Los diputados resisten "subversión económica"

Los diputados se convirtieron ayer en el principal obstáculo que deberá sortear el gobierno para convertir en ley la derogación de la «subversión económica» en el plazo de 14 días, pactada por Eduardo Duhalde y los gobernadores.

Oficialistas y opositores volvieron a desempolvar la excusa de que no quieren favorecer a los banqueros que sufren persecución judicial, gracias a esta desactualizada norma y, en consecuencia, se resisten a aprobarla, como recomienda el Fondo Monetario.

Un importante número de legisladores directamente se niega a anularla, aun cuando los senadores -que son iniciadores- prometen incorporar modificaciones al Código Penal (capítulo de estafas y otras defraudaciones) para compensar la desaparición física de la polémica figura de «subversión económica» de la Ley 20.840.

A las objeciones del mismo PJ de Diputados, lideradas por el tucumano Ricardo Falú y el ala kirchneriana del bloque, se acoplaron las del radicalismo y el previsible voto cantado del ARI de Elisa Carrió en contra del proyecto.

En un nuevo gesto de distanciamiento, el jefe de la bancada UCR en la Cámara baja, Horacio Pernasetti, se mostró crítico con el duhaldismo: «No queremos que el Congreso sea convocado para tratar dos leyes nada más (en alusión a «subversión» y Quiebras, que figuran en el acta compromiso de gobernadores con Duhalde de la semana pasada); queremos estudiar un plan en el que estas leyes puedan ser parte».

En la Cámara alta, a pesar de las disidencias, existe un compromiso de palabra de radicales y peronistas destinado a dar la media sanción pasado mañana, tal cual adelantó ayer este diario. En la víspera, Carlos Maestro se despegó de Pernasetti y garantizó la disposición de la UCR a dar quórum el jueves, y hasta a habilitar el proyecto sobre tablas ayudando al PJ con los dos tercios, si fuera necesario. A media tarde, el cacique de los senadores radicales consensuó con el presidente provisional Juan Carlos Maqueda una eventual sesión para las 17 de pasado mañana.

• Iniciativa radical

De todas maneras, no habría que descartar una propuesta -o dictamen- propia del radicalismo para diferenciarse del gobierno, a imagen y semejanza de lo que ya sucedió con la aprobación de la denominada «ley tapón», que tiene por objeto frenar el goteo del «corralito», vía amparos de ahorristas.

Anoche, Maestro y Pernasetti improvisaron un plenario con algunos legisladores de la UCR que ya habían llegado a Buenos Aires. Invitaron a la deliberación a Miguel Angel Pichetto (PJ-Río Negro) para escuchar detalles del proyecto del patagónico que, además de voltear «subversión económica», plantea modificar el capítulo sobre estafas y otras defraudaciones del Código Penal. Esto implica agregar párrafos y variantes al artículo 174, que establece prisión de 2 a 6 años para quienes cometan distintos tipos de fraudes, materia sobre la cual también bocetó sugerencias la salteña Sonia Escudero.

Antes de ese conciliábulo, la senadora Marita Colombo (Frente Cívico-Catamarca), comprovinciana y compañera de partido de Pernasetti -por lo tanto, aliada natural del radicalismo-, sostuvo que «modificar o derogar una ley para facilitar la liberación de algunos presos y evitar la causa para otros es algo que el Congreso no puede hacer o al menos yo no lo voy a acompañar». «Esto tiene nombre y apellido, se llama Carlos Rohm, del Banco General de Negocios», denunció sin perder la calma.

El grueso de los radicales sesionará hoy, después de participar de una visita colectiva de autoridades de ambas bancadas mayoritarias chez Jorge Milton Capitanich, al mediodía. Ayer, el jefe de Gabinete se preocupó por recorrer telefónicamente a legisladores del PJ y la UCR, tarea que compartió paralelamente con el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, con la premisa de conseguir voluntades para sesionar en Senado y, en el mejor de los casos, en Diputados, no obstante el 1 de Mayo.

En el texto remitido por el Ejecutivo al Congreso, se señala que la ley de «subversión económica», en vigencia desde el 2 de octubre de 1974, fue dictada «en un especial momento del país, en que se vivía una grave convulsión política y de seguridad» y su principal objetivo fue la «represión de la violencia subversiva».

La redacción original de la 20.840 «aludía a distintas hipótesis vinculadas a quienes pretendían modificar el sistema institucional y/o tomar el poder mediante el uso de la fuerza, y contenía algunas normas de dudosa constitucionalidad», subraya el envío de Justicia. Apenas reinstaurada la democracia, mediante la Ley 23.077 del 27 de agosto de 1984 se derogaron los artículos 1 al 5 y del 10 al 12.

Aunque tiene poca relación con la cuestión central -la inédita utilización que hacen algunos jueces de esta figura para perseguir a banqueros-, el paper de Jorge Vanossi pide también la modificación del artículo 300 del Código Penal (sobre agio) y así castigar con prisión de seis meses a dos años a quien haga subir o bajar los precios de mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercadería o género, con el fin de no venderla o de hacerlo a un precio determinado.