Mueven el PJ para jugar en la defensa

El Consejo Nacional del PJ se pronunciará otra vez esta semana sobre la crisis política y económica de la Argentina. Se sumará así a los pronunciamientos del gobernador de La Pampa y vicepresidente 1° del Consejo, Rubén Marín; y del secretario y apoderado César Arias; además de los documentos hechos conocer este fin de semana por senadores y diputados nacionales. En todos los casos se recogió un duro cuestionamiento a la gestión de Fernando de la Rúa y una reivindicación de la de Carlos Menem, amén de ácidos juicios por la detención que sufre el ex presidente. Documentos, estos últimos, que fueron celosamente monitoreados en Don Torcuato por el propio Menem.

«En apenas dieciocho meses de gestión el actual gobierno ha colocado al país al borde de una crisis de gobernabilidad económica y social de características semejantes a las que padecimos en julio de 1989», reza el primer párrafo del documento firmado por Marín y Arias. Que subraya la colaboración prestada por los bloques parlamentarios, en oposición al « errático comportamiento de la Alianza oficialista». No obstante, y como solución, propone « reconstruir el poder político», como estrategia de unidad nacional, « una iniciativa que va más allá de las palabras», en obvia respuesta a la convocatoria hecha por De la Rúa.

Polo político

Más severo en el enjuiciamiento resulta lo firmado por diputados y senadores nacionales del PJ que, junto a los 14 gobernadores peronistas y el Consejo, se han erigido en el polo político del PJ mientras dure la detención de Menem.

Con la firma de los senadores Eduardo Menem, Augusto Alasino, Ricardo Branda, Omar Vaquir, Eduardo Bauzá, Alberto Tell, Manuel Rodríguez, Jorge Mikkelsen Loth, Julio San Millán, Angel Pardo, Emilio Cantarero, Carlos Verna y Remo Costanzo -algunos de ellos concluyen sus mandatos el próximo 10 de diciembre y no vuelven al Senado-, en un largo documento reivindican la gestión presidencial de Menem.

Dicen allí que «la Argentina volvió a apostar a su descrédito cuando el gobierno comenzó a usar como elemento de justificación de su ineptitud el ataque sistemático a todo lo que se había hecho en el país en la década de los '90". Un argumento que Menem usaba a menudo, cuando aún conservaba su libertad.

En él se embiste sobre Carlos Chacho Alvarez y la «irresponsabilidad» de renunciar a la vicepresidencia « desnudando la fragilidad de una alianza meramente electoral»

Confianza

No están ausentes de la crítica, en el documento, el juez Jorge Urso y el fiscal Carlos Stornelli, que según los firmantes « están decididos a usar todo el poder de que disponen para impedir que Carlos Menem hable de política o se exprese contra la crisis terminal que sufre la República».

Concluyen de manera peculiar que «la confianza en la Argentina ha colapsado», también merced a la orden de detención del ex presidente.

Otro pronunciamiento -también monitoreado desde Don Torcuato-, en este caso firmado por los diputados nacionales José Figueroa, Martha Alarcia, Claudio Sebastiani, Javier Mouriño, Olijela del Valle Rivas, Teodoro Funes, Norma Miralles de Romero, Daniel Scioli, Guillermo de Sanctis, Adrián Menem, Miguel Angel Toma, María del Carmen Alarcón, María Merlo de Ruiz, Adriana Bevacqua, Teresa Ferrari de Grand, Héctor Cavallero, Alejandra Oviedo, Ana María Mosso, Ricardo Quintela, Zulema Daher, Jorge Escobar y Carlos Snopek, entre otros, afirma que « el objetivo de quitar a Carlos Menem del escenario de la política se ha transformado a la vez en un objetivo espurio y en una mezquina ilusión».

Asegura este lote de legisladores, en la defensa del ex presidente, que «con su prisión injusta, se ha transformado en un símbolo de la impotencia de todos los argentinos por encontrar las soluciones a sus problemas más angustiantes». Concluye señalando que « la suma de esa impotencia, la soberbia y la incapacidad de quienes hoy nos gobiernan pretende hacer pagar a los desposeídos y a los pobres por los errores de quienes se sienten a salvo de cualquier ajuste simplemente porque se saben con el poder suficiente para presionar al gobierno hasta arrancarles las decisiones que más les convienen».