Ministra jujeña sostuvo que "es imperativa" la aprobación de la prórroga de la ley de tierras

La Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras, fue prorrogada por cuatro años mediante un DNU firmado por el presidente Alberto Fernández el 18 de noviembre pasado.

La ley 26.160 está vigente desde 2006 y  ordena al Estado nacional la realización de un relevamiento y demarcación de las tierras indígenas. 

La ministra de Desarrollo Humano de Jujuy, Natalia Sarapura, juzgó como "imperativa" la aprobación de la prórroga de la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, por constituir "un acto de reparación histórica con los pueblos indígenas" y un "reconocimiento" jurídico para esas comunidades.

La funcionaria consideró que "lo que necesita Argentina es una ley de propiedad comunitaria de la tierra, por eso la Ley 26.160 es un acto de reparación que a nosotros como Estado provincial nos ha permitido avanzar y tener conocimiento de las comunidades enmarcadas en esta ley".

El 18 de noviembre pasado, el presidente Alberto Fernández prorrogó por cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por medio de un DNU a través del cual también se suspende, por el mismo plazo, la ejecución de sentencias sobre los respectivos litigios.

La ley (que actualmente tiene media sanción en el Senado) fue sancionada a fines del 2006 por un plazo de vigencia de cuatro años, en conformidad con el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT.

Según la información oficial, la situación en cuanto a la posición territorial de esas comunidades es variada, debido a que hay pueblos indígenas que están en posesión ancestral de sus tierras y no tienen conflictos, mientras otros atraviesan disputas ante intereses privados, con distinto grado de conflictividad.

"Para todos estos aspectos es necesario identificar y avanzar en el conocimiento acabado de la situación de las comunidades y tener una herramienta técnica que ayude a buscar posibles soluciones, muchas veces judiciales, ante el choque derechos", explicó Sarapura.

Jujuy continúa trabajando en las diferentes instancias que contempla la ley, en coordinación con representantes del Consejo de Participación Indígena, y en este año se entregaron 21 carpetas técnicas a comunidades aborígenes en el marco del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, señala la información oficial.