La presidenta Cristina Fernández de Kirchner removió por decreto al presidente del Banco Central, Martín Redrado, a quien acusó de "incurrir en mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
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El cargo, según se anunció oficialmente, será ocupado temporalmente por el actual vicepresidente de la entidad monetaria, Miguel Angel Pesce.
El decreto de remoción deja de lado "la aplicación del segundo párrafo del artículo 9 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina aprobada por la Ley 24.144", que dispone que una "Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación" dé "consejo" sobre el caso. El artículo cuarto de la norma establece dar cuenta de la decisión . Al respecto el decreto explica que "el citado consejo carece de fuerza vinculante para el poder Ejecutivo Nacional, constituyendo una opinión"
En los considerandos del decreto se destaca la decisión oficial que dio lugar a la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad y se habla de una "actitud remisa del Presidente del Banco Central de la República Argentina, quien públicamente ha manifestado que no ejecutaría el cumplimiento de la norma".
Señala que en la víspera Redrado "intentó suspender y evitar" la reunión de Directorio convocada para el jueves, "invocando la inexistencia de temas para ser incorporados en el orden del día y que el tratamiento de los incluidos en carpeta no reviste el carácter de urgente".
"El artículo 99 inciso 3 de la Constitución de la Nación establece la facultad del Poder Ejecutivo Nacional de dictar normas de carácter legislativo en situaciones excepcionales que hicieren imposible seguir los trámites ordinarios", afirmó el gobierno.
También el decreto se explaya en que por el receso del Congreso es "desaconsejable la dilación del trámite, que aparejaría, más daño, más inestabilidad e incertidumbre contribuyendo a la creación de una situación de desgobierno y anarquía en la principal institución monetaria".
En relación a la actitud de Redrado dice que "quien debe preocuparse por el cumplimiento de las normas, se niega a aplicarlas, y además trata de entorpecer o desconocer la acción de Directorio de la entidad, siendo ello inadmisible".
Sobre la reglamentación del decreto, el mismo texto explica que "sólo el rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implicará su derogación, sin afectar los derechos adquiridos durante su vigencia".
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