La Legislatura, ¿un cuerpo inmanejable de aficionados?

Política

Diputados y senadores miraban por televisión con estupor el jueves pasado lo que sucedía en la Legislatura porteña en torno de la votación del juicio político a Aníbal Ibarra. La pregunta que corrió en los despachos en ese momento fue casi unánime: «¿Cómo puede pasar esto?» No se referían peronistas, provinciales y hasta muchos radicales, al evento en sí, la demostración de dolor de los padres de las víctimas de Cromañón o sus intentos porque el jefe porteño sea enjuiciado. Sino a un hecho mucho más técnico y, se acepta, desprovisto de todo ingrediente emocional: no existe legislatura en el mundo que pueda sesionar en esas condiciones.

Fuera de las emociones, no puede una votación -sea cual fuere el resultado- quedar a merced de lo que suceda en los palcos de invitados, aunque allí esté representada la verdad suprema o un genuino clamor de justicia.

No es así como funciona el sistema en ningún país civilizado. Tampoco en los parlamentos modernos se acude al recinto de sesiones sin saber cuál será el resultado de una votación. Podrán no conocerlo incluso algunos legisladores presentes, podrán ocultarse estrategias, pero como se dice en la jerga legislativa «los porotos, en general, se cuentan antes». Un Congreso es un cuerpo de consensos. Esos consensos no siempre se logran consiguiendo la unanimidad en votaciones o amplísimas mayorías.
En la mayoría de los casos se logran negociando, perdiendo o ganando votaciones, pero casi siempre en forma previsible.

• Previsibilidad

No hubiera ido George W. Bush al recinto de la Cámara de Representantes a votar el CAFTA -acuerdo de libre comercio con Centro América por el que peleó externa e internamente por meses- sin saber que ganaría la pelea. Las cámaras de CNN reportaron con una duración inusual la ansiedad de todo el proceso de votación -de hecho mucho más transparente que cualquier legislativo argentino- y el conteo voto a voto. Pero la Casa Blanca y los republicanos sabían desde el inicio que tenían el número suficiente. Hay quienes podrán llamar a este sistema una trampa de la democracia. En el fondo y cuando se necesitan decisiones en temas clave o de grave importancia institucional, lo que aporta es previsibilidad. Hay otro aspecto incómodo en esta situación, pero igualmente relevante a la hora de garantizar la libertad de votación de los legisladores: no pueden estar presentes en los palcos invitados que por su peso específico estén en posición de condicionar una decisión. De hecho, si nos atenemos a la Constitución Nacional, actos de ese tipo son incluso delictivos. Por lo pronto, el ejemplo más cercano al que se puede apelar es el propio Congreso Nacional. Aún allí, con sus imperfecciones, su pésima imagen ante los ciudadanos y la falta de independencia que demuestra frente al Poder Ejecutivo, el sistema de votaciones funciona mucho mejor que en su símil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y no es porque no hubieran existido en la historia hechos concretos de presión sobre los diputados o senadores para forzar la sanción de leyes, sino que se aprendió de ellos y se evitan de una manera bastante más civilizada de lo que piensa el común de los mortales.

Muchos recuerdan la votación de la Ley de Asociaciones Profesionales durante el gobierno de
Héctor Cámpora. La CGT de esos tiempos tenía un interés especial en la norma al punto que se garantizó la votación colocando a sus hombres armados en la «rotonda» -pasillo que recorre todas las entradas al recinto de Diputados- por lo que cada legislador entraba y salía del recinto a punta de pistola. El móvil, obviamente, no reúne la fuerza moral que puede tener el reclamo de los padres de Cromañón; pero la regla a aplicar lamentablemente es la misma. Mucho más cerca en el tiempo, hace un mes, el Congreso Nacional estuvo sitiado por los deudores hipotecarios en mora que reclamaban una suspensión de sus remates. Hubo una votación en Diputados donde el duhaldismo aprovechó el tema electoralmente, pero sin ningún damnificado presente; siguieron «escraches» a senadores que alcanzaron hasta la primera dama para conseguir la sanción en esa Cámara. Pero las presiones nunca llegaron a que deudores saltaran hacia las bancas para forzar el dedo de los legisladores a la hora de votar.

Incluso la única toma de recintos que se recuerda en la historia reciente fue protagonizada por los propios empleados en pedido de aumentos salariales y fue cuando ningún diputado o senador estaba presente. Sí fue un hecho grave porque obligó a dejar de sesionar durante dos semanas. Antes de abundar en comentarios vale aclarar que algunos análisis interesantes que se escucharon en el Congreso la semana pasada nada tenían que ver con el hecho mismo del juicio a Ibarra, la necesidad o no de impulsarlo, las presiones del gobierno para salvarlo del cadalso o el dolor de los padres, sino con una definición clara que pudo comprobarse durante los hechos del jueves por la noche y viernes a la madrugada: la Legislatura porteña, así como se mostró, probó fehacientemente que está fuera de control. Casi en broma un diputado -siempre pidiendo anonimato- reconoció: «Esto al 'Negro' Camaño no le hubiera pasado nunca». Guste o no, la Constitución Nacional es muy clara en cuanto a la forma en que los argentinos son representados. Lo establece en su artículo 22: «El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición». De hecho, la sedición es uno de los únicos dos delitos que tipifica la Constitución. (El otro es la traición a la patria en los casos en que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo facultades que le son propias, argumento muy comentado cada vez que se le confieren «superpoderes» al gobierno.) La mera mención de sólo esos dos delitos indica la importancia que la Carta Magna les asigna. Es la definición institucional de dónde está el pueblo y cómo se lo representa. Es decir, en el momento de votar se elige quién votará por cada ciudadano en los cuerpos legislativos y, aunque suene duro, el único punto de salida que ofrece el sistema es modificar esa representación en cada elección; no forzando la voluntad ante cada decisión a tomar. En ese sentido, la Legislatura porteña, se considera en el Congreso, tiene un reglamento demasiado laxo en cuanto a la participación y poco ordenado para salvar momentos de crisis; todo producto, quizá, de un error de concepción de lo que es la democracia representativa. Para los parámetros con que se mueve el Congreso Nacional, la Legislatura porteña no sólo es poco profesional, sino que también lesiona los poderes que la ciudadanía le ha concedido. Ante tamaño desbande del jueves pasado, no extrañó, entonces, que muchos diputados y senadores comenzaran a poner en su boca la palabra intervención. Que las sesiones de los parlamentos sean públicas sólo está significando que no son secretas, pero no que estén siempre abiertas al público. En la Cámara de Diputados y el Senado ésta es una regla que no se viola desde hace muchos años. Para que el pueblo conozca lo que sucede existen métodos modernos como la televisación de las sesiones, o antiguos como las versiones taquigráficas que tienen carácter de documento público y nadie puede modificar. Pero no se aceptan allí invitados a los palcos en momentos clave, salvo para periodistas o asesores. Presenciar una sesión en el Congreso requiere de un trámite previo de autorización, conseguir la invitación respectiva y estar bajo el control del cuerpo de seguridad de la Cámara, que conoce al dedillo los movimientos sospechosos, no como en la Legislatura que se le confió la seguridad a la Policía Federal. Nunca sucedió esto en el Congreso, salvo cuando ingresa una guardia de honor para recibir al presidente de la Nación.

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