López Obrador frena la privatización del sector eléctrico

Política

El presidente de México apunta a una posible reforma constitucional, para dejar atrás el "Certificados de Energías Limpias".

El presidente Andrés López Obrador propuso una reforma constitucional que frena la privatización del estratégico sector eléctrico iniciado hace tres décadas y prohíbe más concesiones para explotar minerales como el litio, componente esencial de las baterías de dispositivos electrónicos.

Además, prevé la desaparición de dos organismos reguladores del sector y fortalece el monopolio de la empresa gubernamental Comisión Federal de Electricidad (CFE), poniendo fin a la llamada "auto generación" privada.

Los cambios enfrentan dos grandes obstáculos, pues por un lado el partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, centroizquierda), carece de mayoría calificada (dos tercios) del Congreso para cambiar la Carta Magna y por otro podría enfrentar una oleada de demandas internacionales.

Morena solo cuenta con 277 de 500 diputados en la Cámara Baja, sumando los de sus aliados el Partido Verde y el Partido del Trabajo y requiere de por lo menos 56 votos de la oposición para sacar adelante su iniciativa.

El proyecto de López Obrador otorga la facultad exclusiva a la CFE de fijar las tarifas de la electricidad transportada por las redes de transmisión y distribución, así como las de usuarios finales.

Una de las propuestas más controvertidas del proyecto es la cancelación de los llamados "Certificados de Energías Limpias" para generadores públicos y privados, bajo el argumento de que se han "convertido en un negocio".

Las normas actuales prevén que compañías privadas que suministran electricidad deben cumplir con un porcentaje proveniente de "energías limpias" y es un ente regulador el que emite esa aprobación.

El gobierno rechazó que se trate de crear un nuevo monopolio, pues el artículo 28 de la Constitución señala que solo se trata de que "el Estado ejerza de manera exclusiva" funciones en áreas estratégicas, así como su rectoría sobre "áreas prioritarias".

La propuesta no cancela por completo la participación de empresas privadas en el sector energético, pero la limita al 46%, mientras que la CFE se quedaría con el 54% del espectro.

La iniciativa establece que el sistema eléctrico nacional que ha sido objeto de "despojo" y que han desaparecido las empresas energéticas del Estado al otorgarse "beneficios ilimitados al sector privado".

Por ello, se plantea cancelar contratos de energía eléctrica y permisos de generación del sector privado, así como desconocer y anular figuras como la de productores independientes, centrales de subasta de largo plazo, centrales eléctricas construidas, a partir de la reforma energética de 2013, y centrales de autoabastecimiento.

La propuesta de ley desató un rechazo inmediato de la oposición y una oleada de críticas de los expertos, que calcularon en unos 81.000 millones de dólares las pérdidas si es aprobada la reforma.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que aprobar la reforma eléctrica propuesta por el mandatario "representaría un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo".

En última instancia, el IMCO alertó que "los costos de la electricidad se incrementarán en los hogares y en las empresas" y al mismo tiempo se provocarán serios daños al medio ambiente, lo que se traduciría en "un retroceso histórico".

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) vaticinó que el plan "lastimará profundamente" al país y "generará daños irreversibles en materia económica y ambiental".

"También preocupa que se permitirá que sigan operando plantas obsoletas y contaminantes que operan con carbón, diésel y combustóleo", indicó al hacer notar que las plantas del sector privado que dejarán de operar, "son las más modernas, limpias y eficientes".

Ramsés Pech, analista del sector energético, advirtió que, de aprobarse la reforma constitucional en los términos presentados, el gobierno federal enfrentará un alto número de demandas y juicios de las empresas privadas que tienen presencia en el sector, así como una reducción importante en nuevas inversiones.

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