El Bloque Piquetero Nacional pidió ayer una reunión urgente con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para «discutir la anulación de la ley de reforma laboral», sospechada de ser aprobada con la compra de votos de senadores. Néstor Pitrola, uno de los líderes del movimiento, aseguró que la derogación de la norma permitirá «terminar con el empleo precario, con la flexibilidad laboral de todo orden, con la miseria salarial y recuperar la jornada de 8 horas y voltear los convenios por empresa que han destruido los convenios colectivos».
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Para el dirigente «hubo beneficiarios de las coimas: son los empresarios que embolsaron centenares de millones de dólares confiscados a los trabajadores en salarios, condiciones de trabajo, precariedad laboral y salarios diferidos».
En un comunicado, acusó a la CGT de ser una «burocracia sindical» que «no tiene auto-ridad moral para discutir el reemplazo de una ley que apoyó y en base a la cual firmó decenas de convenios flexibles».
La ley laboral aprobada durante la administración de Fernando de la Rúa es parte de uno de los mayores escándalos políticos por las sospechas de que un grupo de senadores (mayoritariamente del justicialismo) cobró dinero del gobierno para su aprobación. «El debate (sobre la derogación) es crucial para el destino de todos los trabajadores ocupados y desocupados y del pueblo en general por lo que está lejos de tratarse de una cuestión meramente sindical», argumentó Pitrola.
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