Magistratura: la moda de la política swinger

Néstor Kirchner

Es probable que, a mediados de febrero, Néstor Kirchner consiga modificar la composición del Consejo de la Magistratura (CM) de acuerdo con el proyecto que defiende su esposa, Cristina Fernández. Es más probable que esa victoria parlamentaria signifique, desde ahora, una derrota política. La operación signará a su gobierno con una imagen cesarista, de malos modales republicanos. Toda comparación es imperfecta pero la reforma del Consejo está destinada a ser al gobierno actual lo que la ampliación del número de jueces de la Corte fue al de Carlos Menem. Es decir, quedará consagrada como un intento de manipulación institucional al que se abrazará la oposición para herir a un oficialismo invulnerable desde el punto de vista de la economía. Al menos en apariencia, por el momento.

La foto de Elisa Carrió, Ricardo López Murphy, Hermes Binner, Claudio Lozano, Patricia Bullrich, Fernando Chironi y Eduardo Macaluse en la tapa de los diarios de ayer tal vez sea el comienzo de un proceso de desgaste lento pero dañino. Importa el efecto interno que tenga ese retrato pero será más importante su impacto internacional. Todas las embajadas de Buenos Aires reportaron el martes a sus cancillerías que las fuerzas de oposición se agruparon para denunciar el avasallamiento del Poder Judicial por parte del Ejecutivo. Agregaron así a Kirchner un parecido con Hugo Chávez, a quien sus adversarios también acusan por el abuso de poder en una transversalidad por la negativa. Para una administración que, como la actual, dice estar empeñada en atraer inversiones externas, la imagen de toda la oposición denunciando la falta de Justicia es, sin duda, muy perniciosa.

• Cuadro lineal

Este es el cuadro que se desprende de lo que sucedió en las últimas 48 horas. Pero es un cuadro lineal, que esconde matices y malentendidos. Si se lo mira más de cerca, aparecerán errores pueriles del gobierno y posiciones insólitas de la oposición:

• El primer vicio en que está incurriendo Kirchner en esta peripecia por la reforma del Consejo de la Magistratura es conocido: su olímpico desprecio por los procedimientos le hace pagar costos adicionales. Si quiere reformular un órgano delicado como el Consejo sin que se lo acuse de autoritario, debería cuidar especialmente las formas. ¿Qué necesidad tiene de confiar la tarea a su esposa habiendo un ministro de Justicia? A propósito: ¿a qué se debe la prescindencia de Alberto Iribarne en todo este debate cuyo costo principal corre por cuenta de la senadora Kirchner, a quien el actual elenco de poder está convirtiendo injustamente en una «Nina Juárez»? Hablar del episodio del senador Rubén Giustiniani es, a esta altura, redundante.

• A estas carencias estéticas se agrega el rechazo de Kirchner por la argumentación política. Para comprender este problema hace falta conocer algunos detalles. El Presidente se empecinó en reformar el Consejo cuando advirtió, como el resto de la clase política, que con el final del gobierno de Carlos Menem sobrevino una inquietante emancipación de los jueces del fuero federal, es decir, de los que juzgan a los funcionarios. El primer caso que ilustró ese fenómeno fue el del propio Menem, condenado por «asociación ilícita» por un magistrado como Jorge Urso a quien él mismo había designado -y con quien ahora se reconcilió en un cumpleaños-. Pero el de Urso es sólo un ejemplo: desprovistos de «servilletas» o de cualquier otro modo de «contención», muchos jueces optaron por asegurar su futuro tomando como escudo una causa sensible. Los políticos comenzaron a sentirse, de este modo, rehenes de los magistrados.

• Este fenómeno afectó al menemismo pero también a la administración de Fernando de la Rúa y se insinúa también en el caso del duhaldismo -hay que conocer los entretelones de la causa por el asesinato de Kosteki y Santillán-. Kirchner cree que también a él comenzó a dañarlo esta «dictadura de los jueces», sobre todo por el curso que tomó el caso Southern Winds, es decir, el de las valijas con drogas que se descubrieron en el aeropuerto de Barajas. Además de otras decenas de causas en las que están acusados hombres de su entorno.

