Leyes del perdón: fallo para diciembre

Fines de diciembre. Esa es la fecha que, especulan, los integrantes de la Cámara de Casación tendrían listo una definición sobre la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ese fallo, también, comprendería un pronunciamiento sobre la ley sancionada por el Congreso que anuló las leyes del perdón.

Ese dictamen aparece como obligatorio porque a partir de la anulación del Congreso volvieron a reactivarse las causas contra militares por delitos de lesa humanidad cometidos durante el proceso. Se estima que por este nuevo proceso, más de 2.000 militares, policías y civiles serían llevados a juicio.

La decisión de la Corte sorprendió hasta a los integrantes de Casación que no esperaban ninguna resolución hasta que el Tribunal tuviera su nueve miembros, es decir, la «regla de nueve» que había señalado el supremo Carlos Fayt.

Hasta ayer la Corte no había remitido el expediente para que la Cámara de Casación comenzara a tratar el caso y se ignoraba en qué sala recaería. No obstante, todas las presunciones se inclinaban por señalar a la Sala I como la futura receptora de ese expediente. De allí saldría el fallo sobre la inconstitucionalidad o no de las leyes del perdón, porque ese Tribunal fue el que habilitó la vía para que la Corte estudiara el tema, cuando el juez Gabriel Cavallo y luego la Cámara federal porteña declararon inconstitucional la Obediencia Debida y el Punto Final.

En un fallo que llevó los votos de los jueces Liliana Catucci y Alfredo Bisordi, con el voto de un tercer subrogante, concedieron un recurso extraordinario presentado por la defensora oficial Silvia Otero Rella -en representación del militar Juan Antonio del Cerro, alias «Colores»- y remitieron el expediente a la Corte. Por esta causa se encuentran detenidos los militares Julio Simón, alias «el turco Julián» y Del Cerro, acusados por la apropiación de Victoria Poblete, cuyos padres biológicos fueron secuestrados y hoy están desaparecidos.

Luego de dos años de estudio, finalmente la Corte consideró que en un tema de trascendencia constitucional debían pronunciarse todas las instancias, y destacó que la Cámara de Casación funcionaría en este caso como un tribunal intermedio.

Se especulaba anoche con que Casación iría más abajo aún y remitiría el expediente al juzgado de primera instancia, lo que significaría que una definición al respecto demoraría cerca de dos años.