La Tablada: temen cadena de motines si firman conmutación de penas

El gobierno acatará un nuevo pedido de la Comisión Interamericana de Derechos de la OEA de que el Poder Ejecutivo adopte una medida excepcional para remediar la situación de los condenados en juicio de instancia única (según la Ley de Defensa de la Democracia) al atentar contra el cuartel de La Tablada en 1989. En esa recomendación, que fue adelantada anoche desde Washington al propio Fernando de la Rúa, se admiten los argumentos de Buenos Aires de que la Argentina ya agotó -para cumplir con la recomendación de la Comisión-las posibilidades de que el Congreso y el Poder Judicial concedan esa segunda instancia de revisión de las condenas. Por eso sugerirá que se adopte alguna medida que el gobierno resolverá en una reunión de funcionarios convocada para hoy. En esa oportunidad el Presidente deberá elegir, en la peor situación que pueda imaginarse respecto de un problema que no provocó, pero que el gobierno agravó hasta límites inimaginables, algún camino.

Ayer De la Rúa presumió en público que podría haber una conmutación de penas de los condenados por al ataque terrorista de 1989. Pero anoche sus funcionarios le recordaron que esa medida provocaría una cadena de motines de fin de año en todas las cárceles del país con condenados de todo delito pidiendo por lo menos un trato similar.

El Presidente analizó el mensaje de Washington anoche en una reunión en Casa de Gobierno a la que asistieron los ministros Chrystian Colombo, Jorge de la Rúa, Adalberto Rodríguez Giavarini, Federico Storani y el secretario Horacio Jaunarena (Presidencia) y Leandro Despuys (Cancillería). La conclusión fue que al gobierno le quedan dos caminos, o dictar un decreto de necesidad y urgencia creando la segunda instancia judicial, o aliviar -por razones humanitarias-la situación de los presos que llevan una huelga de hambre para presionar por su libertad. O sea una clásica encerrona en las que suele caer el gobierno: no motivó el problema, postergó la solución y termina pagando todos los costos políticos.

Posición

El más alto de los precios es que el mutismo del gobierno -que no ha logrado en un año que el público conozca cuál es su posición frente a este problemalos presos de La Tablada hayan logrado apoyos a la causa de su libertad como cuestión humanitaria y sin examen del trasfondo jurídico de su situación. Rodríguez Giavarini relató en la reunión que no hay gira que no sea interrumpida en algún momento por un cuestionamiento por los presos de La Tablada. Storani dio un ejemplo similar cuando debió enfrentar en la embajada de Holanda un requerimiento de los embajadores de los países europeos a quienes debió dar explicaciones sobre detalles que los diplomáticos admitieron desconocer. Es decir, una obra maestra del activismo montada por el líder del MTP Enrique Gorriarán Merlo, que se hace fotografiar en extrema delgadez como fruto de su ayuno, pero también de una dolencia estomacal de pronóstico más que delicado.
El grupo que ayer se citó con el Presidente está dividido en tres criterios:

El ministro Jorge de la Rúa quiere que su hermano firme un decreto de necesidad y urgencia creando la instancia de revisión del juicio, algo que el Congreso nunca votó y que la Cámara de Casación se negó a conceder. La creación de esa segunda instancia va de la mano del proyecto de ley, también demorado, de que el llamado 2 x 1 no se aplique a detenidos con sentencia firme. Es la manera de que los condenados de La Tablada no pidan ser considerados «procesados» y que así cada día en prisión se les compute doble, es decir una orden de liberación inmediata. El punto débil de esta posición es que la Corte ya descartó este mecanismo y ese nuevo decreto podría ser declarado nulo ante una presentación ante ese tribunal.

