Lavado: la otra SIDE se nombrará a dedo

El gobierno avanzó ayer en la creación de la polémica comisión que controlará al sistema financiero con el fin de combatir el lavado de dinero en el país. La redacción del decreto reglamentario de la ley de lavado de dinero fue analizada ayer en una segunda reunión entre funcionarios de la DGI, como Roberto Sericano, Pedro Pou y Samuel Domper, del Banco Central; el secretario de Prevención contra el Narcotráfico, Lorenzo Cortese, y Virgilio Loiacono, secretario Legal y técnico de la Presidencia; además de Ricardo Eilbaum, secretario de Coordinación del Ministerio de Economía y funcionarios de Justicia. A pesar de los avances en el decreto, que sería anunciado a partir del próximo viernes, dentro del nuevo paquete de decretos que elabora el Ejecutivo, ayer el propio Crhystian Colombo reconoció que el gobierno sigue dividido en torno al tema.

«Estamos viendo la conformación y la facultades que va a tener una comisión porque, de acuerdo con la legislación, son muy amplias», explicó ayer Colombo, quien reconoció: «Hubo una discusión acerca de los alcances de lo que podía hacer esa comisión y cómo iban a ser designados sus miembros».

Este es precisamente el centro de las discusiones que envuelven al gobierno sobre la ley de lavado de dinero y que paralizaron hasta ahora -y amenazan con seguir haciéndolo por un tiempo-la puesta en marcha de la ley y la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, el cuerpo de 6 miembros dependientes del Ministerio de Justicia encargados de investigar toda operación financiera superior a $ 10.000.

Toda una ala del gobierno, dentro de la que obviamente no está incluido Jorge de la Rúa, piensa que otorgar semejante poder a un organismo político no da suficientes garantías de confidencialidad sobre los datos de las operaciones que deberá informarle todo el sistema financiero.

Designaciones por decreto

Pero hay otro dato que se conoció ayer que abrirá una nueva polémica. Si bien Colombo recordó que los funcionarios de la comisión serán designados «por antecedentes», como indica la ley de lavado, el procedimiento de llamado a concurso para sus miembros es tan complicado que en la reunión de ayer se habría decidido apurar los tiempos y comenzar nombrándolos provisoriamente por decreto para poner en funcionamiento cuanto antes esa comisión especial. Una vez que concursen los cargos, los postulantes definitivos pasarán a ocupar sus lugares. Así, el gobierno tendría libertad total para llenar los cargos en una primera instancia.

Plagada de errores

Los funcionarios del ejecutivo que analizan la ley contra el lavado de dinero creen que la redacción que fue votada en el Congreso está plagada de errores. Por eso, justifican muchas de estas medidas excepcionales en la necesidad de hacer operativa una norma plagada de falencias.

De esta manera, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico contarían con un miembro cada una en la nueva Unidad de Inteligencia, más cinco expertos en la materia que se deberán concursar en el futuro.

La reglamentación de esta comisión tomó mayor impulso ayer, cuando se difundió una investigación del senador demócrata estadounidense Carl Levin sobre la situación del lavado de dinero en la Argentina que involucra a bancos argentinos y a tres entidades que operan en el país de haber participado en actividades ilícitas en la red de lavado de dinero.

El informe de Levin obvió recordar que, en realidad, las financieras offshore que trabajaban con muchos bancos nacionales y extranjeros no estaban obligadas a exigirles a sus clientes los mismos requisitos e información personal que los locales pedían para casos semejantes.

Una falencia similar del estadounidense puede detectarse al haber omitido en el informe los movimientos de triangulación de fondos de otros bancos transnaccionales, como es el caso del giro de fondos de los sobornos descubiertos en el caso IBM-Banco Nación.

Además, los hechos que se denuncian sucedieron en los años 1992-'93, cuando en la Argentina no se localizaban problemas en torno al lavado de dinero.