"Mesa judicial M": amplían causa con documentación de la empresa de Báez

Política

La causa por la denominada “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri, que integraban exfuncionarios sospechados por un accionar indebido en expedientes sensibles para aquella gestión, sumó como prueba nueva una carpeta relacionada con Austral Construcciones, de Lázaro Báez, hallada en oficinas que utilizaba el ahora fiscal general porteño, Juan Bautista Mahíques, uno de los primeros imputados en la investigación. Las novedades fueron aportadas por el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós, e incorporadas por el fiscal federal Ramiro González, a cargo de la instrucción.

La documentación fue hallada, según los denunciantes, dentro de un sobre que además tenía escrito un apellido y un número telefónico de la provincia de Chaco. Los papeles están relacionados con una operatoria comercial entre Austral Construcciones, mediante su apoderado Martín Báez (hijo de Lázaro), y la compañía YPF Gas Sociedad Anónima. Garrigós, apenas nombrada en el cargo, encontró los documentos el 22 de junio en la oficina del cuarto piso de la cartera judicial en Sarmiento al 300.

La oficina del hallazgo fue ocupada hasta octubre de 2019 por Mahíques y en los dos últimos meses del mandato de Cambiemos por Facundo Bargalló Benegas, quienes estuvieron a cargo de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios y Relación con el Poder Judicial y la Comunidad Académica. La sospecha es que el sobre pudo estar relacionado con las actividades de la “mesa judicial”. En la causa hasta ahora dieron su testimonio por escrito los camaristas Ana María Figueroa (Casación) y Luis Raffaghelli (laboral). González aguarda lo propio de otros cuatro jueces de alzada del fuero laboral.

La denuncia inicial fue presentada por diputados y senadores del Frente de Todos a partir de las declaraciones en una entrevista en AM 750 de Figueroa, quien apuntó contra un “alto funcionario” de Justicia del gobierno anterior como protagonista de un intento de presión en su contra para que apurara el fallo sobre la constitucionalidad del memorándum con Irán. Ante el fiscal, Figueroa ratificó el episodio y dijo que había sido Mahíques el funcionario y agregó que tras no prosperar ese intento de presión sufrió tres denuncias ante el Consejo de la Magistratura y notas periodísticas que de manera recurrente aludían a su desplazamiento.

Raffaghelli, por su parte, reveló una operatoria similar y apuntó contra el exministro de Trabajo Jorge Triaca. Dijo que el exfuncionario y sus colaboradores realizaron el 29 de marzo de 2016 una visita en teoría protocolar a la Cámara del Trabajo para presentarse y que uno de ellos en medio de una exposición les propuso “consensuar” la doctrina de sus fallos.

Los denunciantes incluyeron como sospechosos, además de Mahíques, al propio expresidente Mauricio Macri, al exministro de Justicia Germán Garavano, al extitular de la AFI Gustavo Arribas y a otros exfuncionarios como José Torello, Pablo Clusella, Fabián Rodríguez Simón, Bernardo Saravia Frias y el expresidente de Boca Daniel Angelici. Mientras que el fiscal agregó, a partir de las pruebas recolectadas y los testimonios, al exjefe de Gabinete Marcos Peña y a Triaca como imputados.

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