Malestar judicial por trolls, presiones y "espionaje" migratorio

Política

Clima enrarecido entre magistrados por "carpetas" de Migraciones. Hubo acoso vía redes y hasta mensajes a los teléfonos de secretarios. Gobierno trató de calmar a víctimas mientras causa avanza con pedidos de información. Denominador común: todos tenían casos de interés para la Casa Rosada.

El clima comenzó a espesarse para un importante sector del Poder Judicial que comienza, inquieto, a trazar líneas entre puntos aparentemente dispersos, pero que les permiten configurar un panorama enrarecido respecto a su relación con el Gobierno. Al abuso de trolls en las redes sociales con divulgación de datos personales, SMS con mensajes intimidatorios desde características insólitas a sus teléfonos, cuestionamientos públicos de algunas figuras del oficialismo a sus decisiones, se sumó un expediente judicial que investiga el presunto “espionaje” sobre distintos magistrados a los cuales se les habría pedido listados de viajes y salidas del país de manera clandestina, pero a través de organismos oficiales. El caso fue activado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, que empezó a recolectar pruebas, mientras que desde el Ministerio de Justicia Germán Garavano tomó el teléfono para comunicarse personalmente con la veintena de magistrados aludidos con el objetivo de persuadirlos que el Gobierno no estuvo detrás de la maniobra. No es tan sencillo: los jueces saben que el manual para “carpetear” a un magistrado tiene entre los primeros apartados la verificación de frecuencia y destinos de viajes que puedan no concordar con sus ingresos. De todas formas, en las últimas seis elecciones (incluyendo las de medio término) hubo semanas antes sonoras denuncias de espionaje que se diluyeron tras los comicios.

En este caso, la investigación comenzó en 2017 y cuenta con el impulso del fiscal Ramiro González, quien dictaminó en legajo reservado. Hasta ahora, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue esquiva en sus respuestas a Canicoba Corral, pero tanto juez como fiscal avanzan con prudencia para que el expediente no se convierta en un “teatro de operaciones”, en más de un sentido. Varios de los nombres propios como Marcelo D’Alessio, Leonardo Fariña, Lázaro Báez o Allan Bogado tienen cruces con la investigación por asociación ilícita en el juzgado federal de Dolores. Sobre ese punto repararon en la Corte Suprema. Son al menos dos los ministros que aparecen como objeto de tareas de inteligencia. Hay otro más al que le ocurrió alguna cuestión un poco más sensible.

Llamó mucho la atención en el Palacio de Tribunales que luego del fallo que le dio la razón a las provincias en su reclamo contra el DNU de Macri y obligó al Gobierno a capitular respecto a los fondos coparticipables hubiera un fuerte ataque de trolls en las redes sociales. Con particularidades. Aportaban datos que estaban contenidos en las declaraciones juradas de los jueces, pero como si fueran revelaciones patrimoniales. Pero hubo hechos más fuertes que se expandieron hacia secretarios letrados, cuyo perfil es bajísimo. Recibieron mensajes extraños a sus líneas personales, cuyo remitente tenía característica telefónica de Rusia o de la India. Detectaron cierta sofisticación en la maniobra y una sensación inédita. El fastidio se completó con declaraciones públicas de Cambiemos o amenazas de juicio político. “¿Qué va a pasar cuando salga el fallo de Santa Fe?”, se preguntaron. Probablemente antes del 10 de diciembre haya novedades.

Garavano tomó el teléfono para descomprimir. Extraoficialmente también la Dirección Nacional de Migraciones argumentó que para hacer cualquier consulta a la base de datos es con una clave, muchas veces compartida. La Justicia ya pidió saber quiénes tenían acceso al usuario de “Carolina Lospennato”, quien aparecía como la persona cuyo nombre se invocaba para acceder a la base. No fueron los únicos destinatarios de los pedidos del juez: la AFIP, BCRA, la UIF, Prefectura, Gendarmería, PSA, Ministerio de Seguridad, Procuración General, Policía de la Ciudad y hasta el Ministerio de Seguridad de la provincia de Salta fueron requeridos. Desde allí se cursaron pedidos a Migraciones. Canicoba Corral tendrá que evaluar en breve si convoca a declarar a Horacio García a dar explicaciones. Otra duda sobrevuela el juzgado. ¿Hubo consultas sobre la situación financiera de los 21 magistrados? Veraz y Nosis deberán responder si hubo fisgones en sus perfiles.

Los jueces que aparecen enlistados como presuntas víctimas a partir de los registros migratorios pueden agruparse en varios subgrupos.

El denominador común es que ninguno ha sido de los favoritos para la Casa Rosada, y algunos supieron tener buena sintonía con el kirchnerismo en alguna etapa. Otros estaban especializados en narcotráfico o centralizaban casos vinculados con Aduanas. La mayoría llevaron adelante casos o iban a participar de juicios que involucraban a exfuncionarios.

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