Revés para Macri: Casación avaló que se entrecrucen sus llamados con los de la "mesa judicial"

Política

Por unanimidad, la Sala III rechazó los planteos del expresidente, Torello y Rodríguez Simón que buscaban evitar que la Dajudeco informe cuáles habían sido sus comunicaciones en momentos clave del caso Oil Combustibles. Se confirmaría circuito ilegal de contactos, incluso con magistrados.

Un nuevo revés sufrió el expresidente Mauricio Macri y su denominada “mesa judicial” que pretendía impugnar la pericia sobre el entrecruzamiento de sus teléfonos, ya que la Cámara Federal de Casación Penal (por unanimidad) rechazó los recursos interpuestos por las defensas del exmandatario, su asesor José María Torello y el operador judicial Fabián Rodríguez Simón, conocido como “Pepín” en la causa en la que se investiga una asociación ilícita por actos de hostigamiento y persecución penal y administrativa contra el Grupo Indalo y sus accionistas con el objetivo de desguazar el holding y apoderarse de las empresas que lo integraban.

La resolución de la Sala III de Casación avaló las medidas que fueron ordenadas por la jueza María Servini y luego ratificadas por la Cámara Federal sobre el análisis de los llamados entre los que integraban la mesa judicial del macrismo. “Las decisiones impugnadas -relacionadas con la nulidad y alcance de una medida probatoria- no revisten la calidad de sentencia definitiva ni se equiparan a ella”, sostuvieron los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani. “Frente a una investigación en curso como la de autos la medida por el momento, más allá de su conducencia, no aparece como irrazonable en relación a los derechos que se dicen vulnerados”, ratificó Casación que antes había solicitado tener acceso a toda la causa para evaluar su accedía al planteo de los abogados de Macri que se opusieron desde un primer momento a que sus llamados sean cotejados. No su contenido, lo que no es posible, sino tampoco el circuito de llamados que realizaron los miembros más importantes del Poder Ejecutivo en fechas clave del desarrollo del caso ante la AFIP y en sede penal. La sospecha que tiene la justicia es que no solo se corroborarían los contactos y un patrón de conducta para dirigir acciones que tuvieron impacto judicial, sino que también podría haber contacto con magistrados, en una escalada más del escándalo que atraviesa hoy Comodoro Py.

En el expediente se investiga una presunta organización delictiva integrada, entre otras personas, por altos funcionarios del anterior gobierno nacional -entre ellos, el ex Presidente Mauricio Macri-, “quienes se habrían valido del poder estatal y de los recursos públicos a su disposición para llevar a cabo múltiples actos ilícitos en contra de las empresas del “Grupo Indalo”, -en particular, las sociedades que se encargan de administrar medios de comunicación- y de los beneficiarios finales de todas esas compañías, Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa”.

Una de las personas imputadas en la causa es el abogado Fabián Rodríguez Simón, a quien se sindica como uno de los actores centrales de la denominada “Mesa Judicial” del anterior gobierno. Particularmente, se le atribuye haber participado en maniobras extorsivas perpetradas en contra de Carlos Fabián De Sousa, Cristóbal Manuel López y los socios de este último.

En la causa, un informe elaborado por la Dajudeco da cuenta de los registros de llamadas existentes entre Rodríguez Simón y distintas personas -varias de ellas de la más alta relevancia político-institucional de nuestro país-, que tuvieron lugar en períodos de tiempo que se corresponden con los hechos investigados en la causa. Como adelantó Ámbito, ya se corroboraron contactos con un miembro de la consultora Deloitte, de la cual Oil Combustibles era cliente, miembros de AFIP, operadores políticos, estudios de abogados y un juez de la Corte. La jueza Servini había ordenado los entrecruzamientos de llamados entre los imputados para determinar las conexiones en fechas consideradas clave en la investigación sobre la situación de las empresas de López y De Sousa, y como con distintas resoluciones el gobierno de Cambiemos fue acorralando a las empresas del conglomerado empresario y a sus accionistas.

Ante una apelación de Macri, la Cámara Federal porteña ratificó la medida pero le ordenó a la magistrada circunscribirla a hechos concretos de la investigación y no realizarla de manera general. El 29 de octubre pasado, Servini delimitó “el marco temporal de la medida de prueba dispuesta a los 10 días anteriores y posteriores” a ciertos sucesos. Las defensas volvieron a apelar y alegaron “violaciones al derecho a la intimidad, como asimismo cuestiones de Estado y de seguridad nacional”.

En la causa, Servini ya citó a declaración indagatoria a Simón para el 26 de mayo a raíz de las implicancias de sus llamados que corroboran fechas de reuniones y las amenazas que dejaron asentados empresarios del juego socios de López. Pese a cualquier intento de bloquear la medida de prueba, inapelable, las fichas de la defensa de los imputados estaban puestas en la Sala III que le dio un fuerte revés al intento de evitar que se conozcan esos llamados.

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