Cristina Kirchner será la protagonista hoy en un Senado que quedó adormecido después de la crisis que lo paralizó la semana pasada. La Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá que decidir si avala la posición del Poder Ejecutivo -que apeló junto con el Congreso una orden judicial que lo obligaba a levantar el secreto sobre toda la legislación reservada- o termina liderando la posición contraria y obliga al propio presidente a dar estado público a esas normas secretas. Las presiones dentro del Senado por este tema hacen prever que la senadora terminará apoyando la postura contraria a la sostenida por el gobierno. Hoy existen más de 140 leyes secretas, muchas de las cuales continúan en vigencia, pero en la práctica no son más que una reliquia histórica. Pero las que interesan a los senadores y a la prensa son un grupo de no más de seis leyes y decretos dictados durante los gobiernos militares que dispusieron las formas, origen y distribución del uso de los fondos reservados que, se afirma, dieron sustento legal al pago de lo que se conoce como sobresueldos.
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Muchos senadores saben que se llevarán una desilusión cuando se den a publicidad esas leyes, de hecho, los legisladores ya las conocen. La mayoría de las que se abocan a tratar temas sobre gastos reservados ya ha sido modificada por leyes y decretos públicos, como la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, la de Administración del Estado y Organismos de Control o dentro de cada Presupuesto nacional. Pero, al parecer, la cuestión se ha vuelto de principios.
En la reunión de hoy de esa comisión se iniciará el estudio de los proyectos de ley presentados para levantar el secreto de las leyes de carácter reservado. Los senadores tendrán enfrente proyectos presentados por Diana Conti, Vilma Ibarra, el radical misionero Mario Losada, la justicialista chubutense Silvia Giusti, la puntana de Lealtad y Dignidad Justicialista Liliana Negre de Alonso y la justicialista mendocina María Cristina Perceval.
No todos los senadores piden lo mismo. Si bien todas las propuestas promueven la publicidad, el efecto de cada proyecto es distinto: Losada pide suspender el dictado de leyes secretas y obligar a publicar las ya sancionadas, el oficialismo promueve dar a conocer las normas ocultas a través del proyecto de Conti y otros senadores piden la derogación específica de la Ley S 18.302, la madre emblemática de la distribución de fondos reservados -enumeraba quién podía recibirlos y cómo, pero con un vaguísimo esquema de cómo liquidarlos-, que luego fue reformada en una decena de ocasiones mediante leyes no reservadas.
En la misma reunión, la comisión debe fijar la fecha en que se citará a Antonio Boggiano para recibir su descargo personalmente -ya que por escrito fue presentado por Mesa de Entradas el pasado 31 de mayo-. Pero es seguro que los senadores van a solicitar a los defensores de Boggiano una ampliación de su defensa escrita en más de 280 fojas.
Este pedido, de concretarse, demorará la fecha de citación y dilatará más el proceso de juzgamiento que el gobierno no parece desesperado en acelerar después de haber fallado todos los intentos por detenerlo en diciembre del año pasado.
Además, Asuntos Constitucionales tiene que continuar con la discusión de la intervención al Poder Judicial de San Luis, solicitado por el radical puntano Jorge Agúndez y Conti, un proceso que será más pacífico cuando se efectivice la separación de esa comisión de Liliana Negre de Alonso, tal como fue acordado para que el PJ mantenga su mayoría allí.
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