Moreno, al salir de Tribunales: "Voten bien en octubre"

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se presentó en los tribunales de Comodoro Py, donde fue indagado por el juez Claudio Bonadío, en el marco de una causa en la que se lo denuncia de aplicar multas a consultores que publicaron índices distintos a los del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En medio de un tumulto de periodistas, el funcionario se presentó ante el juez como imputado por "abuso de autoridad" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", en una causa penal que se inició con la denuncia del economista Jorge Todesca, presidente de la consultora Finsoport.

El Secretario presentó al juez copias de las querellas que formuló contra las consultoras privadas a las que acusó de publicar informes falsos sobre la evolución de los índices de precios.

Moreno -quien el martes fue defendido por la presidenta- acusó a estos empresarios y consultoras de "trabajar en una mancomunión"

"Le expliqué al juez cómo (el CEO del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto y algunos dueños de medios y banqueros trabajaban para elevar la tasa de interés y forzar la devaluación", señaló Moreno a los periodistas tras completar el trámite en los tribunales de Comodoro Py 2002, en la Ciudad de Buenos Aires.

Moreno comparó la situación a lo que ocurrió en Londres tiempo atrás, cuando determinados bancos fueron acusados de manipular la tasa Libor con objetivos espurios.

El funcionario recordó que en esa investigación "terminaron con condenas" y que su instrumentación es "muy similar" a lo que pasó en Argentina con los índices difundidos por las consultoras privadas que adolecen de rigor científico.

En su presentación ante el juez, Moreno rechazó haber incurrido en delito alguno y dijo que se limitó a aplicar las leyes vigentes sobre Lealtad Comercial, cuando impuso multas de 500.000 pesos a varias consultoras, entre ellas la que originó el sumario que instruye Bonadío.

Semanas atrás las multas fueron revocadas por distintas salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Federal.

Moreno recalcó ante los periodistas acreditados en Tribunales, la "importancia" de la denuncia contenida en las copias de las querellas que entregó al magistrado. Los datos y conclusiones que figuran en esas denuncias "son oro en polvo", enfatizó Moreno.

El secretario volvió a subrayar que esos "informes falsos" tenían por objetivo beneficiar con "ganancias extraordinarias" a consultoras y a "agentes del sistema financiero, clientes de los denunciados".

"La importancia de los hechos que denuncio estriba en que los delitos de carácter económico en general, además de afectar el patrimonio individual de un número de personas indeterminado, también lesionan el orden económico-social", subrayó Moreno.

El funcionario reseñó las características de las consultoras que "venden" o "tergiversan" datos estadísticos "tendientes a mejorar la tasa de ganancia de manera espuria de sus clientes".

En sus denuncias dijo además haber brindado datos pormenorizados sobre cómo bancos y compañías financieras, a través del "modus operandi" de "empleados y funcionarios infieles del sector público nacional" (área de Índice de Precios del INDEC), influían sobre el valor de títulos públicos en poder de los primeros.

En las denuncias presentadas ante la Justicia, la Secretaría de Comercio Interior sostiene que "los datos falsos" respecto a la evolución de los precios fueron generados por las consultoras con el "fin de beneficiarse" ellas mismas, "y beneficiar a algunos agentes del mercado financiero, que resultan clientes", con ganancias extraordinarias en perjuicio de los consumidores y del Estado nacional, entre otras cuestiones.

El funcionario dijo que estuvo "dos horas" hablando ante el juez y que entregó "material" al magistrado. Antes de retirarse lanzó: "Voten bien en octubre".

El magistrado también citó a indagatoria a tres funcionarios de la Dirección de Lealtad Comercial: Guillermo David, Fernando Carro y Adalberto Rotella.

Los delitos que el juez imputa a Moreno y sus tres colaboradores figuran tipificados en el artículo 248 del Código Penal de la Nación y están castigados con "prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo" para desempeñarse en funciones públicas.

Esa norma dice que "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".