Soria asume, Consejo se cristiniza y Contencioso da prueba de fe con "impuesto a los ricos"

Magistratura estrena nueva dinámica que tensa acuerdos. Juego de roles y táctica esmeril para jueces de Casación denunciados. Contencioso protagonista por intimaciones de ANSES y por cautelares contra AFIP. También demandó la hija de "Niki".

Nicolás Caputo y Martín Soria. 

Mientras que Martín Soria precalienta para entrar a jugar, a partir de su jura hoy a las 15, en el Ministerio de Justicia -con una carga de desgaste previa, parte ajena y parte auto infligida por sus propias declaraciones- en el Consejo de la Magistratura comienzan a exhibir un cambio en la dinámica. Evidencia de ello fue el último plenario donde oficialistas y opositores se trenzaron vía Zoom y cruzaron reproches. La excusa fue la resolución de la ANSES para empujar a la jubilación a los magistrados que tuviesen trámite otorgado y debían renunciar para hacerlo efectivo. Pero afloraron viejas facturas pendientes que excedieron la resolución que se adoptó. Cierto es que el organismo previsional no tiene facultades para pedir renuncias más allá de la redacción de las intimaciones. Así se votó por mayoría mientras, en paralelo, los jueces y fiscales acudieron al fuero Contencioso Administrativo Federal para hallar una barricada judicial para la situación de más de 200 intimados. Esos tribunales no solo son protagonistas por ese tema, sino por las resoluciones en torno al aporte de grandes fortunas que, hasta ahora, tuvieron dispar acogida en primera instancia. La Cámara será la encargada de definir si existen acuerdos macro con el Gobierno.

El portavoz de la mirada oficialista, más próxima a la posturas más vehemente que expresó la propia Cristina de Kirchner con respecto al Poder Judicial y sus satélites fue el consejero Mariano Recalde, hombre central para mirar la política del PJ en la Capital Federal. Recalde recordó no sólo el proceso de destitución del camarista Eduardo Freiler, sino cargó contra el discurso republicano que esgrimió el consejero PRO Pablo Tonelli. Repasó las presiones a los jueces laborales que se investigan en el marco de la causa “Mesa Judicial” y sostuvo que fueron “hostigados” por el Poder Ejecutivo que conducía Mauricio Macri. “Viene acá a hablar de moral con la bragueta abierta… algunos”, lanzó Recalde. El representante de los abogados Carlos Matterson se cubrió una semisonrisa con la mano. La senadora oficialista María Inés Pilatti Vergara asentía durante la argumentación de su par capitalino. “Hay un consejero que entró por la ventana robándole el lugar a la oposición”, disparó Recalde justo cuando Tonelli desapareció momentáneamente de la ventanita. “Participó de la maniobra más escandalosa en este Consejo cuando destituyeron a un juez por los fallos que dictaba porque no le gustaba al presidente (Macri) –señaló el consejero oficialista- “secuestrando y escondiendo a un consejero para una mayoría circunstancial y se callaron la boca”. También hizo alusión al corrimiento de fiscales cuando se investigaba al Correo Argentino de la familia Macri. Por un momento el discurso del “Lawfare” se coló en el Consejo.

El tono fue inhabitual para el clima que el Consejo venía llevando adelante durante los últimos meses cuando habían alcanzado acuerdos estratégicos, por ejemplo, para elevar concursos para la Cámara Federal y sus ternas, y para aprobar entre otros, el estratégico bastión del juzgado electoral de la Provincia de Buenos Aires. La oposición -ante el riesgo que les implicaba que hubiese una mayoría a favor del bloque oficialista- ensayó una serie de presiones dirigidas al camarista civil y comercial Ricardo Recondo. Su acompañamiento a alguna postura del bloque mayoritario despertó alarmas en las usinas PRO. Lo cierto es que el camarista -insospechado de ser kirchnerista- está en suma cero a la hora de tributar para cada sector. El voto caso por caso es hoy el mejor negocio para el veterano juez. Ya hubo pedidos para que apoye una eventual destitución del camarista Martín Irurzun. Es una fantasía. Ni él ni otros más cercanos al gobierno están dispuestos a esa aventura.

