La Argentina insiste con La Haya sin mucha esperanza

El gobierno argentino reflotó ayer la idea de recurrir a la Corte Internacional de La Haya para dirimir el conflicto por la instalación de dos plantas de celulosa en Uruguay, consideradas por grupos ambientalistas argentinos como contaminantes. La confirmación lo hizo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que aseguró que la decisión se tomó ante la posición de la finlandesa Botnia que se negó a paralizar sus obras por 90 días para permitir negociaciones bilaterales, lo que trabó además por tiempo indefinido la concreción de la cumbre que el miércoles debía realizarse en Colonia entre Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez.

Según Fernández, «o Botnia cambia de tesitura y se vuelven a los cortes de ruta y no están dadas las condiciones fijadas para que se reúnan los presidentes. Entonces, tendremos que seguir la defensa de los derechos de la Argentina ante el Tribunal de La Haya». 

Sin embargo, otra fuente del gobierno nacional mostró ayer otra posición sobre la decisión de recurrir a ese ámbito internacional. Según esta visión, la estrategia de avanzar en este sentido radica en buscar ganar tiempo hasta que las partes puedan volver a negociar seriamente. La nueva ronda de discusiones entre las cancillerías argentina y uruguaya simulará que todo está comenzando de cero.

La cuestión de La Haya y su vinculación con el tiempo radica en que, en el mejor de los casos, un trámite de este tipo demandaría no menos de tres años desde que se inicia hasta que culmine con un fallo definitivo. Durante ese período, las partes podrían continuar discutiendo una salida negociada, ya que La Haya no prohíbe acuerdos por fuera del tribunal antes de tomar una decisión. El problema es que dentro de la Argentina hay serias dudas de que efectivamente la posición en esa instancia termine siendo favorable al país. Hay tres motivos estudiados desde el gobierno argentino que hacen dudar a gran parte del gobierno de Kirchner. En primer lugar, no está claro que efectivamente en La Haya se avale la presentación sobre la potencial contaminación de las papeleras. El argumento es que esa instancia fue creada para resolver conflictos penales y de gravedad institucional dentro de un país o entre Estados; y según su jurisprudencia no acepta casos de disputas comerciales. La Haya generalmente recomienda que este tipo de casos se trate dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) o en una instancia regional. Como la propuesta uruguaya es que sea dentro del Mercosur donde se tramite el caso, es posible que el tribunal radicado en la ciudad holandesa recomiende seguir esta alternativa.

Grandes dudas

Las dudas continúan, aun si La Haya acepta tratar el caso argentino. Funcionarios cercanos a Kirchner tienen dos grandes dudas. La primera refiere a que muchos casos del tribunal se basan en fallar según la situación de cada país demandante. Esto es, dependiendo de lo que suceda dentro de las fronteras, se determina una posición. En el caso argentino, se podría estudiar la forma en que trabajanlas plantas papeleras que ya están en funciones dentro de su territorio, y ver si éstas efectivamente cumplen los parámetros ambientales que se les exigen a las futuras instalaciones de Fray Bentos. Obviamente, ninguna de las plantas que ya trabajan en la Argentina logran estos estándares, lo que implicaría un factor negativo para las aspiraciones del gobierno nacional en La Haya.

El segundo argumento en contra de la posición local es que muchas veces el tribunal falla según lo que sucede legalmente en otras partes del mundo. En el caso de las papeleras, el estudio del organismo se dirigiría a investigar si hay otras instalaciones en el mundo en las que la tecnología que quieren aplicar Botnia y ENCE son autorizadas. Para ambas empresas esto sería fácil de avalar, ya que las plantas de ambas empresas radicadas en Europa tienen la misma tecnología que quieren aplicar en Fray Bentos. El truco sería que son plantas anteriores a que ese continente eleve sus requerimientos ambientales, lo que igualmente no sería tomado en cuenta por La Haya ya que las plantas están hoy funcionando sin que se les prohíba su actividad.