A la comisión del presunto lavado de dinero en la Argentina -algo que ni los norteamericanos creen-la han amenazado con juicios por calumnias, daños y perjuicios 23 pronunciamientos conocidos. Ya llegaron 8. El octavo ayer fue del laboratorio Roemmers, al que el informe de la diputada Elisa Carrió entre decenas de menciones de presuntos «negociados» incluyó por haber efectuado un pago coincidente en la época en que se sancionaba la Ley de Patentes. Sólo eso, una coincidencia de épocas. Por supuesto ya lo del «lavado de dinero» quedó como una excusa para recopilar por la Carrió todo hecho denunciado o rumoreado, denunciado o no a la Justicia, probado o no, de los últimos años. De Roemmers es por simple «presunción» de un pago en época de esa sanción.
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Están alarmados los diputados colegas de Carrió en esa comisión porque las cartas documento amenazan con los juicios y la posibilidad de pedir resarcimiento económico la extienden los denunciantes a todos los integrantes.
Pero no paran ahí los problemas de la tan poco sólida diputada. Trascendió ayer que las denuncias que recibía en forma de fotocopias se las suministraba un conocido periodista de la izquierda criolla. Como se trataba de organismos internacionales serios de actuar secreto o discreto al menos (por caso IMOLIN, de Estados Unidos), el aportante le decía a la diputada que las había obtenido «de un hacker que logró penetrar sus computadoras». Ese material le llevó, obviamente, al juez Jorge Urso, el obsesionado con Carlos Menem, y al fiscal Carlos Stornelli, con no menos obsesión contra el ex presidente.
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