Capítulo final para Carrascosa en la Corte, la trama Boudou y el fallo que sacudió al mundo empresarial

Política

A punto de prescribir, Casal dictaminó a favor de que se confirme absolución del viudo de María Marta García Belsunce. Mueve el máximo tribunal, ahora. El contexto del fallo contra el exvice por Ciccone y la réplica oficial. El caso de las termoeléctricas causó un cisma por lo impensado de la resolución.

Si hubiese una forma de amalgamar tribunales, visibilidad mediática y un éxito de taquilla de Netflix, sería el caso del asesinato de María Marta García Belsunce. Tal vez haya que agregar un último capítulo a la serie “Carmel”: la Procuración General con la firma de titular interino Eduardo Casal dictaminó por que sea rechazada la apelación para que la Corte Suprema revise la absolución del viudo Carlos Carrascosa por el homicidio, ocurrido en 2002. La resolución fue firmada el pasado 1 de diciembre, con la conclusión de que no hubo violación al derecho a defensa del fiscal ante la Suprema Corte bonaerense “ni razones para objetar la sentencia” que permita justificar la intervención del máximo Tribunal. El procurador Julio Conte Grand había presentado en 2019 un recurso de queja con el objetivo de que esa desvinculación de Carrascosa no quedara firme, luego de que el recurso extraordinario fuera rechazado también. Un dato que sazona la trama aún más: a fines de diciembre operará la prescripción de la causa.

Casal repasó todas las constancias del caso y las idas y vueltas de la justicia provincial respecto al caso García Belsunce. Pero adelantó que consideraba “inadmisible” el recurso intentado por el Ministerio Público Fiscal y sugirió que sea desestimada por la Corte. En el camino, repasó que prescribió y fue consentida la acusación por el presunto encubrimiento del crimen que también pesaba sobre el viudo. Así, Carrascosa quedó bien perfilado en caso de que la Corte decida dejar pasar el tiempo, o bien aplicarle el consabido “artículo 280” sin siquiera tratar el asunto ni expresar motivos.

Es casi el escenario inverso al que atravesó la semana pasada Amado Boudou, al que la Corte, con el mismo mecanismo evitó pronunciarse sobre el caso Ciccone y dejó firme así su condena a 5 años y 10 meses de prisión. El kirchnerismo elevó su protesta, e incluso lo hicieron algunos referentes del oficialismo vía redes sociales. En el fondo, entendían que la Corte había aprovechado para hacer un desafío al Gobierno. Más cuando el Consejo Consultivo de juristas había elevado algunas modificaciones para mitigar el uso indiscriminado que la Corte puede hacer de ese “planchazo”. Madura –sobre todo en el sector más duro del oficialismo- la idea de que el principal problema de todas las desventuras judiciales deriva de la Corte. Debe decidir si políticamente es conveniente escogerla para desplegar una épica de batalla, en un año en el que múltiples tópicos desembocarán en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, en lo que ha sido la exacerbación de la judicialización de la política.

Un ejemplo de ello es la pulseada por la coparticipación entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Cuando la política no logra resolver un problema y recurre al arbitraje de la Corte suele llevarse dos problemas. Ya ocurrió con el caso Bruglia-Berrtuzzi. ¿Qué pasaría si el máximo Tribunal ordena que se sancione una nueva ley de Coparticipación para resolver el conflicto? Dos de sus miembros -convencionales constituyentes- hace 26 años lo escribieron. Bastaría sumar una sola voluntad más.

En el cuarto piso de Talcahuano 550 observan la discusión de “los poderes representativos” respecto a la ley que a instancias del Gobierno regula los fondos para el traspaso de la policía a la Ciudad. Así, los tiempos se regularán en torno a esa decisión. Malas noticias para Horacio Rodríguez Larreta que podría ver cómo el tema atraviesa las fiestas y se sumerge en la feria judicial para emerger recién en la agenda desde febrero de 2021. Esta situación tampoco es factible de ser anotada como un triunfo en la cuenta de la Nación: sigue adoleciendo de puentes de contacto y de interlocución válida con las distintas vocalías. No faltaron pedidos de reunión durante noviembre, pero el recelo mutuo guía la (no) relación. Habrá que calibrar el ensayo de tambores de guerra que apunten los cañones, con el 280 y con otras reformas, dirigidas a impactar como un misil en el cuarto piso del Palacio.

La trastienda de Boudou ofrece matices que pasaron inadvertidos. De hecho, hubo cierto margen para explorar un análisis en profundidad del fallo condenatorio, algo que no iba en dirección a beneficiar la situación del exvice, al contrario de lo que ahora se reclama. Hubo consenso, entonces, en que el “280” fuese una suerte de fórmula piadosa. Hubo recursos que fueron desestimados por defectos formales también. Obviamente, la lectura fue la opuesta, luego de que trascendiera desde alguna vocalía el sentido de la decisión más de 24 horas antes de que fuese efectivamente firmado. Corrió como reguero de pólvora para los medios periodísticos que solo encontraban confirmaciones. La elección del timing no fue casual pero tampoco sorprendió. A los que les gustan las apuestas hubieran jugado un pleno a que los exfuncionarios iban a sufrir los coletazos de un fallo que -en lo sustancial- beneficiaba al Gobierno por el traslado de los jueces practicado por el macrismo. Parece que hubiese ocurrido un siglo atrás pero esa discusión se presentó como la bisectriz entre República o anomia. Germán Castelli deberá apurarse a ir a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con el único fin de ganar tiempo ahora que su amparo fue rechazado en primera instancia. En una analogía con el episodio que atravesó la realidad mundial -como la muerte del astro Diego Maradona-, y el foco que puso la justicia en el rol de su médico Leopoldo Luque, en pasillos judiciales comenzó a hablarse de abogados que “leopoldoluquean” a sus clientes.

El fallo de Boudou se llevó la marca para la política, pero en simultáneo, hubo una decisión de la Corte que sacudió al mundo empresario, especialmente en el campo energético. Con cuatro firmas -Carlos Rosenkrantz no participó del fallo-, la Corte ordenó que se dicte un nuevo fallo para valorar el impacto ambiental de la instalación de las termoeléctricas Matheu I y II en Pilar que son fruto de un reclamo vecinal desde hace más de tres años. El juez federal de Campana Adrián González Charvay había otorgado una medida cautelar que las puso en suspenso. Las obras se habían activado con el macrismo y tenían el aval del exintendente Nicolás Ducoté. Pero la Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar con el argumento de que no era una cuestión judicializable, decisión que escaló a la Corte. Las demandas iban dirigidas contra Araucaria Energy SA y contra APR Energy SRL, que se les atribuyen a José Luis Manzano -que acudió en auxilio de Rogelio Nores, el principal accionista- y al fondo Gramercy, entre otros posibles socios. Pero el problema, según el “run run” empresario y político, es que la confianza en un fallo favorable a las termoeléctricas habían sido anunciados días antes tanto al municipio como a la Provincia de Buenos Aires, que se mantienen informados del conflicto. La decisión final fue un cimbronazo inesperado y con final abierto. Hacia ese sector del conurbano se habían desplazado varios operadores judiciales que ya no se ven atraídos por las peripecias de Comodoro Py y trasladaron su margen de acción hacia las afueras. El efecto del revés no pasó desapercibido.

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