En el último año, la morosidad de las familias argentinas se triplicó y marcó un récord desde que hay registros. Actualmente, roza el 10,1% en préstamos personales, según un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Frente a ese panorama, el legislador porteño, Leandro Santoro, presentó un proyecto para promover el "desendeudamiento familiar" de los hogares de CABA a través de una línea especial de crédito del Banco Ciudad. "Es la primera urgencia a resolver", dijo en diálogo con Ámbito.
Leandro Santoro presentó un proyecto para el desendeudamiento familiar en CABA: "Es la primera urgencia a resolver"
El representante de Fuerza Buenos Aires inauguró su segundo período como legislador con la firma de una iniciativa que apunta a aliviar la carga financiera de los hogares de la Ciudad.
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El legislador de Fuerza Buenos Aires inauguró su segundo mandato con una iniciativa para aliviar la carga financiera de las familias porteñas.
De acuerdo a un relevamiento realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, las compras con tarjeta de débito para gastos cotidianos cayeron del 34% al 26%, mientras que el uso de efectivo disminuyó del 20% al 16%. Como contrapartida, el uso del plástico para compras financiadas subió del 39% al 45%.
En ese mismo período, el endeudamiento mediante crédito para consumo cotidiano por parte de familias argentinas se incrementó un 147%, como porcentaje del total del crédito: en poco tiempo pasó de representar el 2,5% al significar un 6,2%. Asimismo, estudios del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) indican que más del 90% de los hogares argentinos mantiene algún tipo de deuda. En algunos casos, tienen hasta dos o más compromisos en simultáneo.
Entre los argumentos esbozados en el texto que ingresó en los últimos días a la mesa de entradas de la Legislatura, se pone especial hincapié en la situación que afecta a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los niveles de endeudamiento per cápita se ubican en la cima del ranking a nivel país: cada porteño acumula una deuda promedio de $1.257.000. Le sigue Santa Cruz, con una deuda promedio por habitante de $748.000.
El proyecto señala que situación "se agrava por el deterioro sostenido del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones e ingresos populares". Que se suma al costo financiero bancario, con tasas de interés elevadas, que encarecen el financiamiento y generan un círculo vicioso de refinanciación, que en algunos casos se vuelve imposible de pagar y por el cual se recurren a otros préstamos, agravando aún más la situación.
Ante este escenario, Santoro avanzó con la presentación del proyecto, que cuenta con la coautoría de Claudia Neira, presidenta del bloque peronista de Fuerza Buenos Aires. La propuesta se enfoca en la necesidad de dar "una respuesta pública específica, focalizada y de carácter transitorio" para "aliviar la carga financiera" de los hogares más comprometidos, a fin de "evitar situaciones de exclusión crediticia, y prevenir el agravamiento de la morosidad y sus efectos sociales".
Actualmente, el crédito ha cobrado mayor preponderancia en la economía familiar dada las dificultades para cubrir los gastos cotidianos con dinero corrientes. Las compras de alimentos y medicamentos, el pago de servicios públicos y hasta los costos del transporte -colectivo y subte- se realizan cada vez más a través de tarjetas bancarias a pagar a mes vencido.
"Para nosotros es una de las principales angustias que está viviendo hoy la sociedad. Por eso es nuestro primer proyecto, porque creemos que es la primera urgencia que hay que resolver", dijo Santoro en diálogo con este medio, quien remarcó que hoy en día cada vez más personas se endeudan "no por decisión sino por necesidad, porque no llegan a fin de mes, porque no tienen resto para solventar urgencias".
Para el legislador del peronismo porteño, la combinación del deterioro en los ingresos, sumado a las "tasas usureras", generó "un círculo vicioso de endeudamiento del que las personas y las familias no pueden salir". "Por eso es tan importante en un contexto de fin de año, con tanto peso emocional, donde además se multiplican los gastos", enfatizó.
Leandro Santoro: "Es un drama social y poder dar una respuesta debería ser obligación de todos"
Consultado por este medio sobre la receptividad que pueda tener el proyecto en el resto de los bloques de la Legislatura, Santoro afirmó por un lado que se trata de una iniciativa que "no tiene costo fiscal", por lo cual tanto el oficialismo como La Libertad Avanza (LLA), que habitualmente ponen en la balanza el impacto en las cuentas de las leyes, podrían acompañarlo.
