La Matanza fue a la Justicia para rechazar la llegada del Mercado de Hacienda

La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, presentó ante la Justicia un recurso para tratar de impedir que el Mercado de Hacienda de Liniers sea trasladado a ese populoso partido bonaerense, en un predio de la localidad de Tapiales. Magario presentó el reclamo ante el Juzgado Federal en turno Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín.

La intendenta dijo que hizo esa presentación para "defender a los matanceros de un nuevo atropello por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal y del presidente Mauricio Macri".

Magario cuestionó a Vidal -con quien mantiene una tensa relación por el giro de recursos y diferencias políticas- por acordar el traslado a La Matanza "sin antes consultar a las autoridades municipales o, incluso, a los vecinos que se verán afectados en Tapiales y la localidad vecina, Aldo Bonzi".

"Vidal le dio impulso casi en secreto, como se manejan las mafias, a esta idea de tirarnos más de un millón de animales en los barrios de La Matanza, para quitarle un problema ambiental a los porteños y garantizarles un gran negociado a los dueños de las vacas", denunció Magario.

La jefa comunal dice que la Nación y la Provincia "quieren entregarle a una empresa privada, a la que sólo le interesa obtener ganancias, un predio estatal sin control ambiental alguno. Se trata de un negociado que Vidal vino manteniendo en secreto".

La Nación, la Provincia y la Ciudad habían acordado mudar al mercado y en un principio el destino iba a ser el partido de San Vicente.

Según trascendió de fuentes cercanas a la operación consultadas por NA, consignatarios, matarifes, dueños de frigoríficos y entidades del campo que operan en el Mercado de Liniers prefieren trasladarlo a La Matanza, porque representaría menos costos, lo que terminó influyendo en la decisión de cambiar el destino.

Incluso, los empresarios habrían alertado que el precio de la carne podría subir -algunos señalan hasta 50%-, si el traslado se confirmaba hasta San Vicente, indicaron fuentes cercanas a la negociación.

A mediados de 2001, la Legislatura porteña sancionó una ley que prohibía el ingreso de ganado en pie a la Capital Federal, por lo que el Mercado debe ser trasladado hacia una zona en la que "no genere impacto ambiental ni social.

Tras un acuerdo entre el presidente Mauricio Macri, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el 4 de julio de este año firmaron un acuerdo para llevar el Mercado del barrio porteño desde Mataderos -donde operaba desde 1901- hasta un predio frente al Mercado Central, en la localidad de Tapiales.

Las 32 hectáreas del predio donde funciona actualmente el Mercado de Hacienda, que se encontraba privatizado, serán desocupadas y devueltas a la Ciudad, según un cronograma pautado para hacer efectiva la restitución y el pago de una deuda impositiva antes del 31 de diciembre de 2018.

El traslado a un predio de la Corporación del Mercado Central ubicado en La Matanza comenzó el 7 de octubre de 2016 cuando Nación, Provincia y Ciudad -dice Magario en su presentación- instruyeron de manera reservada que avance la mudanza.

El 24 julio, Magario entregó cartas a Macri, Vidal y Rodríguez Larreta solicitando conocer los actos administrativos, planes, planos, estudios ambientales, acuerdos o convenios para el traslado.

En las cartas, la intendenta advertía a las autoridades sobre el "enorme perjuicio" que supondría la instalación de ese negocio en el territorio del municipio que gobierna, agregando su presunción de que se estaba pretendiendo eludir el ejercicio del poder policial municipal, que incluye el control sanitario y la facultad de imposición, reconocidas por la Constitución Nacional con base en la autonomía municipal.

"Nunca nos informaron, jamás nos consultaron y ni siquiera respondieron las cartas que les envié", se quejó Magario al justificar su decisión de ir a una instancia judicial para frenar la iniciativa.

En La Matanza consideran que las autoridades nacionales y provinciales intentan imponer el proyecto por la fuerza, mediante caminos ilegales e inconstitucionales, en contra de los vecinos, lo cuales no fueron consultados.

Y explican que el ingreso de más de 1.250.000 animales por año a los barrios del distrito generará un "impacto ambiental insoportable" para los vecinos, tanto por "el vuelco de líquidos contaminantes que afectarán seriamente suelos y napas, como por la saturación vehicular y el exceso de peso sobre las capas asfálticas, lo que destrozará calles y afectará seriamente el tendido de redes o caños subterráneos, como los de agua, gas y cloacas, producto de la presencia de más de 115.000 camiones al año".

Asimismo, se cita la preocupación de los vecinos y de la Comuna porque toda esta situación provocará que las viviendas familiares, en muchos barrios y distintas localidades de La Matanza, disminuyan drásticamente su valor.