• Es ante esta amenaza, circunscripta casi exclusivamente al fuero federal, que el santacruceño decidió impulsar una reforma al Consejo con un objetivo claro: reponer sobre los tribunales el control de la política. Si al lado de Kirchner no se despreciara tanto el pensamiento, tal vez hubieran dado con un argumento favorable y sencillo: la Constitución de 1994 redujo una preeminencia de la política sobre los jueces que era muy superior en la Constitución de 1953, que no contemplaba la existencia del Consejo y dejaba la designación y remoción de los magistrados en manos del Ejecutivo y el Congreso, exclusivamente. Fue este grado de politización, deliberado, el que se intentó compensar con la inamovilidad de los jueces.

Varios de los dirigentes que el martes se opusieron a la reforma que, con tan malas artes, promueven los Kirchner, rechazaron en 1994 la reforma de la Constitución, denunciando el Pacto de Olivos, y defendieron el texto de 1853. Ricardo López Murphy, por ejemplo, militaba en la UCR antipactista de Juan Manuel Casella; el mismo lugar ocupaban las fuerzas conservadoras que ahora sostienen a Mauricio Macri y Elisa Carrió, por citar un caso más, fue constituyente pero votó en contra del Núcleo de Coincidencias Básicas que creaba el Consejo. Ahora todos cambian de pareja. Son swingers, dicho cariñosamente.

• Un desacierto adicional de Kirchner, que se articula con el anterior, es que sueña con alcanzar demasiados objetivos con el mismo instrumento. Es posible que, si el gobierno se propone reducir el peso de abogados y jueces en el Consejo para restablecer el reinado del poder político en la designación y remoción de los magistrados, consiga el acompañamiento de parte importante de la oposición. Lo sugirió ayer el duhaldista Carlos Ruckauf en la Comisión de Asuntos Constitucionales. No tuvo éxito este diputado porque el Presidente desea, además, reducir el espacio de los políticos de la oposición en ese proceso institucional, acotando también su participación en el organismo. Una cosa es que haya un predominio de los poderes electivos por sobre la Justicia. Otra distinta es que esa prevalencia se reduzca a los que obedecen al Ejecutivo. Y que, dentro de ese universo, se achique todavía más el diámetro para abarcar sólo a quienes, como Carlos Kunkel o Nicolás Fernández, expresan a la cocina de Olivos.

• Este anegamiento oficial -por usar la palabra que consagró Jorge Bacqué para describir la ampliación de la Corte que impulsó Menem- se completará en febrero, con una composición que irritará a muchos. El denominado «bloque duhaldista», que preside el kirchnerista José María «Borocotó» Díaz Bancalari, reivindicará para sí la condición de tercera minoría. Es decir, conseguirá una banca «por la oposición» mientras avala las leyes del gobierno. Los ex amigos de Eduardo Duhalde alcanzarán esa posición negociando el quórum de la sesión en que se trate la modificación del Consejo. Será una burla más para quienes creyeron que detrás de Chiche Duhalde, en octubre, se canalizaba un freno para Kirchner.

• Si la oposición exhibe, mirada desde el punto de vista histórico, algunas incoherencias, en el gobierno hay contradicciones escandalosas. El Consejo de la Magistratura fue creado por la Constitución de 1994 pero recién comenzó a funcionar cuando se lo reglamentó, en 1998, a través de la Ley 24.937 y de su correctiva 24.939. Fueron esas normas las que fijaron el número de consejeros que le correspondería a cada clase representada allí. Como ahora Kirchner, en aquel momento el menemismo pretendió una mayor representación para los políticos. Pero no la consiguió y terminó por imponerse el criterio de la oposición, que es el que se refleja en el diseño actual. Es decir, dominó el punto de vista del actual representante ante el Mercosur, Carlos Chacho Alvarez; del embajador en Cuba, Darío Alessandro; de la ministra de Defensa, Nilda Garré; de la ministra de Economía, Felisa Miceli; de la actual consejera de la Magistratura, Diana Conti; y de tantos otros defensores de la calidad institucional del país durante los '90. Otro caso de política swinger. Salvo Rafael Bielsa, quien sostendrá la antigua bandera, los demás frepasistas miran hacia otro lado y callan, por un sueldo, mientras Kirchner consigue a través de su mayoría en el Congreso vengar a Menem y diseñar un Consejo de la Magistratura como el que, en 1998, no pudo alcanzar el riojano.