La oposición va a la Justicia para frenar "decretos" y superpoderes

Pondrá a prueba esta semana el gobierno su polémico proyecto de reglamentación del control de los decretos de necesidad y urgencia en la Cámara de Diputados. Con el apuro que impuso Cristina Kirchner en el Senado -donde se votó el jueves pasado-, comenzará a debatirse en comisiones. También avanzará la idea de ampliarle poderes al jefe de Gabinete para manejar fondos, aunque recién inicia su camino en la Cámara alta. No alcanzó la iracundia de la primera dama para convencer a la oposición, que ratificó la decisión de ir a la Justicia para pedir la declaración de inconstitucionalidad de esos proyectos. Preocuparon, además, sus desbordados ataques a la prensa. El gobierno no pudo convencer aún en dos puntos claves: la necesidad de semejante delegación al Ejecutivo en el manejo de fondos -en momentos que no pueden considerarse de emergencia- y la virtual ausencia de controles en el proyecto sobre los DNU.

Cristina de Kirchner, también con superpoderes: cuando defendió los superpoderes y la reglamentación de decretos de necesidad y urgencia, ocupó dos bancas del Senado para desplegar los papeles. Un detalle: Alberto Fernández se llevó un pequeño televisor para mirarla mejor.

No le preocuparon por ahora a la oposición las críticas de Cristina Fernández de Kirchner en el recinto del Senado por la posibilidad de que el radicalismo recurra a la Justicia para intentar frenar la puesta en vigencia de los superpoderes al jefe de Gabinete para manejar el Presupuesto. La primera dama intentó, en la sesión del miércoles pasado y en sus casi cuatro horas de intervención el jueves, intimidar al radical Ernesto Sanz, que poco antes había anunciado que «golpearía las puertas de la Justicia» para intentar frenar ese proyecto si finalmente era sancionado.

Sin mencionarlo directamente, Cristina utilizó la vieja diatriba peronista contra el radicalismo, aquello de «ir a golpear las puertas de los cuarteles» para atenderlo a Sanz durante algunos minutos de su discurso resaltando el espanto que le provocaba esa frase. De hecho le dedicó casi todos los tramos de su discurso dirigido a la oposición -la senadora miraba al mendocino insistentemente cuando habló el jueves pasado en el recinto-, salvo por alguna referencia a Rubén Giustiniani en la sesión de presentación del jefe de Gabinete.

Insistencia

Pero no bastó, al parecer, para intimidar a los radicales que ayer insistieron en advertir que recurrirán a la Justicia si en Diputados finalmente ese proyecto se transforma en ley.

Sanz y el resto del radicalismo consideran que la cesión de facultades al jefe de Gabinete, realizada a través de una modificación permanente al artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Organos de Control del Estado, es inconstitucional. Buena parte de esos argumentos se explicaron en el recinto del Senado el miércoles pasado, sobre todo en cuanto al tiempo -estos poderes para modificar el destino y la finalidad de partidas, como la ejecución del gasto de capital y gasto corriente, siempre se otorgaron por un año y no para siempre como ahora se pretende- y a la oportunidad en que se piden, no estando ahora la Argentina en medio de una emergencia.

Para Sanz, en lo personal, la cuestión de todas formas no es fácil. El mendocino quedó atrapado por Cristina Fernández entre el proyecto de reglamentación de la Comisión Bicameral que controlará los decretos de necesidad y urgencia, y el pedido intempestivo del gobierno para que se sancionaran los superpoderes al jefe de Gabinete.

Cuando Sanz concurrió a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de hace 20 días para discutir sobre los dos proyectos de reglamentación del control de los DNU -el suyo y el de Miguel Pichetto, que habían quedado en carrera de una quincena de iniciativas que se habían presentado- no sabía que Cristina aparecería con una versión propia, «superadora» como gusta decir en el Congreso, sobre esa reglamentación.

Posicionamiento

Lo que sucedió esa tarde terminó marcando la posición del radicalismo, primero en relacióncon el tema DNU y despuésalcanzando también a la cuestión de «superpoderes».

Cuando la senadora anunció la existencia de su « proyecto» intermedio y comenzó explicando que no podía aplicarse la «sanción ficta» para la ratificación de los decretos de necesidad y urgencia, todas las caras cambiaron en el Salón Illia del Senado. Se pensó, inmediatamente, que Cristina se mantendría coherente con su posición de 2000 y 2002 en torno al férreo control parlamentario de los DNU -es decir, que pasados 30 días de su notificación por el Ejecutivo si éstos no son aprobados por ambas cámaras quedan automáticamente rechazados-, pero unos minutos después la senadora explicó que no podría ponerse un plazo para el tratamiento en el Congreso, algo que inicialmentejustificó en que, por esa vía, deberían someterse nuevamente a supervisión del Congreso todos los DNU vigentes (por lo menos desde 1994), con el consiguiente caos legal.

Recriminación

Sanz, obviamente, no distinguió inmediatamente la diferencia de lo que planteaba Cristina y no tuvo más que palabras de elogio para el proyecto, aunque con la tibia salvedad de que la UCR votaría en disidencia el artículo donde el plazo obligatorio brillaba por su ausencia. Inclusive, comprometió en el mismo momento el apoyo para la votación en general. Buena parte del bloque UCR luego se lo recriminó y se vio el cambio de postura en la votación en el recinto.

Para mala suerte de Sanz, a ese apurón en la comisión le sobrevino la presentación del proyecto oficial de « superpoderes», que aunque el gobierno lo niegue, actúa como todo un sistema en consonancia con la reglamentación de decretos para otorgar un Poder Legislativo inusitado al Presidente.

Por eso en el recinto de sesiones se pudo oír, al menos en una ocasión, a Cristina razonando sobre el cambio de opinión de Sanz respecto de los decretos, lo que sonaba casi como una amenaza de revelar, de hecho existía una carpeta relativa al tema sobre la banca de la senadora, lo que había sucedido en esa reunión de comisión. Sabía la primera dama que con la UCR casi controlaba la situación. De todas formas, no bastó para que los radicales ratificaran, a pesar de la presión, que recurrirán a la Justicia contra los «superpoderes», acusados ahora por el kirchnerismo hasta de actitudes casi golpistas.