Antes de que el nuevo año llegara a cumplir sus primeros días, las administraciones provinciales y el gobierno central se trenzaron en una nueva pelea. El conflicto, en realidad, es de vieja estirpe. Desde un rincón del cuadrilátero, San Luis y Santa Fe fueron las encargadas de denunciar que la gestión de Fernando de la Rúa discrimina a los municipios justicialistas en la asignación de partidas de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Del otro lado de la línea de fuego, funcionarios nacionales juraron que están haciendo las cosas bien y redoblaron la apuesta al acusar a los mandatarios de dilapidar los fondos que se les envía. En rigor, la historia tiene distintos matices según el caso. El secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Walter Ceballos, desmintió ayer las acusaciones formuladas por el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, sobre una irregular distribución de los ATN. Según la denuncia, los fondos habrían beneficiado sólo a intendencias aliancistas.
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El funcionario nacional retrucó acusando al gobernador de retener indebidamente dineros federales de varios municipios desde junio del año pasado y dijo que hizo las gestiones para que desde el Ministerio de Economía, a través del programa Transferencia a Municipios, se concretara el aporte de dinero a comunas de la Alianza de la provincia, solicitado por los intendentes al presidente De la Rúa. El funcionario subrayó, además, que los municipios puntanos son los que menor participación reciben ya que es la única provincia que aún retiene los ATN y aseguró que las comunas viven «un estado de extorsión permanente por parte del gobierno» provincial.
Según Ceballos, los fondos otorgados días pasados a las intendencias aliancistas de San Luis «no son ATN», y denunció que Rodríguez Saá recibió 156 mil pesos en 1999 del entonces ministro Carlos Corach para capacitación de empleados públicos «y los usó para viajar a los Estados Unidos».
La furia del hombre del Ministerio del Interior se suma a la saga que ya enfrentó a la Nación con los gobernadores de Córdoba y La Rioja.
Mientras tanto, en Santa Fe, lo que se vive por estos días, más que una pelea es un desacuerdo con condimentos de una comedia de enredos. El vicegobernador, Marcelo Muniagurria, cumplió con su amenaza de retener fondos de los ATN si la Nación no cumplía con una vieja deuda de 4 millones que permitirían a la administración reutemista remontar la desventaja con la que Nación apaña a las comunas de su propio signo político. Luego de reunirse ayer por la mañana con los integrantes del Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de la Alianza, el funcionario reveló toda la trama. A partir del reclamo santafesino, el Ministerio del Interior comunicó que los últimos ATN que mandaba a Santa Fe eran en concepto de la deuda que mantenía Nación con provincia.
El problema ahora es que la distribución de esos ATN estaba ya dictada por el gobierno central con una esperable tendencia a favor de los intendentes aliancistas. Lo que Santa Fe exige es que, si realmente los ATN responden a la deuda, entonces es la gobernación local la que debe distribuirlos.
El suspenso se mantendrá hasta el lunes o martes de la semana próxima, cuando la Nación dé su respuesta.
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