"Las low cost deben respetar la historia y el modelo sindical argentino"

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte realizó una conferencia de prensa, luego de celebrar el congreso de la Juventud. Allí estuvieron Julián Sosa (Juventud ITF), Antonio Rodríguez Fritz (ITF Américas), Julio Sosa (La Fraternidad-CATT), Padraig "Paddy" Crumlin (presidente ITF) y Stephen Cotton (secretario general ITF).

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés) alertó por el desembarco en el país de las aerolíneas low cost y reclamó un respeto por los derechos laborales de los empleados aeronáuticos en la Argentina. Además, exigieron el fin de la intervención en el gremio marítimo SOMU, que antes lideraba el encarcelado Omar "Caballo" Suárez.

Durante una conferencia de prensa brindada en el Hotel Sheraton de Retiro, el presidente de la IFT, el australiano Padraig "Paddy" Crumlin, aclaró que desde la entidad no rechazan la apertura de los cielos argentinos, pero exhortan a mantener una sana competencia entre las compañías aéreas. "No estamos en contra de la competencia y vamos a representar a los trabajadores en todos los mercados, pero queremos una competencia real basada en ciertos requisitos: la salud y seguridad no deben comprometerse, como tampoco los derechos fundamentales", subrayó el marítimo Crumlin.

"Violentar algunos de esos estándares no es competencia, es bajar los estándares y abrir el mercado a otro tipo de negocios. Sin derechos o condiciones laborales básicas no vas a tener un estándar de salud y seguridad", agregó el mandamás de la ITF.

Crumlin insistió que la Federación "no está en contra" de las aerolíneas de bajo costo, pero recalcó que "si estamos en contra de la utilización de los modelos de low cost para bajar esos estándares de seguridad, salubridad y condiciones laborales".

"Instamos a que haya mayor transparencia y control para que esos estándares se sostengas, también para velar por la protección de cada uno de los pasajeros que se van a subir a esos aviones", destacó el dirigente gremial.

A su turno, el secretario general de la ITF, el británico Stephen Cotton reclamó a los nuevos jugadores del sector un respeto por los pilotos y trabajadores aeronáuticos. "No estamos en contra de esas aerolíneas, pero si rechazamos la competencia injusta. Todos conocen que el mercado laboral argentino es mucho mejor que un inglés o un australiano. Su sistema está basado en acuerdos sindicales con beneficios sociales. En este momento no se puede dejar caer el modelo de la Argentina y esperar que todo el mundo lo acepte", advirtió.

"Cada de las aerolíneas de bajo costo que venga a la Argentina y quiera disfrutar de los beneficios que pueden otorgan los consumidores y viajantes tiene que entender y respetar el mercado laboral argentino, particularmente en el transporte. Las low cost pueden ingresar a la Argentina, pero deben respetar la historia y el modelo sindical argentino", añadió Cotton.

Los dos líderes de la organización internacional arribaron esta semana a Buenos Aires para participar del congreso de la Juventud de la ITF, que reúne a más de 150 sindicatos de 50 países, con 5 millones de representados en todo el mundo. En este marco, dialogaron con la prensa acreditada para repudiar la intervención estatal al Sindicato de Obremos Marítimos Unidos (SOMU) y respaldar la huelga general convocada por la CGT para el próximo jueves 6 de abril.

Sobre el paro nacional, "Paddy" Crumlin recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "reconoce" las paritarias libres como un "derecho de los trabajadores para acceder a negociaciones que ajusten sus salarios por inflación" y defendió la medida de fuerza. "Los trabajadores tienen derecho a ejercer sus acciones, siempre respetando las leyes vigentes. Las acciones de la semana que viene están enmarcadas en estos derechos y dentro de este proceso. Lo que más nos preocupa es cuando hay acciones legales o judiciales que se interponen para negar algunos de los derechos a los trabajadores", remarcó.

• Intervención

En ese marco, el presidente de la ITF condenó la decisión del Gobierno nacional de nombrar como interventora del SOMU a la diputada del PRO Gladys González, quien ya cesó en el cargo y migró a la ACUMAR. "Se deben tomar todas las garantías para que se respeten todos los derechos sindicales de los afiliados al SOMU como así también las garantías judiciales para Omar Suárez. No estamos para inmiscuirnos en las políticas internas, pero sí para defender el derecho a un proceso legal justo, y sobre todo, el derecho a ejercer el movimiento sindical", sostuvo Crumlin en la conferencia.

"Queremos garantizar que el buen diálogo tripartito entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos se mantenga y por eso nos hemos ofrecimos a las altas autoridades nacionales a conversar, participar y mediar, pero hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta favorable. Nuestra obligación, entonces, es garantizar que se mantengan el diálogo social y los derechos laborales", completó.

