Misiones y San Luis esperan la definición de Eduardo Duhalde
Los caciques provinciales del PJ quieren la versión final y escrita del adelantamiento electoral impulsado por Duhalde para decidir cuándo fechan las elecciones provinciales. En San Luis y Misiones -ambas gobernadas por el justicialismo-explicaron que quieren conocer la fecha y los términos en que se convocará la compulsa nacional. Sólo entonces habrá definiciones sobre los comicios a cargos locales. El misionero Carlos Rovira aseguró ayer que moverá sus fichas "sólo ante un anuncio verbal del gobierno central". Sin embargo, fuentes oficiales remarcaron que la voluntad del gobierno es no anticipar los comicios para preservar la gobernabilidad de la provincia. En tanto, los legisladores de la provincia de San Luis, con la mayoría peronista y la negativa de la oposición, sancionaron la ley que habilitará la caducidad de mandatos y el adelantamiento electoral. De esta manera, los puntanos quedaron a la espera de la definición nacional para fijar la fecha en la provincia.
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Otros partidos, en cambio, el ARI, el Fregen y los provinciales del MAP reclaman caducidad de mandatos y elecciones paralelas con Nación.
•También San Luis
En tanto, los legisladores puntanos, con la mayoría peronista y la negativa opositora, sancionaron la ley que permite el adelantamiento electoral y establece la caducidad de todos los mandatos electivos.
Con esto se completa el capítulo que abrió la semana pasada la gobernadora Alicia Lemme cuando, como «gesto político», renunció a su cargo, en línea con la caducidad total.
Con ambos movimientos, todo el PJ quedó en espera de que el presidente Eduardo Duhalde firme el decreto de llamado a elecciones para el 30 de marzo y, luego de eso, recién formalizarán el cronograma local.
El ministro de Gobierno, Joaquín Surroca, aplaudió la decisión de los legisladores de avanzar en el rumbo propuesto. La ley «invita» a los titulares de cargos públicos electivos provinciales y municipales actualmente en ejercicio surgidos directa o indirectamente a presentar la renuncia de modo irrevocable al cargo a partir del momento de la asunción de los representantes que surjan de la próxima elección.
Alcanza desde el gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales y municipales hasta intendentes, comisionados municipales, miembros de tribunales de cuentas y jueces de Faltas. La iniciativa promovida por el gobierno comprendía a magistrados y miembros del Ministerio Público, pero los legisladores del oficialismo excluyeron a los funcionarios judiciales para evitar que se «caiga» la norma porque estaba la posibilidad cierta de que éstos «pidieran la declaración de inconstitucionalidad de la ley».




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