Miranda pidió la renuncia a todo su gabinete

Todos los miembros del gabinete de la provincia de Tucumán deberán presentar hoy sus renuncias a pedido del gobernador Julio Miranda, quien reiteró que él no dimitirá y anticipó que los nuevos funcionarios deberán respetar las decisiones de la Justicia si son investigados.

"Tengo 35 años de militancia política, pasé situaciones difíciles, pero nunca pensé en dimitir. Sí estuve muy ocupado en los temas nacionales", aseguró Miranda a la prensa, con lo que buscó desestimar versiones que circularon la semana pasada de que se alejaría de la provincia para ocupar un lugar en el gabinete nacional.

El titular del Poder Ejecutivo les dio plazo hasta las 12 de hoy a los ministros, secretarios de Estado y funcionarios políticos para que presenten por escrito sus renuncias -muchos ya lo hicieron-, de modo de poder comenzar esta tarde a diseñar el perfil de un nuevo gabinete.

"Los nuevos integrantes del gabinete (asumirían gradualmente durante la semana) tendrán que revitalizar la gestión y allanarse a la Justicia, si es que los investigan. Es necesario un relanzamiento, atendiendo al reclamo de la sociedad", manifestó el gobernador en sus declaraciones.

Miranda insistió en que hay que "erradicar en algunos esa sensación de que sólo se quiere impunidad" y planteó que los nuevos funcionarios deberán "tener predisposición para colaborar con la Justicia", porque a "nadie le puede molestar" que los fiscales penales "investiguen y acusen".

"Debe haber una predisposición a allanarse a la Justicia, a todos los requerimientos e investigaciones, porque es la única forma de demostrar a la sociedad que no tenemos nada que esconder", agregó el gobernador, quien no reubicaría a los funcionarios que son investigados penalmente.

Procedente de Buenos Aires, donde estuvo casi toda la semana pasada, Miranda regresó ayer a la provincia y encontró una fuerte polarización de la sociedad a raíz de la sanción de la ley 7.204, por la que se relevó al fiscal Esteban Jerez de la investigación de los casos de corrupción.

Durante toda la semana pasada, se sucedieron casi a diario manifestaciones callejeras en favor de Jerez organizadas por la oposición y por ciudadanos independientes, y en favor del gobierno, convocadas por el peronismo.

Las marchas de la oposición independientes y del oficialismo se repiten desde el lunes a la noche, cuando los manifestantes se concentraron para reclamar la derogación de la ley 7.204, por la cual se apartó a Jerez de la investigación de los casos de corrupción.

Ese lunes, mientras se desarrollaba la protesta en favor de Jerez, la Corte Suprema de Justicia provincial, en un fallo dividido, suspendió la aplicación de la 7.204 (modifica la Ley Orgánica de Tribunales) hasta que no resuelva la acción de inconstitucionalidad planteada contra la norma.

Hace 15 días, por 20 votos en favor (16 peronistas y cuatro ex bussistas) y 15 en contra (hubo cinco ausentes), la Legislatura sancionó la ley, que ese mismo día promulgada por el Poder Ejecutivo bajo el número 7.204, con la cual modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Entre los cambios dispuestos, los legisladores resolvieron que, en adelante, los casos de corrupción serán investigados por las fiscalías I, V y X, a cargo de Pedro Gallo, Daniel Marrancino y Horacio Villalba, y no por Jerez, al que se convirtió en un fiscal penal más.

Este año, Jerez había activado una denuncia por supuesta compra de votos en la Legislatura para aprobar, en febrero, la ley que habilitó la reforma de la Constitución local, lo que derivó en una investigación a cargo de un juez (por tratarse de legisladores con privilegios), actualmente en marcha.