Lo más interesante es que Graciela Camaño volvió a colocarse en el lugar de árbitro de la definición, como había ocurrido en el caso de los camaristas trasladados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La diputada peronista cotiza cada vez más su rol desequilibrante más allá de manejar a cargo de la Escuela Judicial, algo que importa y mucho al mundo tribunalicio.

Tonelli acusó a Recalde de ir al “subsuelo del debate” y defendió no “haber entrado por la ventana” al Consejo, además de afirmar que “destituimos” a Freiler “por corrupto”. Después se corrigió y dijo que en realidad había sido el Jurado de Enjuiciamiento el que lo hizo. La senadora radical Silvia Giacoppo replicó ofendida que ella fue parte de ese jurado: “Yo no recibí ordenes de Macri ni de ningún sector político”. Recalde se mordió el labio y Camaño hacía una mueca de disgusto.

El debate de la antesala caliente es el “primer tiempo” de lo que le espera al Consejo: en algunas semanas se plasmará el resultado de los alcances de la investigación sobre el Camarista de Casación Gustavo Hornos. Es notable. De todos los proyectos del Gobierno para modificar a la justicia por su funcionamiento deficiente ninguno contempló al máximo Tribunal Penal. De repente se topó con el obsequio de que florecieron internas y estalló la situación por los manejos en ese lugar. Es lógico. Por más que amplíen juzgados y competencias penales todo desemboca en Casación Federal. Es probable de que luego de que se confirmen sus accesos a Casa Rosada, Hornos deba prestar su descargo a través del Artículo 20, la “indagatoria” en el Consejo. La “táctica esmeril” es a lo máximo que podría aspirar el oficialismo. Pedidos de prueba, ampliaciones y hurgar en el comportamiento de los jueces es la aspiración. No existe número para enviar a nadie a un jurado de enjuiciamiento. En ese mismo club está Eduardo Riggi cuya devolución inmediata del expediente contra el Grupo Indalo apenas fue denunciado no hizo más que confirmar que lo había reclamado para retrasar las medidas de prueba. El camarista está jaqueado por la jubilación y acumula días de vacaciones como para liberarse de las dificultades. Distinta es la situación de Juan Carlos Gemignani, un reincidente en las cuestiones de maltrato laboral y de género al que sus colegas no toleran en secreto y ha quedado sin plafón en el mismo Consejo. En esos pasillos auguran que su salida es próxima aunque quedan varios meses del año por delante.

El interrogante es lo que pueda ocurrir con los concursos venideros, especialmente el del TOF de Mar del Plata (revisor del caso D’Alessio) y otros que tiene en carpeta.

Para un juez nada mejor que otro juez. Por eso la Asociación de Magistrados y Fiscales corrieron a impugnar a la ANSES ante el fuero contencioso administrativo federal. Tuvieron suerte. Salió sorteado Esteban Furnari por lo que podrían tener buenas nuevas en los próximos días. De todas formas, el partido real se juega en la Cámara donde el Gobierno puede testear si tejió una sólida alianza. Allí hay confusión respecto al impuesto a la riqueza con fallos a favor y en contra de cautelares.

Un pequeño test. Entre quienes se resisten a pagar el aporte solidario, demandó la hija de Nicolás “Niki” Caputo, el mejor amigo de Mauricio Macri. A través del expediente 3284/2021, María Candelaria Caputo se presentó ante el juez Enrique Lavié Pico. La hija de “Niki” está alcanzada por el tributo a raíz de la venta -junto a otros familiares- de Caputo SAICYF a TGLT SA, ocurrida en enero de 2018. Debió ser autorizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia debido al monto de la operación.