El Gobierno oficializó la designación de Alejandro Horacio Ramírez como nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), tras aceptar la renuncia de Daniel Roque Vítolo, quien dejó el cargo el pasado 6 de marzo.
Designan a Alejandro Ramírez al frente de la Inspección General de Justicia tras la renuncia de Daniel Vítolo
La salida del funcionario fue aceptada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. La decisión se conoció días después de la asunción de Juan Bautista Mahiques como titular del Ministerio de Justicia.
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La medida se formalizó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, donde se informó la salida del funcionario que encabezaba el organismo encargado de supervisar sociedades, asociaciones civiles y fundaciones en la órbita del Ministerio de Justicia.
Más cambios en el Gobierno
En el mismo acto administrativo se dispuso que Alejandro H. Ramírez asuma como nuevo inspector general de Justicia, en una decisión que fue comunicada por la Secretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro Juan Bautista Mahiques, e incluye un agradecimiento oficial a Vítolo por las tareas desempeñadas durante su gestión.
Vítolo es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba y profesor titular de Derecho Comercial en la Universidad de Buenos Aires. Había sido designado al frente de la IGJ durante la gestión del entonces ministro Mariano Cúneo Libarona, y contaba con un perfil técnico y académico vinculado al derecho societario. Entre otros antecedentes, participó en la redacción del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado en 2014 y en reformas vinculadas a la legislación concursal.
Durante su paso por la Inspección General de Justicia, impulsó controles sobre organizaciones de alta visibilidad pública. Entre ellas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue uno de los focos de atención del organismo, con observaciones a balances, intimaciones por falta de documentación y pedidos para designar veedores externos que supervisaran su estructura económica.
Las investigaciones también alcanzaron a la Superliga, la asociación civil que administró alrededor de USD 348 millones en derechos audiovisuales entre 2020 y 2024. En ese marco, el organismo avanzó con pedidos de información y controles sobre el funcionamiento institucional de la entidad.
Antes de dejar el cargo, Vítolo firmó un nuevo pedido para que el Ministerio de Justicia designe veedores encargados de auditar negocios vinculados a la AFA y a la Superliga. El expediente fue remitido a la cartera que ahora conduce Juan Bautista Mahiques, quien asumió como ministro tras reemplazar a Mariano Cúneo Libarona.
Según consta en la documentación, la solicitud propone la designación de veedores por un plazo de 180 días con el objetivo de recabar información contable, revisar documentación y analizar el funcionamiento institucional de la Superliga, sin desplazar a sus autoridades actuales.
La renuncia de Vítolo fue presentada el 6 de marzo de 2026 ante el presidente Javier Milei, luego de que el flamante ministro Mahiques comenzara a impulsar cambios en organismos clave del área de Justicia. En su carta de dimisión, el exfuncionario expresó satisfacción por la gestión realizada, aunque señaló que quedaron investigaciones pendientes en “ámbitos considerados intocables”, una referencia interpretada en relación con el poder económico del fútbol argentino.
Con la llegada de Alejandro Ramírez a la Inspección General de Justicia, se abre ahora una etapa de incertidumbre sobre la continuidad de las investigaciones y el alcance de la fiscalización estatal sobre entidades vinculadas al negocio del fútbol profesional.
Juan Bautista Mahiques propuso al abogado Matías Álvarez para conducir la UIF
La reconfiguración dentro del Ministerio de Justicia sumó un nuevo movimiento. El pasado lunes, Mahiques impulsó la candidatura del abogado Matías Gabriel Álvarez para quedar al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), en el marco de los cambios que se aceleraron tras la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso, la iniciativa forma parte de una revisión más amplia de las áreas que dependen de la cartera. Si bien la UIF funciona bajo la órbita del Poder Ejecutivo, los movimientos en su conducción se coordinan con el Ministerio de Justicia con el objetivo de redefinir la orientación de organismos considerados estratégicos.
Álvarez es abogado y cuenta con trayectoria en el ámbito penal, con especialización en criminología, narcocriminalidad y derecho penal económico. En la actualidad se desempeña como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad, donde participa en la coordinación de investigaciones y litigios estratégicos en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante su carrera también formó parte de distintos equipos dentro de la Justicia Federal y tuvo participación en espacios de cooperación internacional vinculados al combate del narcotráfico.
Desde 2017 integra la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, donde se desempeña como co-coordinador adjunto, con tareas orientadas a fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado.






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