Kirchner firmó decreto que autoriza a militares a revelar secretos de Estado

La ministra Garré y el presidente Kirchner al firmar de decreto.

El presidente Néstor Kirchner firmó ayer por la mañana un decreto que releva los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad e inteligencia de la obligación de guardar secretos de Estado en las causas judiciales relacionadas con violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar.

El decreto, considerado "histórico" por funcionarios del Gobierno, establece que los militares y miembros de las fuerzas de seguridad quedan exceptuado del secreto cuando "fueran llamados a prestar declaración indagatoria y testimoniales" en los juicios que se tramitan por estas causas.

El decreto 44/07 que firmó el jefe de Estado establece además que este relevamiento también le cabe a integrantes de las fuerzas "que hayan incurrido en conductas que les haya acarreado la baja o destitución obligatoriamente".

La ministra de Defensa, Nilda Garré, encargada de dar a conocer la noticia, señaló que esta iniciativa es "trascendente" y demuestra el compromiso del Gobierno nacional en su política de derechos humanos, para alcanzar "la justicia y la verdad".

Explicó que la liberación de los secretos es "sin limitaciones" de tiempo, y solo se centra en relación a los delitos de "terrorismo de Estado".

"Esta medida histórica sirve para no que no se detenga el accionar de la justicia en los actuales juicios que se llevan a cabo por los delitos de violaciones a los derechos humanos", planteó Garré durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

Agregó que esta norma "no tiene nombre propio", al negar que se deba asociar a alguna causa específica.

El miércoles pasado el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz había solicitado esta medida a través de su abogado defensor, Juan Aberg Cobo, en el juicio que se le lleva a cabo por la desaparición de dos monjas francesas en 1977.

Astiz planteó este pedido en su estrategia para deslindar su responsabilidad e inculpar a supuestos "agentes encubiertos" de Francia por el crimen de las dos religiosas.

Por otra parte, el decreto también remarca que "en ningún caso" ese personal estará autorizado "a revelar información de inteligencia estrategica militar".

Al ser consultada si esta medida rige a partir del 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de María Estela Martínez de Perón, Garré reiteró que están incluídos "sin fecha, todos los delitos de derechos humanos".