La CGT ve a Lavagna por mínimo de $ 1.300

Patricia Vaca Narvaja

En las próximas horas, Roberto Lavagna recibirá oficialmente la noticia que se adelanta aquí: el secretariado de la CGT convocará al Consejo Directivo de la entidad para el próximo lunes y ese consejo, a la vez, llamará a un Comité Central Confederal para fin de mes. Si antes del 31 el gobierno no resuelve las demandas salariales que planteará el sindicalismo, Hugo Moyano y José Luis Lingieri (Susana Rueda parece hasta ahora ajena a estas programaciones) prometen un plan de lucha formulado ese mismo día. La demanda por aumentos en el salario mínimo será equivalente al costo que ellos calculan para la canasta familiar: $ 1.300. Este monto y aquel cronograma le serán informados al ministro de Economía en la inminente reunión que mantendrá con la conducción gremial. Allí estará también Carlos Tomada, el ministro de Trabajo.

Anteayer los capitostes de la central obrera se congregaron para definir esta estrategia en el sindicato de gastronómicos, en torno a su mandamás, Luis Barrionuevo.

El dato es políticamente significativo ya que Barrionuevo se ha convertido en una especie de barómetro de oposición al gobierno, como quedó demostrado en sus declaraciones posteriores al triunfo del Frente Cívico en la provincia de Catamarca, que él atribuye a Kirchner. Quiere decir que bastaba con conocer el lugar de la cita para inferir la agresividad de la tertulia. Hasta el tercer piso de la sede de ese gremio se aproximaron Carlos West Ocampo, Oscar Lescano, Lingieri, Juan Manuel Palacios, Vicente Mastroccola, Gerónimo Vanegas, Omar Viviani, Gerardo Martínez y las dos figuras de esa tarde de lunes: Hugo Moyano y Armando Cavalieri.

La presencia de estos dos dirigentes abrió un capítulo muy importante del conciliábulo, que sirvió también para definir un acuerdo en el conflicto por el encuadramiento de los empleados de logística del supermercado Coto. El líder de los camioneros y el de los mercantiles se dijeron de todo pero después acordaron un encuentro a solas en el cual se definirá pacíficamente el destino de esos trabajadores, sobre todo de los que otrora pertenecieron al gremio de camioneros. Alfredo Coto, el controvertido propietario de la cadena de supermercados que prefiere tener a Empleados de Comercio como interlocutor, no obtuvo una victoria con el episodio.

• Visitante

Cavalieri y Moyano no fueron los únicos contendientes de la reunión. Hubo cruces de todo tipo por cuestiones de encuadramientos sindicales, hasta que la catarsis permitió hablar de política. Fue entonces cuando se introdujo el problema de la inflación y las aspiraciones salariales del gremialismo. Lingieri comentó que Patricia Vaca Narvaja, la subsecretaria de Defensa del Consumidor, concurrirá a la sede de Azopardo mañana para informar el comportamiento de los precios. Es de esperar que, con ese apellido, la funcionaria no termine enredada en una interpelación por la muerte de José Ignacio Rucci, atribuida a los montoneros liderados por su hermano Fernando.

Los gremialistas mejor informados hicieron un recorrido imaginario por las góndolas y determinaron que, si hubiera algún boicot que decretar, éste debería dirigirse a frigoríficos, usinas lácteas y harineras. Les encantaría que Kirchner los convocara para «combatir al capital» con venia oficial. Pero la misión le tocó al peor enemigo que creen tener los «gordos» en la vida pública: Luis D'Elía y sus «piqueblandos». Por eso, cuando recordaron la figura del dirigente de La Matanza (a quien cariñosamente llaman «caballo de polo»), se exaltaron: «Boicot a Shell, ¿con eso nos quieren engañar? Esa operación no es por la suba de precios sino por los enjuagues de Chávez, Kirchner y De Vido, que quieren manotear las 1.000 estaciones de servicio para PDVSA». ¿Quién otro sino Barrionuevo podía lanzar esa acusación? Moyano, que transita con familiaridad los pisos superiores de Economía, donde De Vido tiene su sede, pidió que se cambiara de tema.

Se pasó, entonces, a la estrategia de reclamo salarial que llevarán frente al gobierno. Los sindicalistas están irritados porque consideran que alguien frustró el acuerdo de un salario mínimo de $ 750 al que habían llegado en sus negociaciones particulares con la UIA. El más ofendido parecía ser Mastroccola, del sindicato del Plástico y, por lo tanto, interlocutor habitual de Héctor Méndez, el jefe de la organización empresarial, quien proviene de la misma actividad. ¿Fue Tomada quien intentó hacer sucumbir esa negociación, que dejaba a un costado del camino al Ministerio de Trabajo? Hay sindicalistas que creen que sí, pero es improbable que este laboralista haya decidido bombardear un arreglo que le evitaría a él un trajín político desgastante. Por eso otros dirigentes de los que se congregaron en Gastronómicos creyeron que la desautorización de lo que venían negociando los laboralistas Daniel Funes de Rioja y Héctor Recalde provino de un sector de la UIA.

• Desden

Cualquiera sea la explicación de por qué se frustró la negociación entre patrones y empleados, lo que importa es que ahora los dirigentes de la CGT pretenden golpear la mesa del gobierno con una cifra exorbitante. Claro, se sienten desplazados del eje del poder mientras transcurre un año electoral y observan con desdén cómo desde la Casa Rosada sólo se ofrece calidez a los «piqueblandos», sus rivales. Por eso las expectativas que se confesaron el lunes por la tarde van más allá de una discusión de números con Lavagna. Para dar de baja el Comité Confederal y su hipotético plan de lucha la CGT quiere una foto con Kirchner. Es una buena oportunidad para saber si el Presidente cede a la presión.