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Lord Faulkner, de todas formas, reiteró en esa sesión un argumento que parece calcado del que se escucha en estos días en el Congreso argentino en relación con un camino de diálogo en el conflicto con Uruguay por las pasteras: «Quizás la diplomacia parlamentaria ofrezca mejores perspectivas, así como sucedió cuando la Argentina envió una delegación a la reunión por el centenario de la Unión Interparlamentaria Internacional en 1989, un año antes de que las relaciones diplomáticas fueranrestauradas desde la ruptura en la guerra por las islas».
El acuerdo por Gibraltar entre España y Gran Bretaña no implicó la renuncia de la soberanía española sobre ese territorio, aunque el gobierno de Madrid hubiera cometido ya ese error diplomático en el Tratado de Utrecht.
Pero contempla el uso del aeropuerto, el levantamiento de restricciones para el uso del espacio aéreo español para los aviones británicos que allí operan, la apertura legal de la frontera -una reja que se cerró poco después de la Guerra Civil Española y que reabrió sin mucho éxito el gobierno de Felipe González- el pago de pensiones a los trabajadores españoles en Gibraltar y el reconocimiento del código telefónico internacional del peñón.
Pero lo que más importa al ejemplo argentino, es que por ese acuerdo España reconoce a los habitantes de Gibraltar voz en las discusiones sobre su futuro, cuando hasta ese momento sólo podían hacerlo en función de pertenecer a la delegación británica. Al mismo tiempo, Gran Bretaña mantiene la responsabilidad internacional por el peñón -léase que no se le reconoce independencia-, mientras que España se reserva continuar reclamando la soberanía sobre el lugar aunque manteniendo esa exigencia en un carril aparte. Ese principio guarda cierto parecido con el «paraguas de soberanía» con que Domingo Cavallo y Guido Di Tella quisieron enfrentar el diálogo con Londres sobre las Malvinas y que este gobierno va dejando colgado en algún desván.




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