La fiscalía pidió que Schoklender no pueda salir del país

Sergio Schoklender.

El fiscal federal Jorge Di Lello dio impulso a la investigación contra Sergio Schoklender y reclamó que se le prohíba salir del país en la causa por presunto lavado de dinero y defraudación al Estado durante su tarea como asesor de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

En su dictamen, también pidió investigar a Pablo Schoklender, quien sigue vinculado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y a otras siete personas como integrantes de una asociación ilícita.

El fiscal pidió esa y otra veintena de medidas de prueba al juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga el presunto manejo irregular de fondos públicos que recibe la Fundación de las Madres.

En el escrito, Di Lello sostuvo que el pedido de prohibición de salir del país para todos los imputados es "a fin de evitar situaciones que pudieran dilatar el trámite" de la investigación.

La investigación que reclamó Di Lello es para los Schoklender; el presunto socio de Sergio, Alejandro Abraham Totkink; la cónyuge de este, Marcela Nancy Zlotogorsk; de Daniel Laurenti; Gustavo Adrián Serventich; Leonardo Alejandro Hubscher; Marcelo Gabriel Lewkowicz y Alberto Marcelo García.

El fiscal pidió que, como medida "cautelar", se ordene la inhibición para modificar cualquier situación accionaria de una gran cantidad de empresas, en las cuales Sergio Schoklender habría ocupado distintos cargos.

Para Di Lello hubo un manejo irregular de fondos públicos ejecutados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que financiaron la realización de obras en la Capital Federal y en varias provincias.

El representante del Ministerio Público recordó que de la documentación recolectada hasta el momento, "se ha construido una hipótesis delictiva en la que se presume el desvío de fondos públicos", los cuales eran "administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de su apoderado Sergio Mauricio Schoklender".

Según el dictamen, esos fondos fueron entregados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal de la Nación a la Fundación de las Madres para la construcción de viviendas.

"El desvío (de dinero) habría consistido en maniobras que realizara el apoderado de dicha fundación, Schoklender y/o cómplices, direccionando los fondos hacia la empresa Antártica Argentina S.A. u otras, habilitando la libre disposición de los mismos por parte de Alejandro Gotkin", sostuvo Di Lello.

Además, probó que Sergio Schoklender contaba con un "Poder General Amplio" de la Fundación para abrir/cerrar cuentas bancarias, librar y endosar cheques, hacer giros en descubierto, y hasta de disponer del movimiento de cuentas corrientes.

Di Lello dejó en claro que la presunta defraudación no sólo tuvo como víctima al Estado, sino también a la Fundación de las Madres, la cual cuenta con una "importante y trascendente organización que tiene una trayectoria mundial en la defensa de los derechos humanos".