Se reedita pulseada Gobierno vs. Corte por los fondos de la Justicia

Política

Sobrevuela idea de unificar dentro del Consejo de la Magistratura toda administración de fondos que hoy se manejan por separado: en Palacio leen atajo para absorber "Anrticíclico" de $45 mil millones.

Hay una discusión que comienza a asomarse en un horizonte cercano. No es nueva, sino más bien una reedición de un conflicto cíclico que involucra los fondos que administra la Justicia, y en especial, la Corte Suprema, siempre en tensión con el Poder Ejecutivo. Trascendió como parte de las recomendaciones que elevará sobre fin de mes el Consejo Consultivo de juristas sobre el análisis que hizo del funcionamiento del máximo Tribunal: una escisión en el manejo de los presupuestos del Poder Judicial –que administrará el Consejo de la Magistratura- y de la Corte. La propuesta dejaría en manos del órgano de selección y remoción de jueces los fondos judiciales. Pero ese diseño es exactamente lo que rige actualmente para el manejo del dinero, por lo que su inclusión en el temario de reformas se leyó como un globo de ensayo para lo que podría ser una idea conversada en ámbitos reservados: que toda la administración presupuestaria quede unificada bajo el Consejo, y se deje a la Corte con una suerte de “caja chica” para su funcionamiento. Ese modelo, engulliría automáticamente el denominado Fondo Anticíclico, hoy bajo control del máximo Tribunal, cuyo saldo actualizado es de $45 mil millones.

Gran parte del paquete de reformas que propondrá el consejo asesor de juristas fue informada por el diario Página 12, sobre múltiples temáticas. Pero la que más llamó la atención en el Palacio de Tribunales fue la recomendación de darle al Consejo el manejo de los fondos para el Poder Judicial que manejaría la Corte. Hoy, coexisten dos presupuestos: el que administra el Consejo –para toda la justicia nacional y la federal-, y el de la Corte, que sólo alcanza al funcionamiento del cuarto piso y de las áreas que de allí dependen. Para ambos se destina un total del 3,5% del presupuesto, dividido un 2.97% que se lleva el Consejo y el 0.53% para la Corte. Lo único que centraliza la Corte hoy es el envío formal del Presupuesto judicial. El Consejo primero elabora el suyo y se reenvía para que luego la Corte le agregue la porción que le corresponde sin hacer modificaciones antes de elevarlo al Ejecutivo. Para el 2021, el Consejo pidió casi $71 mil millones, mientras que la Corte presupuestó $24 mil más.

El problema que subyace de fondo es que desde un comienzo, normativamente, el Poder Judicial tiene autarquía presupuestaria, pero no una autarquía financiera que les permita una independencia en cuanto a los fondos que requiere con respecto a los oficialismos (pasados y futuros). Eso genera que dependa de partidas del Ejecutivo las cuales este año debieron ser cubiertas por el Ejecutivo ante el “rojo” del Consejo para el mantenimiento de todos los tribunales federales del país y los nacionales de la Capital Federal.

Ante ese esquema madura un golpe a la “caja” de la Corte, lo que ya ha sido intentado en el momento de mayor tensión entre Cambiemos y la Corte que directamente reclamó el uso del Fondo Anticíclico, aunque nunca llegó más allá de la pirotécnica. La variante ahora podría tener varios escenarios: uno sería alterar los porcentajes que cada área recibe, incrementando la del Consejo que tiene un déficit sistemático de fondos, y que debería absorber cualquier ampliación de estructuras; el otro sería simplemente unificar la administración pero bajo control del Consejo, forzando a la Corte a depender del presupuesto que le remitan desde el órgano de selección de jueces que iría administrando sus necesidades. Algo similar ya había sido intentado por el kirchnerismo en 2013, con el paquete de leyes denominado de “democratización de la justicia”. El tema presupuestario fue tachado durante el trámite parlamentario, lo que no evitó que fuera fulminada por la Corte al considerarla inconstitucional en sus tramos más relevantes.

La definición de este tironeo siempre queda en manos de la política que podría diluir la administración de la Corte, aprovechando que, en febrero próximo, habría un recambio de administradores en el Consejo y se configure un solo presupuesto. Eso generaría también que las áreas que dependen de la Corte –como la OVD, la Dajudeco, el cuerpo de peritos, etc- pasen a funcionar también dentro del marco del Consejo. Y arrastraría un “stock” existente que ha sido ambicionado por todos los oficialismos, el Anticíclico que merced a plazos fijos hechos con los excedentes presupuestarios, generaron un colchón equivalente a dos años de gastos proyectados.

Pero también implica un riesgo: quien controle el Consejo, bajo este formato, también controlará los fondos de todo el Poder Judicial, incluida la Corte.

Dejá tu comentario