Jorge de la Rúa recibió ayer el apoyo de un peronista que compartió con él la banca de convencional constituyente en Santa Fe en 1994, Jorge Yoma. El legislador riojano afirmó que la Argentina «debe cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en sentido de llegar una doble instancia, que en el caso de los presos de La Tablada no se cumple». Yoma recordó que en el caso del juicio a los miembros del Movimiento Todos por la Patria «no hubo posibilidad de apelar; entonces hubo un cuestionamiento para que se autorice una segunda instancia. Lo que no quiere decir que van a salir en libertad», aseveró. Sin embargo, descalificó la posibilidad de conmutar penas, por entender que es una facultad que significa «un resabio monárquico».

Un segundo grupo que integran Storani y Conti están a favor de una conmutación selectiva de las penas. Ninguno de ellos quiere pasar a la historia como los victimarios de presos que algunos consideran políticos. Argumentan en favor de la medida que ya en 1994 Carlos Menem firmó una conmutación de penas a favor de un condenado de La Tablada. Fue en el caso de Guillermo Maqueda a quien se le redujo la pena por el decreto 1680 del 23 de setiembre de 1994 porque su caso llegó a la Corte de Derechos Humanos de Costa Rica. Menem logró evitar los conflictos que hoy atribulan a De la Rúa, con una picardía: disfrazó el caso del terrorista Maqueda camuflándolo en el mismo decreto donde le conmutó la pena a una larga lista de presos comunes.

El punto débil de esta posición es que el caso de los actuales presos sólo ha sido motivo de una «recomendación» de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA a la Argentina para que en el futuro se cree la segunda instancia en juicios.

Esto lo impone la Ley de Defensa de la Democracia que pensó Raúl Alfonsín para reprimir eventuales golpes militares. La Comisión no consideró que el caso debía pasar a la Corte de Costa Rica, pero Conti y Storani advierten que eso puede ocurrir si la Argentina no responde con algo a esta crisis.

Una tercera opinión es la que le hizo llegar al Presidente su ex ministro Ricardo Gil Lavedra en el sentido de que no conviene intentar la creación de la segunda instancia judicial por decreto, como tampoco es oportuna la conmutación de penas. Gil Lavedra es hoy un ácido crítico de la demora del gobierno que él mismo integró en solucionar el problema cuando se trataba sólo de votar una ley procesal en el Congreso que abría la segunda instancia para casos futuros.

Abona esa percepción un hecho que testimonian todos los que en el gabinete hablan con el Presidente sobre La Tablada: De la Rúa guarda en su real pecho su opinión sobre el tema. Anoche el Presidente escuchó una vez más las opiniones de sus ministros, pero tampoco les abrió el corazón sobre qué quiere hacer. Por eso los funcionarios se limitaron a exponerle los fundamentos de cada escenario posible para una salida que es inevitablemente, ya de apuro y a pura pérdida.

En la mesa de anoche quedó claro que la opinión pública, en todos los sondeos recogidos por el gobierno, rechaza la idea de que se promueva la libertad de los presos de La Tablada. La presión de los activistas que los respaldan, que hasta trajeron hace una semana al país al célebre escritor y premio Nobel José Saramago nada más que para pedir por esas libertades, parecen haber capturado la voluntad de funcionarios y legisladores.

Rechazo

Esa captura de voluntades llegan a tal punto que nadie se anima a exponer ante el Presidente un cuarto camino, que es dar un giro a la actitud que ha llevado hasta ahora y rechazar la extorsión de los huelguistas que parece, con muy poco, Ayer De la Rúa se lamentó de que la gente ha olvidado los horrores de ese ataque terrorista y que ahora produce manifestaciones en favor de alguna medida. El gobierno que él preside es, sin embargo, responsable de esa amnesia, en su voluntad de dejar correr el reclamo sin buscar una solución, haciéndose eco sólo de algunos pedidos de parte. Uno de ellos es el del alfonsinismo ortodoxo que buscó evitar que el Congreso voltease el último resto de la ingeniería jurídica de Alfonsín que es esa Ley de Defensa de la Democracia. El otro es el temor a malquistarse con sectores del Poder Judicial que actuaron en el juicio de La Tablada y cuyo rol se abriría de nuevo a debate si hubiera una revisión en segunda instancia del proceso.