Menos democracia

Foto oficial que distribuyó el gobierno de uno de sus mayores errores políticos, "el borocotazo". De izq. a der.: Alejandro Lorenzo Borocotó, Eduardo Lorenzo Borocotó, Néstor Kirchner y Alberto Fernández.

A Mauricio Macri le convenía la votación del jueves: mostraba el esfuerzo de su gente por enjuiciar a Aníbal Ibarra y que se llegara al límite de 29 votos, o sea perder por uno. No se escucha una voz que defienda al jefe de la Ciudad, muy mal administrador, pero Macri representa un sector respetuoso de la libertad y la democracia que en su mayoría no ve -y nunca vio bien- que haya sanciones legislativas impulsadas por temor a manifestantes, aunque sean poco más de la mitad de los dolientes familiares de las 194 víctimas de Cromañón. No puede verse bien que el voto decisivo número 30 haya llegado desde el folclorista y legislador porteño kirchnerista Juan Farías Gómez que votó contra Ibarra por temor a que esos familiares le realizaran «escraches» en sus recitales públicos como artista. Tampoco puede reforzarse una democracia acechada -como se vive hoy en la Argentina- si otro voto decisivo para el juicio político a Ibarra fue del trasvasado Eduardo Lorenzo Borocotó, motivado por la tremenda repulsa pública que provocó su vuelco al gobierno antes de asumir como legislador, luego de haber sido elegido dentro de la lista macrista, opuesta frontalmente al gobierno.

En definitiva, Ibarra fue volteado por el propio kirchnerismo que frente a su gravísimo error con Borocotó se dio cuenta de que si ahora lo hacía votar en abstención junto al oficialismo, de error podía pasarse a catástrofe política para el gobierno.

Ibarra fue condenado desde El Calafate, donde se encontraban el matrimonio presidencial y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández (el sábado ya se conocía esa decisión en la Ciudad pese a que se la votó el lunes), indicándole el voto al ahora dominado Borocotó y dejándolo libre al asustado Farías Gómez, que en la votación anterior trató de zafar por «ausencia» y que ahora, al concurrir y tras ser decisivo en la condena a Ibarra, se disculpa en la ambigüedad de que «juicio político no es condena».

También desmerece a la democracia esta locura institucional resultante por tener que efectuar un juicio político en 24 días, dado que asumen otros legisladores el 10 de diciembre, o caer en lo complicado de que un cuerpo legislativo (el actual) acuse y otro muy distinto en su composición -por el resultado de los comicios del 23 de octubre- juzgue. Cualquiera de los dos puede determinar una culpabilidad con justicia, pero cuidado: sucede en la Argentina, donde toda legalidad y ética son relativas. Y hoy más que nunca.

Hay un juego vergonzoso de cifras. Lo hubo para reunir en forma grotesca los 30 votos condenatorios del jefe de la Ciudad y lo habrá también ahora porque el entorno de ese funcionario analiza que de los 15 miembros de la Sala Juzgadora se necesitan 10 para destituirlo y en el municipio se admite que «nos son adictos 6, por lo cual necesitaríamos sólo uno más para estar seguros». Claro, por eso quieren resolver todo en 24 días porque variarían los «adictos» (aunque ya nadie tiene seguridad de que lo son frente a los trasvasamientos sucios en que ha caído toda la vida política nacional).

Cuesta imaginarse a Ibarra de nuevo al frente de la Comuna. Pero tampoco nadie imagina una elección anticipada que muy probablemente le daría a Mauricio Macri el triunfo. El gobierno de Kirchner, que cada día se presenta más elemental en decisiones para el país y carente de seriedad, tampoco puede en su óptica darle a su eventual rival para la presidencia en 2007 la formidable plataforma que significaría administrar bien la Ciudad de Buenos Aires, algo nada difícil porque tiene el tercer presupuesto más grande del país (tras el nacional y el bonaerense), aunque Aníbal Ibarra lo desperdició en otra gestión degradante apoyada por el gobierno.