Le conceden apenas un penal al hijo de Cafiero

Se reflotó la idea de aliviar las comisarías de la provincia de Buenos Aires con los más de 7 mil detenidos que esperan juicio. Para eso adaptarán el cuartel que fue de un regimiento de Infantería del Ejército en la ciudad de Mercedes, hoy en manos de la Gendarmería, y crearán una cárcel que sirva para desagotar de presos las comisarías, abrumadas por los delincuentes.

Juan Pablo Cafiero, como máximo recurso para aliviar la inseguridad en su dominio bonaerense, repuso una idea de otros. En apariencia, se la consintieron. El resto de los pedidos que trasladó a otras unidades de seguridad fue rechazado. Curiosamente, reclama asistencia al tiempo que convalida a quienes sostienen que la inseguridad no es tan grande y que la oleada de secuestros es una campaña de los medios. Por sí mismo, se engancha al anzuelo.

En reuniones con jefes de Gendarmería, Cafiero pidió que le cedieran un predio, antaño ocupado por un regimiento del Ejército, en la localidad de Mercedes, al cual desea refaccionar para convertirlo en precario penal. Su objetivo: trasladar a ese sitio a los 7 mil presos que hoy se alojan en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. En rigor, le toma la idea a los evangélicos, quienes habían rogado a distintas autoridades para que ese predio de Mercedes sirviera para albergar a los presos que profesan esa religión (como se sabe, los evangélicos han hecho un gran trabajo en las cárceles y en la recuperación social posterior de los ex presidiarios). Lo que no les dan a los evangélicos sí parece que se lo cederán a Cafiero hijo.

• Convivencia

Como única propuesta razonable, le aceptan al funcionario la demanda: es casi intolerable para la Policía compartir las comisarías con miles de presos, atendiendo a las familias, intermediando, convirtiéndose en guardiacárceles al tiempo que debe enfrentar la batalla cotidiana contra la delincuencia. Una absurda convivencia que se arrastra por largos períodos y establece, en algunos casos, distorsionadas relaciones.

Claro que la medida, a mediano plazo, no parece una solución para la escandalosa escalada de secuestros, asaltos y crímenes que se observan en el distrito. Si ya parecía difícil encontrar una alternativa a este problema con uno de los Cafiero en el poder, ahora esa certeza se empieza a comprobar. No por lo del predio en Mercedes, sino por su resistencia permanente a cualquier reclamo de los uniformados que dirige. Y hasta de aquellos a los que les reclama consejos, tipo la Gendarmería, la Prefectura y hasta el Servicio Penitenciario que, en el orden nacional, seguramente será equiparado jerárquicamente a las otras fuerzas.

Cuando le sugirieron la conveniencia de avanzar sobre el Congreso para votar una ley que baje la edad de imputabilidad de los menores que delinquen (hay algunos en libertad con más de un homicidio), ni siquiera aceptó la posibilidad del diálogo. Recalcitrante, no aceptó siquiera la discusión. Peor aún: rechaza también proyectos más moderados de agravar penas a delincuentes adultos que usen a menores como cómplices.

Esta reticencia, oculta bajo un presunto manto de «garantismo», es parte de la respuesta de los policías bonaerenses, a quienes se acusa de trabajar a desgano. Algunos parecen hartos de que, tras un tiroteo, el uniformado termine detenido y procesado, mientras el ladrón se va a su casa. O, en otros casos, si el delincuente muere en el enfrentamiento, todavía se auspicia a su familia para que accione judicialmente pidiendo dinero y cárcel contra el policía que le disparó.

Claro que esa actitud resignada no sólo se encuentra en el ámbito bonaerense ni en esa Policía cuestionada: el resto de las fuerzas nacionales, como las que entrevistó en las últimas horas Cafiero hijo, se niega a participar en operativos conjuntos de seguridad en el territorio que presuntamente domina el funcionario. No confían en su comando y temen ser sometidos a la revisión garantista de sus actos. Eso, por supuesto, no ocurre en el orden nacional. Cierto rechazo les produce ese exceso de garantismo, el mismo que utiliza alguna prensa que responde al CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), una especie de auditora por izquierda de la acción policial y que desarrolla en las páginas del diario de su presidente, Horacio Verbitsky, la teoría de que no hay tanto delito como sostienen ciertos medios. Como si el temor de la sociedad fuera producto de lo que se publica o se difunde en la TV, no por la casi sistemática creciente de los delitos. Sorprende que estos organismos de derechos humanos se sirvan de la misma metodología de los militares de la dictadura: acallar a los medios para creer que determinados delitos no se producen.

La prueba fue ofrecida ayer por «Página/12» al cederle un en apariencia bien informado despliegue a la idea de que los secuestros son inflados por los medios de comunicación, señalando como ejemplo que de los doce últimos ocurridos en la Capital Federal, cuatro fueron autosecuestros. O que otros casos se tratan de ajustes de cuentas privados o represalias por determinado cobro de pesos. Como si la naturaleza de todas esas caracterizaciones les quitase el hecho de ser delitos que necesitan ser prevenidos y, si ocurren, ser investigados y castigados.

• Denigrante

Esa línea política tan asumida por Cafiero hijo sostiene, además, que no hay más delitos que los denunciados oficialmente, una realidad que cualquier ciudadano puede desmentir: quién no sabe de gente que se niega a acercarse a la Policía para formular una denuncia (sea por temor, complicaciones burocráticas, falta de solución o por la represalia presunta de los propios delincuentes). Lo más denigrante de esta realidad es que en los barrios más carenciados o en los pueblos más pobres es donde se multiplica este silencio ante la violencia. Es una mentira dañina afirmar que los delitos son una sensación térmica y no una realidad, casi una pesadilla, que distorsiona la vida común de una sociedad ya golpeada por las crisis.

En las últimas horas, entonces, el funcionario Cafiero ha recorrido sin éxito los despachos de los jefes nacionales de seguridad. No quieren someter a sus hombres a dificultades -al margen de las naturales de la profesión- adicionales que les puede proveer el hecho de actuar en territorio bonaerense. Por lo tanto, no compartirán operativos policiales. Sólo, hasta ahora, el secretario pudo lograr que un grupo de policías federales se ocupe de custodiar las instalaciones donde esa fuerza realiza sus tareas de entrenamiento, en Berazategui. Pero sin el compromiso de salir a las calles a perseguir delincuentes.

Drama en ciernes, entonces, porque a la falta de autoridad, a la nula colaboración, se reconoce cierta animosidad de la fuerza que preside contra el funcionario. O sea, contribuyentes y policías, en Buenos Aires, parecen hoy ser rehenes unos de otros. Además, hay otros antecedentes que indican el desconocimiento de Cafiero hijo de la realidad policial, sea bonaerense o federal: son obvios los problemas de jerarquías entre unos y otros si participan en un mismo distrito e, históricamente, han sido odiosas las diferencias entre las partes cuando operaron de consuno en ciertos episodios. Nadie ignora la historia del cadáver en el Riachuelo, impulsado por un federal hacia la orilla bonaerense y, la respuesta del otro lado, de un uniformado bonaerense empujando el mismo cadáver en sentido opuesto. Poca gente seria ignora este recelo mutuo. Hace dos años, otro principiante en la materia como Carlos Ruckauf generó un grave conflicto cuando, como gobernador, se hizo traer custodia de la Federal. Una falta de respeto difícilmente olvidable. Hoy, Cafiero incurre en procedimientos semejantes, ignora lo propio, también lo ajeno, dice luchar por la vida cuando en rigor parece hacerla peligrar.