los gendarmes intervengan y liberen el paso para los camiones con insumos para las papeleras que se están instalando en Fray Bentos.
• Interrogante
Al parecer, esa orden se impartió el 19 de enero y le llegó al escuadrón N°6, de Concepción. De ser así (tal como comunicó personal de ese escuadrón a representantes de las empresas), ¿por qué no se le dio curso a esa instrucción? ¿Se estaría esperando la reunión de Kirchner con Busti, de ayer?
En el contexto de estos interrogantes, resultaron lógicos los trascendidos que, desde el seno de la fuerza, negaban cualquier orden de intervención, mientras el juez deliberaba con la conducción de la Gendarmería en el distrito.
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