Lavagna y De Vido fueron denunciados por el ARI

Los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Planificación federal, Julio De Vido, fueron denunciados hoy por un grupo de diputados del ARI por presuntas irregularidades cometidas en la renegociación del contrato firmado con la empresa Aguas Argentinas.

La presentación fue realizada ante el juez federal Jorge Urso por los legisladores Eduardo Macaluse, María América González, Marta Maffei y Adrián Pérez, quienes acusaron a los ministros de haber incurrido en los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad".
  
En la denuncia, los diputados explicaron que el 14 de junio el Poder Ejecutivo firmó un decreto mediante el cual se renegoció el contrato con Aguas Argentinas hasta diciembre próximo, pese a los graves incumplimientos de la empresa desde que se hizo cargo de la concesión.

Al respecto, recordaron que la firma, de origen francés, adeuda 1.200 millones de dólares en concepto de multas (400 millones por falta de presión a los usuarios y 800 millones por no notificar a los clientes no residenciales que podían usar el servicio medido).

También señalaron que la firma no efectuó inversiones por 500 millones de pesos a las cuales se había comprometido y que hay un decreto de 2002 que prohíbe renegociar contratos con compañías que denunciaron al Estado argentino en tribunales internacionales, como es el caso de Aguas.
  
La denuncia también destaca que desde que fue sancionada la ley de Emergencia Económica durante el gobierno de Eduardo Duhalde, el Ejecutivo puede renegociar contratos de obras y servicios públicos, pero sus decisiones deben ser consultadas con la Comisión Bicameral de Seguimiento que funciona en el Congreso.
  
Para el caso de las empresas privatizadas, se creó una Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), integrada por Lavagna y De Vido, quienes suscribieron un acta acuerdo con Aguas Argentinas y luego firmaron un decreto que permitió la renegociación del contrato.
  
Para los diputados del ARI, los funcionarios "ejercieron una facultad que sabían que era ilegal e inexistente, guardando en el dictado del decreto una apariencia de legalidad para traicionar a la ley en su sustancia y la división de poderes de la Constitución Nacional".