Stephen Cotton sumó su pedido para finalizar con el proceso judicial en el gremio ordenado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, tras la detención de Suárez por múltiples acusaciones de defraudación. "Estamos gravemente preocupados por la falta de un debido proceso en el SOMU, que es uno de los sindicatos más antiguos de la Argentina. La intervención es inaceptable para un sindicato que tiene que proteger a tantos trabajadores marítimos. Es inaceptable la decisión del Gobierno de poner en la intervención gente ajena a los directivos gremiales que eligieron los trabajadores", dijo el secretario general de la entidad.

"Estamos shockeados y decepcionados porque el Gobierno no cumple con los derechos de los trabajadores en un país democrático", subrayó Cotton, y exigió a la Casa Rosada "el cese de la intervención para que se permite a los trabajadores del SOMU ejercer su derecho democrático de conducir a su gremio y a los trabajadores decidir sobre el patrimonio del sindicato".

"Creemos que la intervención está motivada políticamente. La posición del Gobierno va en detrimento de cada uno de los miembros del SOMU", se quejó el sindicalista inglés.

A su turno, el secretario gremial de la Fraternidad, Julio Sosa, también presente en la conferencia remarcó que todos los gremios de la CATT se manifestaron en este sentido, y que desde la CGT enviaron cartas al Ministerio de Trabajo y al presidente Mauricio Macri para solicitar la "pronta normalización" del SOMU. "No solo por el problema laboral, sino por la salud de los compañeros", detalló Sosa. "Los sindicatos argentinos se expresaron en más de una oportunidad" en contra de la intervención.

• Garantías

Crumlin aclaró que el sindicato de marítimos no tiene acusaciones en su contra y que los afiliados "necesitan mantener" las paritarias y servicios de la obra social vigentes. Pero además, ligó la intervención y detención del "Caballo" Suárez con el cambio de gestión en 2015. "No se ve muy bien desde el exterior lo que sucede en la Argentina. A prima facie la lectura política que se puede hacer es que Omar Suárez era muy cercano al gobierno anterior, y lo mismo que no debería estar encarcelado sin tener formalizados los cargos, ni negarle la posibilidad de la libertad bajo fianza, hasta que se compruebe lo contrario, como a cualquier ciudadano. Hay una percepción internacional y nacional de que hay una parte política en la detención de Suárez", alertó.

En esa línea, el presidente de la ITF exhortó a la Nación a que se "vele" por los derechos ciudadanos. "No vamos a decir nosotros qué fianza se debe pagar, pero sí haremos hincapié en que se debe respetar los derechos democráticos del sindicato y de los trabajadores a poder mantener a sus representantes electos. No podemos afirmar si Suárez es un preso político, pero creemos que la mejor manera de solucionar ese planteo es arrojando claridad sobre esos aspectos y que los trabajadores ejerzan sus derechos democráticos en el SOMU y que Suárez tenga garantizados los mismos beneficios legales que los otros ciudadanos", manifestó Crumlin.   

Cotton recalcó que "todos tiene derecho a declararse inocente hasta que se demuestre lo contrario y eso es una derecho fundamental de cualquier ser humano en un país democrático". "Incluso, el presidente Macri cuando estaba en la oposición ha tenido cargos en su contra. De la misma manera que cuando el mandatario tuvo derecho a estar libre mientras se le seguían las investigaciones y los debidos procesos, Suárez tiene derecho a estar en libertad o a pagar una fianza. El proceso es contra Suárez y no contra el sindicato", reiteró el gremialista.

Suárez permanece detenido desde septiembre de 2016, cuando lo acusaron de ser liderar una "asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción" en el ámbito del SOMU, en la obra social del gremio, la Fundación Azul, la Mutual y las empresas vinculadas San Jorge Marítima S.A y Malonot S.A.. Desde ese momento, la institución quedó bajo el mando de González, Santiago Viola y Jorge Alonso, en primera instancia, dejando luego únicamente a la legisladora macrista. Al dejar el cargo de interventora, González aseguró que tras el saneamiento del sindicato se logró un ahorro de $ 127 millones. Sin embargo, la Federación exige la devolución de la organización a sus trabajadores.

"Desde del exterior y desde la FIT suena mucho a una persecución política. El SOMU y su líder gozan de una excelente reputación en defender los derechos de los trabajadores, ya sea de los marítimos o pesqueros, pero además en establecer una flota de bandera nacional. El proceso democrático también implica cambios en el Gobierno y las relaciones cambian, pero si le preguntamos a los 13.000 afiliados quién fue el que hizo un buen trabajo defendiendo sus derechos y salarios van a decir Omar Suárez. Dejemos que el proceso democrático legal se ocupe de los cargos y mientras tanto dejemos que los líderes electos por los trabajadores vuelven a ejercer su trabajo. El Gobierno debe detener la intervención. Una cosa es Omar y otra el sindicato", concluyó Cotton.