Más caos por la queja de casinos

Trabajadores del casino flotante de Puerto Madero, que se encuentra cerrado tras los incidentes que provocaron el viernes pasado, marcharon ayer al mediodía hacia los Tribunales y desde allí al Ministerio de Trabajo para repudiar «los hechos de violencia sufridos» y pedirle «garantías» a la jueza María Servini de Cubría.

Los dirigentes gremiales del casino acordaron ayer la apertura de una mesa de diálogo. A pesar de esto, no se pudo avanzar en la reapertura del local, ya que es una decisión que depende de la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien dispuso su clausura el viernes.

Los manifestantes del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA) y de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) señalaron que la división entre los gremios «es una disputa que pretende hacer ver la patronal, pero que ya fue dirimida ante la Justicia».

Durante la marcha, que provocó un gran caos automovilístico en toda la zona del Bajo porteño, a lo que se sumó luego el ocasionado por transportistas, los manifestantes denunciaron que en la disputa «hay intereses políticos y económicos en juego muy importantes, en los cuales los trabajadores no tienen nada que ver».

Los afiliados a ALEARA indicaron que ya la Justicia rechazó en varias oportunidades planteos hechos por la cúpula del SOMU para que todos los trabajadores del casino flotante pasen al sindicato de los marítimos. «Que se salvaguarde la integridad física de todos los trabajadores», pidieron los gremialistas, y aseguraron que durante el enfrentamiento del viernes último, el casino fue «una zona liberada». «Esta patota se manejó impunemente y tuvo libre acceso por todos los sectores del predio. Nos agredió durante toda la jornada ante la mirada pasiva no sólo de Prefectura sino del personal de seguridad de la empresa.»

La jueza Servini de Cubría intervino el viernes pasado tras los desmanes que se produjeron desde la mañana en el interior del establecimiento, el cual quedó cerrado desde entonces.

Ese mismo día la jueza recibió al secretario general de ALEARA, Daniel Amoroso, quien presentó formalmente una denuncia para que se investigue si hubo una «zona liberada» en el predio y se esclarezca cómo se produjeron los graves incidentes, que dejaron diez heridos leves.

«Venimos a pedir a la Justicia garantías para que se reabra la fuente de trabajo y que se respeten todos los puestos, porque la patronal ha amenazado con despidos», indicaron los trabajadores en las puertas del Palacio de Tribunales, en la intersección de Talcahuano y Lavalle.