Macri reapareció: "Un disparate"

Mauricio Macri rechazó ayer la idea de un referendo de revocatoria porque dice que tiene sesgo electoral. De paso, presentó un largo informe sobre la interpelación a Ibarra a la jueza Angélica Crotto.

El líder de Compromiso para el Cambio, Mauricio Macri, calificó el referendo impulsado por el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, como «un disparate». «¿En qué aporta el referendo? Es un disparate. Eso es tener la energía puesta en cuestiones electoralistas. Hay que poner la energía en saber la verdad, para que esto no se vuelva a repetir», se quejó en conferencia de prensa ayer. Macri no había realizado declaraciones desde días antes de la primera interpelación que se realizó al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra. Se refirió únicamente al desastre de Cromañón y no habló de su viaje al exterior.

Macri destacó que lo que importa ahora «es determinar la verdad» y qué medidas se van a tomar y qué medidas no para que una tragedia como la ocurrida no vuelva a repetirse.

También recordó que su hija fue días antes del incendio que dejó a 192 fallecidos a un recital del grupo Callejeros.

Básicamente, Macri se quejó del referendo e indicó que hay que poner una «enorme energía» en realizar cambios y controles para que no haya otro Cromañón.

En diálogo con este diario, Horacio Rodríguez Larreta, vicepresidente de Compromiso para el Cambio, señaló que «el plebiscito no ayuda a esclarecer la verdad ni a que el desastre de Cromañón no se vuelva a repetir, cosas que en este momento son las más importantes».

Macri se refirió a un informe que realizó un grupo de legisladores de su partido y que entregó a la jueza que lleva la causa, María Angélica Crotto.

El informe fue realizado por diputados del bloque Frente Compromiso para el Cambio e insiste en denunciar al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, como «responsable político» por lo ocurrido. Sin aportar datos novedosos, el documento, que firma la presidenta del bloque, Gabriela Michetti, y otros como Soledad Acuña, Alicia Bello y Florencia Polimeni, compila la normativa, la que -según indicano se ha cumplido y si se lo hubiera hecho, «esto no hubiera ocurrido».

El informe se basa en dos incumplimientos, que «eran normas que obligaban al gobierno a clausurar el local y sobre las que se recibieron alarmas concretas que fueron desoídas», y son las siguientes:

• Sobre las causas del incendio. El documentodenuncia que no se cumplió la Ordenanza 50.250 vigente y que existieron tres alarmas institucionales a las que no se atendió. Una fue la nota de Bomberos informando sobre el vencimiento del certificado el 12 de abril de 2004. También se desestimó un informe del defensor adjunto Atilio Alimena, de mayo del año pasado, donde se informó sobre el bajo cumplimiento de los locales bailables. Finalmente, existió un formulario presentado por Lagarto SA (la empresa locataria del local que se incendió, ubicado en Bartolomé Mitre al 3100) a través de su representante legal, Raúl Lorenzo, con documentación que incluye el certificado de Bomberos que vencía el 24 de noviembre pasado (casi un mes anterior a la tragedia).

El informe presentado a Crotto indica que el Gobierno fue a inspeccionar el lugar y estaba cerrado, pero no volvió en otra fecha. «Debió clausurarlo el 25 de noviembre», dice el documento.

• Sobre la seguridad del local. El informe apunta que existió una denuncia del defensor adjunto del pueblo, Gustavo Lesbegueris, sobre el bajo grado de cumplimiento de los locales bailables y, además -como dato novedoso-, existió una nota de Lagarto SA al Gobierno porteño del año 2003 donde se declaró no contar con servicios de seguridad privada bajo ninguna modalidad. Según los diputados del macrismo, «se produjeron inspecciones y clausuras con motivo de la alerta de la Defensoría, pero no se inspeccionó ni clausuró Cromañón, que estaba fuera de regla».

En el documento se denuncia que se incumplieron varias normativas, entre ellas: el capítulo 10.3 sobre acceso a menores en locales de diversión pública -del Código de Habilitaciones-; el cap. 11.14 sobre prohibición del uso de pirotecnia en lugares cerrados -también del Código de Habilitaciones-; la Ordenanza 51.229, en la que se indica que se debía inspeccionar cada 120 días el local y elaborar un informe que contenga un dictamen no excluyente sobre los medios de egreso y salida de emergencia, entre otros puntos; y finalmente se faltó a la Ordenanza 51.846, que indica que se debía inspeccionar la existencia y el funcionamiento del detector de metales.

En el trabajo enviado a Crotto también se apuntaron decenas de preguntas a las que no lograron responder; entre ellas se destaca una relacionada con los fondos de un crédito del BID que estaba disponible antes del comienzo de su gestión y recién lo solicita en el mes de julio de 2004, «siendo consciente de la necesidad de trabajar profundamente sobre el área en cuestión».