Contraataque UCR tras pedido K para intervenir la Justicia de Jujuy

Política

"Buscan la impunidad a cualquier precio y la libertad de -la detenida piquetera- Milagro Sala", disparó el senador Luis Naidenoff. El mandatario provincial será recibido por legisladores la semana próxima, antes que se discuta el proyecto en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta.

El afán del kirchnerismo para activar la intervención federal de la Justicia jujeña ya tiene su contraataque opositor: el radicalismo buscará blindar en el Congreso al gobernador, Gerardo Morales, con invitaciones para el lunes y martes próximo ante la inminente discusión del proyecto impulsado en el Senado por su rival político y personal de años, su cuñado Guillermo Snopek. El alerta corre por la posibilidad de aprobar el texto con mayoría simple en ambas cámaras -como corroboraron ayer varios legisladores a Ámbito Financiero-, por lo que el macrismo perdería con seguridad en el Senado y tendría que acoplarse a bloques menores no oficialistas para bloquear el texto en Diputados.

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La iniciativa, que plantea una intervención por 365 días, prorrogables por mismo plazo a través de una resolución del Poder Ejecutivo -quien tendrá la facultad de designar al eventual interventor-, tiene el camino para avanzar sin problemas el martes próximo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la ultra-K María de los Ángeles Sacnun y con mayoría para dinamitar cualquier crítica de la oposición.

“El proyecto tiene un solo propósito: la impunidad a cualquier precio y la libertad de -la detenida piquetera- Milagro Sala”, disparó el jefe de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), quien también dejó claro que la iniciativa es una “envestida institucional contra un gobernador opositor”.

Los artículos 3 y 4 del proyecto son contundentes en cuanto al objetivo del texto, ya que se declara “en comisión a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, del Ministerio Público y a los Magistrados de los Tribunales Inferiores, de la provincia de Jujuy”, por un lado, y se impone que el interventor federal no podrá “ejercer por sí la función judicial”, pero tendrá “la facultad de suspender en sus funciones o de remover a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público de Jujuy, y la de designar a sus nuevos reemplazantes en comisión hasta la normalización institucional del Poder Judicial”.

Desde la conducción nacional de la UCR se calificó a la iniciativa de “infundada y falaz”, y se advirtió: “Estamos dispuestos a defender, nacional e internacionalmente, los valores institucionales que dan origen, fundamento y funcionalidad a nuestra democracia republicana en defensa de la autonomía, gobernabilidad y respeto a los gobernantes elegidos por el pueblo, a nivel provincial y municipal, fundamentalmente los que pertenecen a nuestro partido y a la coalición política que integramos”.

Para Snopek, la intervención federal “resulta ser el único medio útil, necesario y eficaz con el que se cuenta para restablecer el funcionamiento de la Justicia, el cual es uno de los pilares fundamentales de la convivencia en comunidad”, y que el “avasallamiento no puede ser avalado por el Congreso de la Nación y se debe propugnar por el restablecimiento de las instituciones afectadas, a fin de salvaguardar los derechos y garantías constitucionales” del pueblo jujeño.

En los fundamentos del proyecto, el legislador K señaló: “Hoy, el Poder Judicial de esta provincia demuestra su total dependencia a los intereses del Poder Ejecutivo, que desde el año 2015 conformó los diferentes estratos judiciales a su discrecionalidad y necesidades políticas y personales. Llama la atención que a través del planteo de supuestos escenarios de crisis -como ser la Judicial en su oportunidad, la de caducidad de los mandatos, y ahora la de seguridad-, los Poderes Ejecutivo y Legislativo arremeten contra todas las garantías establecidas en la Constitución provincial y la nacional, siendo convalidadas las nuevas normas, por el Superior Tribunal de Justicia provincial”.

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