De todas maneras, aclaró que están dispuestos a debatir cambios, siempre y cuando no pierda el espíritu que persigue. "Estamos abierto a sugerencias y mejoras", señaló y aprovechó para remarcar que en otras provincias "existen antecedentes" de leyes similares. "El mismo gobierno porteño acaba de lanzar una línea de créditos con otro fin, para renovar autos por unidades eléctricos", ahondó.
"Por eso creemos que todos los bloques pueden acompañar la medida y ayudar a hacerla mejor de lo que nosotros proponemos. Es un drama social y poder dar una respuesta debería ser obligación de todos, sean del bloque que sean", completó Santoro.
Requisitos, tasas y quiénes podrían acceder
Ante este panorama, la iniciativa propone crear una "Línea de Crédito Especial para el Desendeudamiento Familiar y Personal" que, en caso de ser aprobada por la Legislatura, será implementada a través del Banco Ciudad "con destino exclusivo a la cancelación de deudas contraídas con anterioridad a la sanción de la ley". Los beneficiarios de la ley podrán solicitar la línea dentro de un plazo máximo de 30 días corridos desde la implementación de la misma.
En cuanto a los sujetos alcanzados, el proyecto indica que podrá acceder al crédito especial "toda persona humana cuyas deudas tengan compromisos mensuales que superen el 40% de sus ingresos mensuales", siempre y cuando lo percibido por el beneficiario sea menor a 10 salarios mínimo, vital y móvil. Además, deberán contar con domicilio establecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una antigüedad de dos años.
Con respecto a las tasas de interés, la Tasa Nominal Anual (TNA) deberá ser "equivalente al costo de fondeo de la entidad" y no podrá superar en ningún caso el 40%. Para ejemplificar la importancia de la iniciativa, el legislador explicó que al momento de la presentación del presente proyecto la TNA de un plazo fijo para personas humanas de 30 a 44 días se encuentra en 20,50%, mientras que el interés por financiarse en pesos mediante tarjetas de crédito es del 94%: "Es casi 5 veces más".
La duración del crédito no podrá ser menor a 36 cuotas mensuales.
Entre los beneficiarios estarán empleados en relación de dependencia, monotributistas y jubilados. Y será la Autoridad de Aplicación la que defina los requisitos puntuales para aplicar a la línea de crédito en el caso de las personas humanas que no posean cuenta en el Banco Ciudad.
Además, ordena instruir a la entidad bancaria de CABA a establecer los mecanismos necesarios para que los trabajadores de la economía informal también puedan acceder a un crédito similar, que podría ser otorgado a través de Ciudad Microempresas S.A..
Por otro lado, también estipula cupos para una serie de destinatarios para el caso de que la demanda de créditos especiales por parte de los vecinos exceda los recursos disponibles de la entidad.
- a. Hogares con responsabilidad de cuidado sobre menores, adultos mayores y/o personas con discapacidad.
- b. Jubilados y pensionados.
- c. Hogares con estudiantes de educación de gestión pública.
- d. Hogares inquilinos.
- e. Personas beneficiarias de Asignación Universal por Hijo, Ciudadanía Porteña, y otro beneficio social a definir por la Autoridad de Aplicación.
A su vez, contempla sanciones para el caso de que el beneficiario no utilice el dinero para los fines que estipula el proyecto. No solo perderá el beneficio, sino que también tendrá que pagar una multa por un valor igual a cinco veces el monto recibido, a los que se le sumarán los intereses devengados de acuerdo a la Ley N°6926. El proyecto también contempla la posibilidad de accionar con sanciones penales, civiles y/o administrativas que puedan corresponder.
"La iniciativa no persigue fomentar nuevo endeudamiento, sino ordenar y reducir pasivos existentes, sustituyendo deudas de alto costo por un financiamiento más accesible; con plazos adecuados y tasas significativamente menores", aclaran en los considerandos de la iniciativa.





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